Martha Espinoza López

Expediente 112/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
112/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Martha Espinoza López
  • Martha Espinoza López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó y negó el amparo solicitado, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de igual forma, el asunto no contiene información clasificada como reservada según el ordinal 110 del ordenamiento legal invocado; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 112/2018-V, promovido por *******, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciocho en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado el dieciséis de los mencionados. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; así como de los ministros ejecutores y actuarios adscritos a dichos tribunales, a quien les reclamó lo siguiente: De las ordenadoras. La orden de embargo supuesta girada en contra de mi patrimonio. De las ejecutoras, en este caso los ministros ejecutores y actuarios adscritos a todas y cada una de las autoridades ordenadoras, respecto al cumplimiento que pretenden dar a dicha orden. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho la demanda de amparo se registró con el número 112/2018-V, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó al tercero interesado y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El proveído dictado el once de julio de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en el cual se admitió a trámite la demanda formulada por *******, en contra de *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces, Provisional Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno Interina y Décimo, todos de los Juzgados por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la iniciación de un juicio en contra de la quejosa en el que se haya ordenado embargar bienes de su propiedad. En esta tesitura, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de las autoridades antes señaladas, en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Juez Tercero Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad, en razón de que al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente el acto que les reclama la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ******* del índice del citado órgano jurisdiccional, del cual se obtiene que el once de julio de dos mil diecisiete (fojas 51), se tuvo a *******, a través de sus endosatarios en procuración, ejercitando la acción cambiaria a través del juicio ejecutivo mercantil, en contra de *******, de quien reclaman el pago de la suma de $*******, por concepto de suerte principal, más el pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual devengados hasta ese momento y el pago de gastos y costas que genere el juicio. Por lo que se ordenó turnar los autos a la Central de Actuarios para que requirieran en el acto de la diligencia de emplazamiento a la demandada el pago de la cantidad reclamada, y en caso de no efectuarlo, deberá realizarse embargo respecto de los bienes de su propiedad que basten a cubrir lo reclamado. Igualmente, obran constancias de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y ocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 52 y 53), de las que se desprende que en la primera fecha el oficial notificador y ministro ejecutor no fue atendido por persona alguna en el domicilio ubicado en *******; mientras que en la segunda data, una vez constituido en dicho inmueble dicho funcionario, advirtió que se encuentra desocupado y deshabitado, informándole un vecino que tiene meses deshabitado. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues de la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen Constitucional del acto reclamado. La parte quejosa, en sus conceptos de violación, alega lo siguiente: VII.- Conceptos de violación. (.) En el caso concreto se me pretende privar de mi patrimonio, sobre todo de mi casa y menaje de muebles con violación de lo prescrito en el dispositivo constitucional que he reproducido. (.) En la especie se me pretende molestar en mi persona y mi patrimonio, sin mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y se pretende embargarme sin reunir los requisitos previstos por la disposición constitucional transcrita. En primer lugar, es dable señalar que, dada la génesis del juicio de origen, no procede la suplencia de la queja, puesto que la quejosa ******* tiene el carácter de parte demandada en el juicio mercantil de origen y no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, son infundados lo conceptos de violación vertidos por la solicitante de amparo, por las razones que a continuación se explican. La parte quejosa se duele medularmente, del auto de exequendum que se emitió dentro del juicio ejecutivo mercantil *******, del índice del Juzgado Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, el cual contiene el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que ordenó dicho juzgador, con fundamento en los artículos 150, 151, 152, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 1391 al 1396, 1399, 1401, 1404 al 1414 del Código de Comercio. Sin embargo, el suscrito considera que el acuerdo reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, los artículos 150, 151, 152, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen lo siguiente: 150.- La acción cambiaria se ejercita: I.- En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial; II.- En caso de falta de pago o de pago parcial; III.- Cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de concurso. En los casos de las fracciones I y III, la acción puede deducirse aun antes del vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial, por la parte no aceptada. 151.- La acción cambiaria es directa o de regreso; directa, cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas; de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. 152.- Mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago: I.- Del importe de la letra; II.- De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento; III.- De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; IV.- Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación. Si la letra no estuviere vencida, de su importe se deducirá el descuento, calculado al tipo de interés legal. 170.- El pagaré debe contener: I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; IV.- La época y el lugar del pago; V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador. Además, en lo que aquí interesa los artículos 1194, 1391 al 1396 y 1399, del Código de Comercio, establecen: 1,194. El que afirma está obligado á probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: I. La sentencia ejecutoriada ó pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1,346, observándose lo dispuesto en el 1,348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; IV. Los títulos de crédito; VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan, y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. 