Martha Elena De la Fuente Santini

Expediente 710/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
710/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Martha Elena De la Fuente Santini

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 710/2018-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, por razón de turno, ***********demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a).- Delegado Estatal de Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (.) b).- Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales (.) Posteriormente, en cumplimiento de una prevención, en seis de febrero del presente año (foja 66 a 68), se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo y señalado como autoridad responsable al: - Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A quien reclamó: [.] LEY Y/O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La indebida cuantificación de la pensión jubilatoria a la cual tiene derecho la quejosa, por no aplicarse los aumentos a los que tiene derecho. [.] SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 123, inciso b), fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previo cumplimiento a una prevención, por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 710/2018-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de aplicar la medida de salario mínimo como factor de actualización en el cálculo de la pensión que percibe Martha Elena de la Fuente Santini. Para la fijación del acto reclamado, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Delegado Estatal de Chihuahua y del Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales (foja 30), así como el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo (foja 85), todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre; al rendir sus informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuyó la accionante del amparo, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. En relación con las citadas negativas, debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 4, fracción I, inciso c), 52 y 57, fracciones I, II y III, todos del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del tenor siguiente: ARTÍCULO 4.- Para la planeación, ejecución y evaluación de los asuntos y actos que le competen, el Instituto contará con los Órganos de Gobierno a que se refiere el artículo 209 de la Ley, así como con las siguientes Unidades Administrativas: I. Unidades Administrativas Centrales: (.) c) Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; (.) ARTÍCULO 52.- Los Titulares de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto se auxiliarán por los Subdirectores de Área, Jefes de Servicios, Jefes de Departamento y Jefes de Oficina, así como por los Subdelegados, Jefes de Unidad y demás personal que autorice el presupuesto. Podrán delegar sus atribuciones en los Subdirectores del área a su cargo o, en el caso de las Delegaciones Estatales y Regionales, en los Subdelegados. ARTÍCULO 57.- La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, tendrá las funciones siguientes: I. Planear, organizar, normar, coordinar, controlar y evaluar las actividades que correspondan al Instituto en materia de: a) La concesión de pensiones derivadas de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida, y de las reguladas en los artículos Décimo y Décimo Octavo Transitorio de la Ley; y, b) La concesión de las pensiones derivadas de las Cuentas Individuales establecidas en la Ley, en lo que no se encuentre reservado por la normatividad aplicable a PENSIONISSSTE. II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la fracción anterior, y resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que se presenten en relación con las mismas; III. Mantener actualizados los datos del sistema de nóminas de las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del ISSSTE cuyo pago corresponda al Gobierno Federal, y aplicar los incrementos periódicos de las mismas, así como el pago de gastos de funeral de los pensionistas, autorizando, en su caso, el pago del cien por ciento del último sueldo básico, en los casos y términos previstos por la Ley; (.) De los artículos transcritos, se advierte que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la unidad administrativa central, que puede auxiliarse en el ejercicio de sus funciones por los subdirectores del área correspondiente, delegándoles sus atribuciones; asimismo, se desprende que dicha dirección tiene, entre otras funciones, la relacionada con las pensiones otorgadas a los derechohabientes del mencionado instituto. En ese tenor, conforme a los preceptos citados y, en particular, del artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la autoridad directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa, aun cuando delegue sus atribuciones a los Delegados, Subdirector de Pensiones, o a diversos funcionarios de las delegaciones regionales, quienes sólo lo auxilian con dicho deber, sin que por ello sean responsables directos de tal función. Por otra parte, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado niega el acto reclamado, manifestando: (.) NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO como titular de dicho Departamento en virtud de que en nuestros archivos no existe ninguna petición suscrita por la pensionada **********que solicite la revisión de su pensión. Es necesario señalar que para acceder a dicha revisión deberá presenta solicitud acompañada de Constancia Original de Evolución Salarial expedida por la Dependencia de la cual se jubiló, credencial de elector, CURP y último talón de cheque de pago como pensionado, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de ISSSTE. (.) Empero, del contenido del oficio *********, mediante el cual la autoridad rinde su informe justificado (foja 85), se desprende que los motivos que expresa son ajenos al acto que la parte quejosa alude en su ampliación de demanda (foja 41), es decir, la responsable manifiesta que en sus archivos no existe una solicitud de revisión de pensión, cuando el acto que de ella se reclama es la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria. Sin embargo, ante dicha circunstancia no opera la presunción de certeza prevista en el artículo 149 de la Ley de Amparo, en virtud de que como ha quedado señalado, el acto que le atribuye la quejosa de conformidad con el artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es la unidad administrativa directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa, y en el caso específico, es el Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en relación con los actos reclamados del Delegado Estatal de Chihuahua y del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 284, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuya sinopsis reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado, manifestó que la cuantificación de la pensión jubilatoria es competencia del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ya que era ahí donde se analizan y resuelvan esas peticiones, tal y como se desprende del oficio ********que obra en el presente juicio (foja 30), circunstancia que motivó que el tres de enero de dos mil diecinueve, se diera vista a la quejosa, toda vez que se advertía la participación de una autoridad diversa a las señaladas en la demanda de amparo. No obstante de lo anterior, deben tenerse por presuntivamente ciertos los actos que le reclama la quejosa, y que quedaran precisados en el considerando tercero, por las razones expresadas supra líneas, lo anterior de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, en virtud de que como ha quedado señalado, el acto que se le atribuye de conformidad con el artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es la unidad administrativa directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el caso específico, es la referida autoridad Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa. En este contexto, del análisis de las pruebas que obran en autos, destacan las siguientes: Concesión de pensión de dos de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 7). Comprobantes de pago de pensión, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil dieciocho (fojas 8 a 18). Documentales que acreditan que la quejosa goza de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Conviene recordar que el acto reclamado lo constituye la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión de la quejosa, con apoyo en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en dos mil seis, pues es a través de la cual se jubiló la parte quejosa. En consecuencia, es cierto el acto que se le atribuye al Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Precisado lo anterior, quien aquí resuelve advierte que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria a la cual tiene derecho Martha Elena de la Fuente Santini, por no aplicarse los aumentos correspondientes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad. Artículo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) De la lectura a tal fracción y artículo se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos, siempre y cuando la ley que contemple esas vías suspenda los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por la quejosa, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia. Lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia J/37, visible en la página 902, Tomo XV, correspondiente el mes de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie, el acto reclamado es la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización para determinar el pago de la pensión de la que goza la peticionaria, pues en los recibos correspondientes se aplicó aquella unidad de medida, cuando a parecer de la parte quejosa debía hacerse con base en el salario mínimo. De lo anterior, se obtiene que para impugnar el monto de la pensión jubilatoria la promovente, en primer lugar, debió gestionar ante la autoridad administrativa -en este caso la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, que se le otorgaran los incrementos que aduce se le redujeron con la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, y contra dicha resolución administrativa, promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que es acorde a la tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. Es aplicable, el criterio sustentado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, consultable en la página 1101, Tomo I, correspondiente al mes de Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Décima Época (registro 2017685), que dispone: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. Aunado a que, con independencia de ello, si el acto reclamado se desprende de una resolución administrativa emitida por dicha autoridad, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo correspondiente. En efecto, en los artículos 2, 24, 28, y 50 in fine, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dispone: Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda. Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. (.) Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio. Por su parte, en el artículo 3, párrafo primero, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) De los dispositivos trascritos se advierte que contra las resoluciones definitivas que se dicten, actos administrativos y procedimientos en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio-, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En este orden de ideas, si el ajuste de la pensión de la parte quejosa atiende a una actuación y/o determinación administrativa, o bien, una resolución emitida en un procedimiento administrativo, previo a la promoción del juicio de amparo, debía haber intentado el también llamado "juicio de nulidad" previsto en los artículos 2 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, debió observar el principio de definitividad. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2005, consultable en la página 326, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Materia Administrativa, Novena Época (registro 177279), que dispone: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: 'INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.', para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Además, del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se desprende que con la promoción de dicho juicio se suspendían los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y no exige mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, tampoco plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, en términos de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 (10a.), editadas en las páginas 783 y 1194, Libro 17 y Libro 28, Tomo 1 y 2, correspondientes la primera al mes de Abril de 2015 y la segunda al mes de Marzo de 2016, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, de registros 2008807 y 2011289, respectivamente, que señalan: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En este sentido, antes de acudir a la instancia constitucional, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, pues es incuestionable que se encontraba obligada a agotar uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo indirecto: el principio de definitividad, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, debía, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, por lo que al no haberlo hecho, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que contempla el principio de definitividad. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 155/2002, visible en la página 576, Tomo XVII, correspondiente al mes de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época (registro 185065), que establece: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad. Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no es impugnada por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino por aspectos propiamente de legalidad, atento a que como la esencia de los actos reclamados descansa en un tema relacionado con los cálculos de montos de las pensiones que reciben, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo. Es aplicable, en lo conducente y por identidad de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), visible en la página 988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época (registro 2003874), que establece: PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido a este órgano jurisdiccional que la quejosa en su demanda de amparo refiere es aplicable la jurisprudencia de rubro: PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. Es de evidenciar en este apartado que la mencionada tesis se refiere al supuesto en que se deba determinar la competencia en razón de materia para conocer del juicio de amparo, en el que se reclama la indebida cuantificación de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en el caso, por lo que resultaría competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa en aquellos lugares en que existan jueces con competencia especializada por materia; y donde no exista la competencia especializada, los órganos jurisdiccionales con competencia mixta serán los competentes para conocer de dichos juicios. Sin embargo, resultaría competente el Juez especializado en Materia Administrativa, previo a que la parte quejosa hubiese agotado el principio de definitividad a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las anteriores condiciones, procede sobreseer la demanda de amparo, con base en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia, de acuerdo a lo antes expuesto. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos expresados en el considerando quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 710 2018 III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, por razón de turno, ***********demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a).-Delegado Estatal de Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado () b). Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales () Posteriormente, en cumplimiento de una prevención, en seis de febrero del presente año (foja 66 a 68), se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo y señalado como autoridad responsable al: Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A quien reclamó: LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La indebida cuantificación de la pensión jubilatoria a la cual tiene derecho la quejosa, por no aplicarse los aumentos a los que tiene derecho. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 123, inciso b), fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previo cumplimiento a una prevención, por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 710 2018-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de aplicar la medida de salario mínimo como factor de actualización en el cálculo de la pensión que percibe Martha Elena de la Fuente Santini. Para la fijación del acto reclamado, se atiende el contenido de la tesis P. VI 2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Delegado Estatal de Chihuahua y del Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales (foja 30), así como el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo (foja 85), todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre; al rendir sus informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuyó la accionante del amparo, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. En relación con las citadas negativas, debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 4, fracción I, inciso c), 52 y 57, fracciones I, II y III, todos del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del tenor siguiente: ARTÍCULO 4. Para la planeación, ejecución y evaluación de los asuntos y actos que le competen, el Instituto contará con los Órganos de Gobierno a que se refiere el artículo 209 de la Ley, así como con las siguientes Unidades Administrativas: I. Unidades Administrativas Centrales: () c) Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; () ARTÍCULO 52. Los Titulares de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto se auxiliarán por los Subdirectores de Área, Jefes de Servicios, Jefes de Departamento y Jefes de Oficina, así como por los Subdelegados, Jefes de Unidad y demás personal que autorice el presupuesto. Podrán delegar sus atribuciones en los Subdirectores del área a su cargo o, en el caso de las Delegaciones Estatales y Regionales, en los Subdelegados. ARTÍCULO 57.