Marisol Petriz Piñón
Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marisol Petriz Piñón
- Marisol Petriz Piñón y Otros.
- Procurador Municipal para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio sin número, signado por el 1. Procurador Municipal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Salina Cruz, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de cinco del actual y en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que designó a la licenciada ********************, como asesora jurídica para que intervenga como representante en suplencia de ser necesario de la menor de identidad reservada y de iniciales ********************en el expediente familiar ********************, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por ********************, en contra de ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar de Salina Cruz, Oaxaca. Lo que acredita con copia certificada del oficio de designación y acuse de recepción de nueve de los actuales. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esa legislación, se requiere Juez Primero Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada del acuerdo recaído a dicha promoción o informe la imposibilidad que tuviera para tal efecto. Para que se encuentre en posibilidades la autoridad requerida remítase copia de los citados anexos. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 237, 259 y 260, fracción II de la Ley de Amparo.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de Fabiola Berenice Flores Díaz, asesora jurídica federal, representante especial de la menor de edad de iniciales D.L.B.P., con firma electrónica y evidencia criptográfica, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención de nueve de marzo del año en cuso, notificado electrónicamente el trece siguiente, amplía su demanda en los siguientes términos: "III.- Autoridades responsables: ( Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, con domicilio conocido en esta Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. IV.- Acto reclamado: 1. La omisión de pronunciarse de manera definitiva sobre la guarda y custodia de la menor de identidad reservada D.L.B.P., como cuestiones accesorias al juicio de controversias del orden familiar número 295/2019, promovido por Marisol Petriz Piñón contra Jorge Antonio Basilio Martínez. 2. La omisión de pronunciarse de manera definitiva sobre derecho de visita y convivencia con el padre o la madre que no tenga la custodia de la menor de identidad reservada D.L.B.P., como cuestiones accesorias al juicio de controversias del orden familiar número 295/2019, promovido por Marisol Petriz Piñón contra Jorge Antonio Basilio Martínez. 3. La omisión de dictar las medidas provisionales pertinentes respecto a la guarda y custodia de la menor de identidad reservada con iniciales D.L.B.P., atendiendo al interés superior de la menor 4. La omisión de dictar las medidas provisionales pertinentes respecto a la visita o convivencia de la menor de identidad reservada con iniciales D.L.B.P., con el padre o madre que no los tenga en custodia. 5. La omisión de escuchar la opinión de la menor de identidad reservada con iniciales D.L.B.P., para resolver lo conducente respecto de dichas figuras. .". (Sic.) ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN En su atención, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de la demanda de amparo. ANOTACIONES Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y, en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación el numeral 238 de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia I.3o.P.J/3, con número de registro 2016852, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2178, del Semanario Judicial de la Federación tomo III (mayo de 2018), Décima Época, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cinco minutos del veintitrés de marzo del año en curso y en su lugar se fija para su celebración las diez horas con diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, página 1253, con número de registro 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Respecto al tercero interesado Jorge Antonio Basilio Martínez, este a lo acordado en acuerdo de admisión de veinte de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual se le reconoció tal carácter y por proveído de catorce de marzo de los corrientes se tuvo apersonándose al presente juicio de amparo. Por otra parte, se comisiona al Actuario judicial adscrito, para que se presente en el citado domicilio, emplace y corra traslado con una copia de la ampliación de la demanda a la tercera interesada Marisol Petriz Piñón, para que si a sus intereses conviene, se apersone a este juicio; además, le notifique el contenido de este proveído; asimismo, la requiera para que dentro del término tres días, siguientes a su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental, consistente en: La instrumental pública y de actuaciones consistente en las actuaciones del expediente familiar 295/2019, índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. La Instrumental de actuaciones. Las que dada su naturaleza en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al resolverse el presente juicio. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándola de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. Notifíquese; vía electrónica a Fabiola Berenice Flores Díaz, Asesora Jurídica Federal, representante especial de la menor de edad de iniciales D.L.B.P, asimismo al tercero interesado Jorge Antonio Basilio Martínez y personalmente a la tercera interesada Marisol Petriz Piñón. Así lo proveyó y firma electrónicamente Miriam Fabiola Núñez Castillo, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante la Secretaria que autoriza y da fe Carolina Lima Jorge. Doy fe.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ************, mediante el cual, se apersona al presente asunto, con el carácter de tercero interesado, por lo tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose con tal carácter que se ostenta a este juicio de amparo. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a A**********, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran habilitadas en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***********, por así solicitarlo expresamente. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el nombre de usuario "aliciamendez1980", se encuentra relacionado al correo electrónico alicia.mendez.morales@correo.cjf.gob.mx, por tanto, como lo solicita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta de dicho usuario, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, así como, se autorizan las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto, al referido usuario. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el actuario tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este expediente, sin ulterior pronunciamiento. ***************** USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte tercera interesada, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO Finalmente téngase al tercero interesado dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de febrero pasado; informando que formuló demanda en materia familiar, para reclamar la guarda y custodia de su menor hija de identidad reservada de iniciales D.L.B.P. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental consistente en: Copia simple del escrito de demanda en contra de ***************, consistente en la guardia y custodia de su menor hija de identidad reservada de iniciales D.L.B.P. Acta de nacimiento de la menor de identidad reservada de iniciales D.L.B.P., con número de identificador electrónico 20079000220230001481. Las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarla al dictarse la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tienen por recibido y se ordena agregar a el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el uno de marzo del actual, remite copias certificadas del expediente ********************, que en vía de controversias del orden familiar, promovió ********************, en contra de ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y con dichas constancias, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Se invoca en apoyo la tesis I.5º.C.2.K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204616 y cuyo tenor literal es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.- El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." De igual forma, se invoca en apoyo, la tesis I.5º.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, con registro 204616, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Con las constancias remitidas antes descritas, se ordena formar el anexo II, debiéndose conservar el folio y entresello. VISTA PARA AMPLIACIÓN Visto el estado de autos se advierte que por acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, se tuvo a ******************** asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública de Oaxaca, informando el resultado obtenido en la entrevistarse con la menor de identidad reservada de iniciales ********************, efectuada el veintidós de febrero pasado, mediante el cual manifestó que: ". está de acuerdo con que la suscrita sea su representante especial y quiere continuar con el juicio, si de eso depende que se quite esa acta de tratos y cuidados y regrese con su mamá y su hermanito y si es necesario ser escuchada en el juicio por parte de la Juez, ella lo hará." Asimismo, tomando en cuenta lo manifestado por ********************, respecto a que inició procedimiento civil de guarda y custodia de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, el cual lo radicó con número de expediente ********************. Ahora, visto que por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, la Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en el expediente ********************, proveyó no dar a trámite a la solicitud de ********************, consistente en la guardia y custodia de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, toda vez que de autos del diverso juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, relativo al divorcio incausado promovido por ********************, en el cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre ésta y ********************, no se resolvió lo concerniente a las cuestiones accesorias, entre estas, la relativa a la referida guarda y custodia. Por tanto, se requiere a ********************, Asesora Jurídica Federal, representante especial de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, para que dentro del plazo legal de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, así como el diverso 111, fracción II, de la citada ley, señale si amplía su demanda de amparo, respecto del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en cuanto a la omisión de dictar sentencia concerniente a la cuestión accesoria, consistente en la guardia y custodia, dentro el expediente ********************, de su índice; ya que es la autoridad facultada para ello, toda vez que ante ésta se tramitó dicho juicio de divorcio incausado, en términos de lo dispuesto por los artículos 283 y 429 del Código de Civil del Estado de Oaxaca, que a la letra disponen: "Artículo 283.- Las acciones y pretensiones derivadas del matrimonio relativas a la situación de hijos menores de edad o incapaces, al derecho de alimentos o al régimen patrimonial adoptado en el matrimonio, que sean consecuencia de la disolución del vínculo, se resolverán en el mismo procedimiento de divorcio." "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales que oficiosamente habrán de practicárseles a ambos progenitores en materia de trabajo social y de psicología familiar así como las demás que se estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. Por lo que el otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la niñez, otorgando al ministerio público la intervención que corresponda." Toda vez que, de la demanda de amparo en el presente juicio, se desprende que el acto reclamado consiste en: "La determinación de fecha 11 de Diciembre del año 2022, dictada por la responsable con motivo de la comparecencia del señor ********************, en la que se decreta y acuerda a su favor el ACTA DE TRATOS Y CUIDADOS, de manera provisional de mi menor hija de datos reservados e iniciales ********************; comparecencia en la que se tomaron las siguientes determinaciones: a) Otorgar el TRATO Y CUIDADO de mi hija al señor ******************** b) y autorizando como "RED DE APOYO FAMILIAR" a los C.C. ******************** y ********************" (Sic.) Atribuido al Procurador Municipal para la Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes de Salina Cruz, Oaxaca, sin embargo, dicha actuación, no es facultad ésta autoridad. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la tesis VII.3o.C.9 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 189525, publicada en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 663, de rubro y texto, siguiente: "ALIMENTOS, GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. EL CONVENIO EN QUE SE PACTAN DEBE CELEBRARSE ANTE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y NO ANTE EL PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR, DE LA FAMILIA Y EL INDÍGENA, COMO ÓRGANO DEL DIF (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación sistemática de los artículos 116, fracción XI, 117, párrafo primero, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 31, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial para la propia entidad, de tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, que en lo sustancial es similar a lo que dispone la fracción I del artículo 68 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en la Gaceta Oficial el día veintiséis de julio del año dos mil, se obtiene que fue voluntad del legislador conferir jurisdicción a los Jueces de primera instancia, entre otras facultades, para conocer de las cuestiones inherentes a la familia. Luego, si los alimentos son de primer orden dentro del núcleo familiar, no hay duda en afirmar que el convenio en que se pacten éstos, así como la guarda y custodia de menores, debe celebrarse ante los Jueces de primera instancia, debido a que por ser autoridades legalmente competentes para conocer de esas cuestiones, se puede exigir el cumplimiento del convenio en el que se pacten, aun en forma coercitiva. Por otra parte, si bien es cierto que el procurador de la Defensa del Menor, de la Familia y el Indígena, como parte integrante del organismo público descentralizado denominado "Desarrollo Integral de la Familia" del Estado de Veracruz, tiene la facultad de proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas, también lo es que la Ley de Asistencia Social que lo crea, no establece un procedimiento coactivo para el supuesto de que alguna de las partes incumpla con las obligaciones pactadas en la solución asentada en el acta respectiva y, por ello, las medidas que se adoptaran para el cumplimiento de tales obligaciones resultarían ineficaces." Lo anterior, a efecto de mejor proveer y contar con mayores elementos para tal fin y no poner en riesgo el bienestar de la infante implicada. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; por ende, la aplicación del principio del interés superior del niño cumple con dos funciones normativas: a) Como principio jurídico garantista y, b) Como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores. Sustenta lo anterior, la tesis aislada 1a. CXXI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y uno, Libro IX, Junio de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, de registro electrónico 2000989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." Por otra parte, el interés superior del niño tiene funciones justificativas y directivas; por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección de los menores; por otro, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio, relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador y las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas. En el ámbito jurídico interno, el principio de interés superior del niño implica que todas las autoridades mexicanas están obligadas a proporcionar un resguardo especial dependiendo de su condición. Es por eso que al juzgador se le exige que cuando dirima controversias jurisdiccionales que, directa o indirectamente, afecten situaciones de infantes, tome todas las medidas necesarias que le permitan priorizar y proteger sus derechos e intereses para asegurar su efectividad, potencializando así el paradigma de protección integral. El principio de interés superior del menor está centrado en el respeto de sus derechos humanos y en consecuencia, cualquier actuación pública debe evitar a toda costa que se lesionen tales derechos, se trata entonces, de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un infante, tomando en cuenta que sus derechos básicos son los de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, el menor es destinatario de un trato preferente, en razón de su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que significa que los menores son titulares de un conjunto de derechos que deben ser valorados de acuerdo con sus circunstancias específicas. Por tanto, el interés superior del niño tiene un contenido de naturaleza real que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que los identifica. De lo ya expresado, se colige que el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales el realizar una labor interpretativa que encuentre la forma de proteger de forma especial a la niñez, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten intereses de menores, de forma directa o indirecta, es mucho más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales; en otras palabras, se requiere que el juzgador realice un examen en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior es tanto un principio orientador, como clave fundamental de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, como la realización de una interpretación sistemática en la que se tomen en cuenta los deberes de protección y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez, para darle sentido a la norma cuestionada; de este modo, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Por otra parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se encarga de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4 constitucional. Esta Ley, en su artículo 3, establece que el interés superior es uno de los principios rectores de los derechos del niño, además de hacer mención expresa de él en los artículos 3, 4 y 24. "Artículo 3º. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia. (.)" "Artículo 4º. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. (.)" "Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés superior del niño." Además, en el caso que nos ocupa, se está frente a una posible situación que afecta la esfera jurídica de una menor, motivo que impulsa a intervenir para salvaguardarlos. Es aplicable a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página ciento sesenta y siete, registro 175053 de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Finalmente, prevéngase a la representante especial que si opta por ampliar su demanda de amparo, deberá de cubrir todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, en virtud de que la ampliación de la demanda de amparo, al ser parte integrante de la demanda que originariamente se promovió, debe entenderse que la misma debe cubrir los requisitos señalados en el precepto legal en comento; en el entendido, de que si la parte quejosa opta por ampliar su demanda, porque considera que es la vía adecuada, este órgano de control constitucional, previamente analizará la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a su admisión. En lo conducente, resulta aplicable la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 22, Sexta Parte, visible a fojas 20, Séptima Época, con número de registro 257073, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA. La demanda de amparo no tiene más efecto que el de sujetar al Juez de Distrito a resolver la contienda con vista de ella y de los informes que rindan las responsables; y si con posterioridad se formula ampliación de la demanda, en ésta deben precisarse los requisitos que la ley exige para la demanda inicial, en lo que toca a la materia de la ampliación, y si no se hace así, hay que sobreseer el juicio en cuanto a la parte ampliada, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 116 del mismo ordenamiento." FOLIO 2262 Finalmente, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito de ********************, Asesora Jurídica Federal, representante especial de la menor de edad de iniciales ********************, con firma electrónica y evidencia criptográfica; visto su contenido, se provee: Téngase por revocando a ******************** autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y ******************** para oír y recibir notificaciones. Notifíquese; vía electrónica a ********************, Asesora Jurídica Federal, representante especial de la menor de edad de iniciales ********************
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