1,395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. 1,399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones. De dichos preceptos se advierte, por un lado, los supuestos que contempla la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el tópico de la acción cambiaria y, por otra parte, el procedimiento a seguir en los juicios ejecutivos mercantiles cuando la demanda se funda en un documento que trae aparejada ejecución, como en el caso sucede con el pagaré que se acompañó al escrito inicial de demanda en el juicio natural. Por su parte, como quedó precisado anteriormente, la autoridad responsable Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil promovida en contra de la aquí quejosa *******, porque la acción intentada por la parte actora *******, a través de los endosatarios en procuración *********************, en el juicio ejecutivo mercantil *******, derivó del reclamo de las siguientes prestaciones: a) Por el pago de la cantidad de $******* por concepto de suerte principal. b) El pago de los intereses moratorios a razón del 3% mensual a partir de la fecha del vencimiento y hasta su total liquidación. c) El pago de gastos y costas que se originen derivado de la tramitación del juicio. En ese tenor, la responsable en su acuerdo de admisión, expresó las causas de hecho y jurídicas que la llevaron a emitir dicho proveído en el sentido que lo hizo, pues fundamentó su actuación en los artículos 150 al 152, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, y 1194, 1391 al 1396, 1399, 1401, 1404 al 1414 del Código de Comercio. También ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, así como para que dentro del término de ocho días, diera contestación a la demanda, a quien se le debía correr traslado con la misma, con la cédula de notificación y copia de la diligencia que en su caso se realizara; entre otras cuestiones. En ese contexto, tenemos que el acto reclamado tiene su origen en una controversia ejecutiva mercantil; se emitió de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en el Código de Comercio ya transcritos, en los que se faculta al juez a emitir auto de mandamiento en forma y a su vez al ministro ejecutor para que se constituya en el domicilio del demandado, para requerirlo de pago y, al no hacerlo, se le embarguen bienes y lo emplace a juicio, tal como se ordenó en el auto aquí reclamado independientemente de que no se llevara a cabo. Bajo ese panorama, lo cierto es que contrario a lo que estima la impetrante de amparo, no se le vulneran los derechos contenidos en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el juzgador responsable está plenamente facultado por la ley para iniciar los procedimientos correspondientes -como lo hizo- y emitir el auto de exequendum reclamado en esta sede de derechos fundamentales. Además, si bien en el expediente del índice del Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se ordenó el embargo de bienes; lo cierto, es que tales determinaciones deben considerarse como medidas provisionales que tienen como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor a favor de sus acreedores; esto es, la afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor de los acreedores, quienes no tienen ningún poder sobre la cosa embargada, pues su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional, de ahí lo infundado de los conceptos de violación sintetizados en esta sentencia. Pero además, porque de inicio debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Y dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia, como en el caso acontece. En ese sentido, la medida de embargo reclamada, constituye una providencia cautelar emitida a la mayor brevedad posible, con el objeto de evitar la frustración de su finalidad, con actos del afectado o de terceros, que pudieran hacerlas inocuas, lo que justifica plenamente que las determinaciones no se tomen con audiencia previa de la contraparte, sino con audiencia posterior. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 66/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 67, que dice: EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo". Luego, al no haberse vulnerado los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que procede es NEGAR el amparo solicitado. Negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que no se reclaman vicios propios de su ejecución, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la orden que debe ejecutar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 91, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a los Jueces, Provisional Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno Interina y Décimo, todos de los Juzgados por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, por los motivos asentados en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara a *******, contra los actos que reclama al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable, Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de ocho del actual, e informa la situación jurídica del juicio ejecutivo mercantil *******, del cual deriva el acto reclamado por la quejosa; lo cual será tomado en cuenta al momento de resolver el presente juicio de amparo, con base en lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada *******, razón por la cual no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que de no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Ahora bien, toda vez que del informe justificado rendido por el Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se desprende que el once de julio de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a *******, en el juicio ejecutivo mercantil *******, y que en fecha veintinueve de noviembre del citado año y ocho de enero de dos mil dieciocho, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, se constituyeron en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, sin que se pudiera llevar a cabo la diligencia encomendada, por las razones ahí asentadas (fojas 52 y 53). En consecuencia, se requiere al Juez Tercero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación comunique a este juzgado la situación jurídica del juicio ejecutivo mercantil *******; apercibido que de no hacer manifestación alguna se le impondrá una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 100/00 moneada nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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