- La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, tendrá las funciones siguientes: I. Planear, organizar, normar, coordinar, controlar y evaluar las actividades que correspondan al Instituto en materia de: a) La concesión de pensiones derivadas de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida, y de las reguladas en los artículos Décimo y Décimo Octavo Transitorio de la Ley; y, b) La concesión de las pensiones derivadas de las Cuentas Individuales establecidas en la Ley, en lo que no se encuentre reservado por la normatividad aplicable a PENSIONISSSTE. II. Dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones previstas en la fracción anterior, y resolver las peticiones y recursos administrativos de su competencia que se presenten en relación con las mismas; III. Mantener actualizados los datos del sistema de nóminas de las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del ISSSTE cuyo pago corresponda al Gobierno Federal, y aplicar los incrementos periódicos de las mismas, así como el pago de gastos de funeral de los pensionistas, autorizando, en su caso, el pago del cien por ciento del último sueldo básico, en los casos y términos previstos por la Ley; (.) De los artículos transcritos, se advierte que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la unidad administrativa central, que puede auxiliarse en el ejercicio de sus funciones por los subdirectores del área correspondiente, delegándoles sus atribuciones; asimismo, se desprende que dicha dirección tiene, entre otras funciones, la relacionada con las pensiones otorgadas a los derechohabientes del mencionado instituto. En ese tenor, conforme a los preceptos citados y, en particular, del artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la autoridad directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa, aun cuando delegue sus atribuciones a los Delegados, Subdirector de Pensiones, o a diversos funcionarios de las delegaciones regionales, quienes sólo lo auxilian con dicho deber, sin que por ello sean responsables directos de tal función. Por otra parte, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado niega el acto reclamado, manifestando: () NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO como titular de dicho Departamento en virtud de que en nuestros archivos no existe ninguna petición suscrita por la pensionada **********que solicite la revisión de su pensión. Es necesario señalar que para acceder a dicha revisión deberá presenta solicitud acompañada de Constancia Original de Evolución Salarial expedida por la Dependencia de la cual se jubiló, credencial de elector, CURP y último talón de cheque de pago como pensionado, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de ISSSTE. () Empero, del contenido del oficio *********, mediante el cual la autoridad rinde su informe justificado (foja 85), se desprende que los motivos que expresa son ajenos al acto que la parte quejosa alude en su ampliación de demanda (foja 41), es decir, la responsable manifiesta que en sus archivos no existe una solicitud de revisión de pensión, cuando el acto que de ella se reclama es la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria. Sin embargo, ante dicha circunstancia no opera la presunción de certeza prevista en el artículo 149 de la Ley de Amparo, en virtud de que como ha quedado señalado, el acto que le atribuye la quejosa de conformidad con el artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es la unidad administrativa directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa, y en el caso específico, es el Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en relación con los actos reclamados del Delegado Estatal de Chihuahua y del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chihuahua, capital del mismo nombre. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 284, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 2000, cuya sinopsis reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe de la Unidad Jurídica, en representación del Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado, manifestó que la cuantificación de la pensión jubilatoria es competencia del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ya que era ahí donde se analizan y resuelvan esas peticiones, tal y como se desprende del oficio ********que obra en el presente juicio (foja 30), circunstancia que motivó que el tres de enero de dos mil diecinueve, se diera vista a la quejosa, toda vez que se advertía la participación de una autoridad diversa a las señaladas en la demanda de amparo. No obstante de lo anterior, deben tenerse por presuntivamente ciertos los actos que le reclama la quejosa, y que quedaran precisados en el considerando tercero, por las razones expresadas supra líneas, lo anterior de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, en virtud de que como ha quedado señalado, el acto que se le atribuye de conformidad con el artículo 57, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es la unidad administrativa directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el caso específico, es la referida autoridad Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la directamente obligada a realizar el cálculo y pago de la pensión a la quejosa. En este contexto, del análisis de las pruebas que obran en autos, destacan las siguientes: Concesión de pensión de dos de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 7). Comprobantes de pago de pensión, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos de dos mil dieciocho (fojas 8 a 18). Documentales que acreditan que la quejosa goza de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Conviene recordar que el acto reclamado lo constituye la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión de la quejosa, con apoyo en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en dos mil seis, pues es a través de la cual se jubiló la parte quejosa. En consecuencia, es cierto el acto que se le atribuye al Subdelegado Estatal de Chihuahua de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Precisado lo anterior, quien aquí resuelve advierte que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria a la cual tiene derecho Martha Elena de la Fuente Santini, por no aplicarse los aumentos correspondientes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad. Artículo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: () XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; () De la lectura a tal fracción y artículo se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos, siempre y cuando la ley que contemple esas vías suspenda los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por la quejosa, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia. Lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia J/37, visible en la página 902, Tomo XV, correspondiente el mes de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie, el acto reclamado es la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización para determinar el pago de la pensión de la que goza la peticionaria, pues en los recibos correspondientes se aplicó aquella unidad de medida, cuando a parecer de la parte quejosa debía hacerse con base en el salario mínimo. De lo anterior, se obtiene que para impugnar