Marisol Ramírez Aquino
Expediente 413/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marisol Ramírez Aquino
- Juez de Control. Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es destruible. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, procédase a su destrucción, una vez transcurridos el término de tres años de haberse dictado el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de diecinueve de octubre de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa ***, no desahogó la vista de uno de octubre del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por lo que se procede a resolver sobre el mismo, con base en los elementos que obran en el expediente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la quejosa Marisol Ramírez Aquino, el amparo y protección de la justicia de la unión a fin de que el Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, realizara lo siguiente: "1. Respete el derecho que acreditó la quejosa en este juicio derivado de las constancias de posesión de veintiocho de marzo de dos mil catorce, expedida por la Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y de cuatro de marzo de dos mil nueve, expedida por el Presidente Municipal Constitucional de dicha población, a favor de la citada quejosa, respectivamente. 2. Deje sin efectos la diligencia de treinta de enero de dos mil dieciocho, de entrega del inmueble ubicado andador del Oro, lote 14 manzana "E", de la unidad habitacional "Sandunga" de la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec; así como el embargo trabado sobre el bien inmueble descrito y los actos derivados de dicha diligencia, es decir, las anotaciones en el registro público de la propiedad con motivo de los actos reclamados." Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante acuerdo de ocho de abril de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 520/2021, a través del cual en vías de cumplimiento, la autoridad responsable exhibió copia certificada del auto de cinco de abril del año en curso, dictado en el expediente civil 373/2006 de su índice, por el cual dejó insubsistente el embargo decretado en auto de catorce de julio de dos mil seis, respecto al bien inmueble ubicado en andador del Oro, lote catorce, manzana E, de la unidad habitacional la Sandunga, Tehuantepec, Oaxaca; asimismo, dejó insubsistente la diligencia de treinta de enero de dos mil dieciocho, relativa a la entrega del inmueble embargado, ordenando girar oficios al Registrador del Instituto de la Función Registral de Tehuantepec, Oaxaca, para que dejara sin efectos el registro trescientos treinta y cinco de veintisiete de noviembre de dos mil quince; y, al Notario Público treinta y siete, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, a efecto de que cancelara el acta treinta y cuatro mil quinientos dieciocho (34,518), volumen cuatrocientos sesenta y seis (466), de su índice. Continuando con las gestiones correspondientes, mediante misiva 986/2021, la autoridad responsable en vías de cumplimiento remitió copias certificadas de las constancias deducidas del expediente civil del que emana el acto reclamado, consistente en los respectivos acuses de recibo de los oficios dirigidos al Registrador del Instituto de la Función Registral de Tehuantepec y Notario Público treinta y siete en el Estado, con residencia en Salina Cruz, con sello de recepción correspondiente. Finalmente, con la misiva 1973/2021, la juez responsable envió copias certificadas del oficio IFRSDTO/68/2021, signado por el Registrador del Instituto de la Función Registral de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, relativo a la cancelación del Registro 335, Tomo XXXI, de treinta de noviembre de dos mil quince; así como el oficio del Notario Público 37 en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, al que adjuntó la constancia certificada de la cancelación de la escritura pública 34,518 (treinta y cuatro mil quinientos dieciocho) volumen 466 (cuatrocientos sesenta y seis), de catorce de octubre de dos mil quince, respecto al inmueble ubicado en andador del Oro, Lote Catorce, Manzana "E", de la unidad habitacional la Sandunga, Tehuantepec, Oaxaca. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Civil de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a través del cual remite un legajo de copias certificadas de las constancias deducidas del expediente civil 373/2006 de su índice. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con las constancias recibidas a partir del acuerdo de ocho de abril a la fecha en que se actúa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192174, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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