Marlyn Saraí González Jarquín

Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Marlyn Saraí González Jarquín
  • Marlyn Saraí González Jarquín y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual transcribe el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1535/2022 de su índice, del que se advierte que dicho juzgado aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional respecto de la demanda promovida por Amet López Jiménez, quien promueve en representación de Marlyn Saraí González Jarquín y de sus menores hijos de iniciales R.J.D.G y C.J.D.G; Madeline Isamar Talavera Vazquez y su menor hijo de iniciales K.A.H.T y de Fany Carolina Caballero Vargas y de sus menores hijos de iniciales J.A.R.C. y A.G.C.V. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, toda vez que en acuerdos de tres y siete del actual, se tuvo a la Sub Representante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos con sede en Tuxtla Gutiérrez, rindiendo informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, reservándose remitir dichas misivas hasta en tanto se tuviera conocimiento de la aceptación de la competencia que fue planteada por este juzgado, por tanto, mediante oficio que al efecto se gire al homologo oficiante, remítanse las referidas constancias a que se hace mención, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en su atención, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto 570/2022, número de orden 1392/2022, del índice de este Juzgado. Sin que sea necesario acusar de recibo, en razón de que el mismo se genera electrónicamente; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Así también, intégrense las diversas misivas suscritas, la primera por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre pasado, designa a Alicia Méndez Morales, asesora jurídica federal adscrita a esa delegación, como representante especial de los niños y adolescentes de identidades reservadas de iniciales R.J.D.G., C.J.D.G.; K.A.H.T., J.A.R.C. y A.G.C.V.; y la segunda, firmada por la mencionada asesora jurídica federal por el que acepta el cargo conferido Ahora bien, toda vez que por acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, éste órgano jurisdiccional se declaró incompetente, por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, remitiendo los autos al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno; sin embargo, si bien de la certificación secretarial que antecede, se desprende que los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, fue recibido el siete de noviembre de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, lo cierto es que no se advierte que los mismos hayan sido turnados algún órgano jurisdiccional. En consecuencia, mediante oficio que dimane del presente acuerdo y que se envíe vía interconexión, requiérase al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que quede notificado del presente proveído informe a este órgano jurisdiccional a qué Juzgado de Distrito correspondió conocer del citado asunto, lo anterior a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, firmado por el Sub Representante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual rinde informe respecto a la suspensión de plano. Ahora, toda vez que este órgano jurisdiccional en proveído de treinta y uno de octubre pasado, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, se reserva acordar respecto del de dicho informe, hasta en tanto el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, en turno, informe respecto a la competencia planteada. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien promueve en representación de ***y de sus menores hijos de iniciales R.J.D.G y C.J.D.G; *** y su menor hijo de iniciales K.A.H.T y de ***y de sus menores hijos de iniciales J.A.R.C. y A.G.C.V., contra actos del 1. Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez y otras autoridades, que hacen consistir literalmente en lo siguiente V. Actos reclamados ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 818/2022-II-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo, y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cese de inmediato cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que los quejosos directos se encuentren detenidos por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no les impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estimen pertinente; d) Les permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; e) En términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a los directos quejosos ***y de sus menores hijos de iniciales R.J.D.G y C.J.D.G; ***y su menor hijo de iniciales K.A.H.T y de ***y de sus menores hijos de iniciales J.A.R.C. y A.G.C.V., para el efecto de que sean puestos en libertad -provisional Lo anterior, siempre y cuando cumplan con las medidas de aseguramiento que se fijan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la calidad de directos quejosos que por tratarse de personas migrantes deben considerarse grupos vulnerables; así, con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, debe observarse lo que establece el ordinal 102 de la Ley de Migración, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional". El invocado numeral 102 de la Ley de Migración, prevé Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley De la interpretación sistemática del precepto transcrito permite concluir que los inmigrantes indocumentados podrán ser entregadas en custodia a la representación diplomática del País del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria sea irregular en este País y que se encuentre sometida a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso, pudieran ser las autoridades responsables con sede en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa. Tomando en cuenta, en lo conducente, los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, las autoridades responsables pongan inmediatamente en libertad a los directos quejosos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y medidas de seguridad, ante la autoridad migratoria responsable, que habrá de vigilar su exacto cumplimiento la autoridad migratoria, a saber: I. Establecer domicilio o lugar en la localidad en la que se encuentren alojados; II. Los directos quejosos no podrán ausentarse sin previa autorización del Juzgado de Distrito del conocimiento, del domicilio que para el efecto señalen para su resguardo; III. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a los quejosos como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridas para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces, será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento; y, IV. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En el entendido de que dichas exigencias deberán ser colmadas únicamente ante la autoridad migratoria correspondiente, por ser de su competencia el pronunciamiento sobre la condición migratoria de la parte quejosa. Cabe precisar que en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo son los directos quejosos en su calidad de migrantes, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que los directos quejosos cumplan a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que los directos quejosos permanecerán en el lugar en donde se encuentren alojados, a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que los directos quejosos sean puestos, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que los directos quejosos gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a los peticionarios de amparo y se tenga certeza que tuvieron conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, la autoridad responsable deberá informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibida que de no acatar lo ordenado se le sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberá remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." EXHORTO PARA NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS Ahora, toda vez que el promovente del amparo substancialmente refiere que los directos quejosos se encuentran en la Estación Migratoria de Berriozábal, Chiapas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en el diverso numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde este pudieran estar los quejosos, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de los directos quejosos Marlyn Saraí González Jarquín y de sus menores hijos de iniciales R.J.D.G y C.J.D.G; Madeline Isamar Talavera Vazquez y su menor hijo de iniciales K.A.H.T y de Fany Carolina Caballero Vargas y de sus menores hijos de iniciales J.A.R.C. y A.G.C.V.; y, 2) Les notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlos en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirlos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) manifieste si es su voluntad nombrar a AMET LOPEZ JIMENEZ, como autorizado legal en los términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo. Asimismo, para que haga entrega de los oficios: 16426/2022 REPRESENTACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TUXTLA GUTIERREZ. 16427/2022 PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEPENDIENTE DEL DIF ESTATAL DE CHIAPAS. 16428/2022 DIRECTOR DEL ALBERGUE EN BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. Dirigidos a las autoridades responsables antes descritas, en el domicilio previamente indicado. En la inteligencia de que el Juez estará facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr emplazar a la referida tercera interesada, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se solicita al citado juzgador que una vez cumplido en sus términos lo solicitado, se sirva remitir las constancias respectivas a este órgano jurisdiccional a través del correo institucional 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx incluyendo copia certificada de la publicación que se haga en lista de acuerdos que se fije en los estrados de dicho juzgado, en caso de que la notificación de mérito se realice por ese medio. REPRESENTANTE ESPECIAL Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se encuentran inmersos derechos de los menores de iniciales R.J.D.G. y C.J.D.G, K.A.H.T., J.A.R.C. y A.G.C.V.; en consecuencia, a fin de garantizar la protección de sus intereses, con fundamento del artículo 8 de la Ley de Amparo y normativo 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, se solicita a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que a la brevedad, designe a un asesor para que actúe como sus representes especiales en este asunto, para lo cual remítase copia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su contenido, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1984 con el número 1.5°P. 70, Tomo XXXI de mayo de 2010, con registro electrónico 164567, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO POR SU PROPIO DERECHO, RECLAMANDO ACTOS RELATIVOS A SUS INTERESES RESPECTO A SUS HIJOS, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DEBA NOMBRAR A ÉSTOS UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS A FIN DE GARANTIZAR LA IMPARCIAL PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIRECTOS DE LOS INFANTES." PRECISIÓN RELEVANTE En virtud que en el presente asunto se encuentran inmersos derechos de un menor, en atención a la regla 10 inciso a) del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimirá su nombre en todos los autos subsecuentes que se dicten en este juicio, asentado únicamente sus iniciales. INCOMPETENCIA Ahora, toda vez que los directos quejosos se encuentran alojados en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Berriozábal, Chiapas, lugar en el que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Tomando en consideración que los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en Berriozábal, Chiapas, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto aclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se colige que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: a) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse si esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde se ejecuta el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentran recluidos los amparistas. Por tanto, si dicha Estación Migratoria donde se encuentran recluidos los quejosos, se ubica en Berriozábal, Chiapas, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, que por turno le corresponda. Como apoyo a lo anterior se cita por analogía la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en la página, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 178232, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.- Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." También se invoca la jurisprudencia de la misma Primera Sala, ubicada en la página 633, Libro 5, Abril 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2006160, Decima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, carece de competencia legal para conocer de amparo en que se actúa. Por ello, remítase los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez; previo cuaderno de antecedentes que se forme. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Vista la certificación secretarial, tomando en cuenta que el usuario "amet40", está vinculado con la dirección del correo electrónico amet111085@live.com.mx, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus artículos del 34 al 39; se autoriza la consulta a dicho usuario. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se ordena se realicen las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto al citado usuario". Por tanto, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

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