el monto de la pensión jubilatoria la promovente, en primer lugar, debió gestionar ante la autoridad administrativa en este caso la Delegación Estatal en Chihuahua del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, que se le otorgaran los incrementos que aduce se le redujeron con la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, y contra dicha resolución administrativa, promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que es acorde a la tesis aislada 2a. X 2003 y de jurisprudencia 2a J. 80 2017 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. Es aplicable, el criterio sustentado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, consultable en la página 1101, Tomo I, correspondiente al mes de Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa, Décima Época (registro 2017685), que dispone: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2 J. 80 2017 (10), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado. Aunado a que, con independencia de ello, si el acto reclamado se desprende de una resolución administrativa emitida por dicha autoridad, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo correspondiente. En efecto, en los artículos 2, 24, 28, y 50 in fine, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dispone: Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda. Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. () Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio. Por su parte, en el artículo 3, párrafo primero, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.) De los dispositivos trascritos se advierte que contra las resoluciones definitivas que se dicten, actos administrativos y procedimientos en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio-, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto administrativo combatido. En este orden de ideas, si el ajuste de la pensión de la parte quejosa atiende a una actuación y/o determinación administrativa, o bien, una resolución emitida en un procedimiento administrativo, previo a la promoción del juicio de amparo, debía haber intentado el también llamado "juicio de nulidad" previsto en los artículos 2 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, debió observar el principio de definitividad. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 111/2005, consultable en la página 326, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Materia Administrativa, Novena Época (registro 177279), que dispone: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: 'INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.', para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Además, del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se desprende que con la promoción de dicho juicio se suspendían los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y no exige mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, tampoco plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, en términos de los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 (10a.), editadas en las páginas 783 y 1194, Libro 17 y Libro 28, Tomo 1 y 2, correspondientes la primera al mes de Abril de 2015 y la segunda al mes de Marzo de 2016, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, de registros 2008807 y 2011289, respectivamente, que señalan: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En este sentido, antes de acudir a la instancia constitucional, se insiste, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo, pues es incuestionable que se encontraba obligada a agotar uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo indirecto: el principio de definitividad, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, debía, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, por lo que al no haberlo hecho, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que contempla el principio de definitividad. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 155/2002, visible en la página 576, Tomo XVII, correspondiente al mes de Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época (registro 185065), que establece: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad. Cabe precisar que no se está ante alguna de las excepciones que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no es impugnada por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino por aspectos propiamente de legalidad, atento a que como la esencia de los actos reclamados descansa en un tema relacionado con los cálculos de montos de las pensiones que reciben, sobre la base de si se aplica la Unidad de Medida y Actualización, o se aplica el salario mínimo. Es aplicable, en lo conducente y por identidad de razón, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), visible en la página 988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época (registro 2003874), que establece: PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido a este órgano jurisdiccional que la quejosa en su demanda de amparo refiere es aplicable la jurisprudencia de rubro: PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. Es de evidenciar en este apartado que la mencionada tesis se refiere al supuesto en que se deba determinar la competencia en razón de materia para conocer del juicio de amparo, en el que se reclama la indebida cuantificación de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en el caso, por lo que resultaría competente un Juez de Distrito en Materia Administrativa en aquellos lugares en que existan jueces con competencia especializada por materia; y donde no exista la competencia especializada, los órganos jurisdiccionales con competencia mixta serán los competentes para conocer de dichos juicios. Sin embargo, resultaría competente el Juez especializado en Materia Administrativa, previo a que la parte quejosa hubiese agotado el principio de definitividad a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las anteriores condiciones, procede sobreseer la demanda de amparo, con base en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia, de acuerdo a lo antes expuesto. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos expresados en el considerando quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de nueve de abril del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la ampliación de demanda intentada; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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