Martha Elia Rocha Gómez
Expediente 132/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martha Elia Rocha Gómez
- Martha Elia Rocha Gómez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoseptimo Circuito, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada en su favor y se declaró competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *******. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente cuaderno auxiliar es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran seis meses transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, tal como lo disponen el numeral 97 de la legislación en comento. Además, el cuaderno de antecedentes es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que el juicio de amparo está debidamente integrado, toda vez que este juzgador se encuentra impedido para resolver en definitiva ya que el acto reclamado consiste en la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la que se resolvió, la declaratoria de beneficiarios del de cujus *******, en el expediente ******, de su índice, la cual tiene la naturaleza de laudo, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo. Precisado lo anterior, este Órgano de Control Constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 170 de la Ley de Amparo, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el numeral 170 de la invocada ley, establece: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Por su parte, el 107, fracción V, inciso d), constitucional, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d). En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. (.). Asimismo, el artículo 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establece: 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: (.) III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. (.) De lo anterior, la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de la resolución dictada en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, el cual tiene el carácter de laudo, dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante la cual resolvió en definitiva el expediente *******. Se afirma lo anterior, porque en el procedimiento especial de declaración beneficiarios, la Junta esta obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversias entre estos, y por tanto tiene la naturaleza de juicio. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), emitida por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013592, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo. Ello sin perjuicio de la determinación adoptada por la superioridad, en auto treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, toda vez que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió vigencia con fecha posterior a tal acuerdo, de manera que, la Magistrada Presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito no estuvo en posibilidad de tomarlo en consideración. En esa tesitura, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, constitucionales; así como 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal por razón de la vía para conocer del juicio de amparo de que se trata; toda vez que el acto reclamado, por los efectos que produce resolvió en definitiva el juicio, con lo cual se actualiza, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, resultando ser legalmente competente para conocer del presente asunto un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo que, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a quien respetuosamente se estima competente para su conocimiento y resolución, solicitándole de la manera más atenta, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo y comunicar si acepta o no la competencia declinada. Con copia autógrafa de este acuerdo y de las constancias necesarias que obran en el juicio de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que el juicio de amparo está debidamente integrado, toda vez que este juzgador se encuentra impedido para resolver en definitiva ya que el acto reclamado consiste en la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la que se resolvió, la declaratoria de beneficiarios del de cujus *******, en el expediente ******, de su índice, la cual tiene la naturaleza de laudo, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo. Precisado lo anterior, este Órgano de Control Constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 170 de la Ley de Amparo, y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el numeral 170 de la invocada ley, establece: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Por su parte, el 107, fracción V, inciso d), constitucional, establece: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) d). En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. (.). Asimismo, el artículo 837, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establece: 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: (.) III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. (.) De lo anterior, la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de la resolución dictada en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, el cual tiene el carácter de laudo, dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante la cual resolvió en definitiva el expediente *******. Se afirma lo anterior, porque en el procedimiento especial de declaración beneficiarios, la Junta esta obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversias entre estos, y por tanto tiene la naturaleza de juicio. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), emitida por contradicción de tesis, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013592, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo. Ello sin perjuicio de la determinación adoptada por la superioridad, en auto treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, toda vez que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirió vigencia con fecha posterior a tal acuerdo, de manera que, la Magistrada Presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito no estuvo en posibilidad de tomarlo en consideración. En esa tesitura, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, constitucionales; así como 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal por razón de la vía para conocer del juicio de amparo de que se trata; toda vez que el acto reclamado, por los efectos que produce resolvió en definitiva el juicio, con lo cual se actualiza, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, resultando ser legalmente competente para conocer del presente asunto un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo que, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a quien respetuosamente se estima competente para su conocimiento y resolución, solicitándole de la manera más atenta, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo y comunicar si acepta o no la competencia declinada. Con copia autógrafa de este acuerdo y de las constancias necesarias que obran en el juicio de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, remite la demanda de amparo promovida por *******, apoderado de *******, contra los actos atribuidos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, toda vez que mediante auto de treinta y uno de enero de enero de dos mil diecisiete, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y consideró que la competencia se surtía a favor de un Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 45, en relación con el 170 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero y 38 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *******, apoderado de *******, por lo que, hágase saber al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad esta determinación, se tienen por recibidos el oficio y anexos de cuenta, acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo *******. Sin que se ordene abrir el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que sea necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, pues ya obra en autos el informe y el juicio laboral del que deriva este amparo. Dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 5 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de terceros interesados a *******, por lo que, por conducto del actuario de la adscripción emplácese en términos de ley, y por medio de oficio al diverso tercero a *******, de conformidad con los artículos 27 fracción I y 28 de la citada ley. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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