MARLIN YESENIA DIAZ BENITEZ y Otros.
Expediente 1115/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- MARLIN YESENIA DIAZ BENITEZ y Otros.
- Martha Benitez Morales
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1115/2017-E. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por los promoventes Marlin Yesenia Diaz Benítez, Cuauhtémoc Pineda Pineda y Martha Benítez Morales, por propio derecho y los dos últimos además en representación de los menores Azbayra Mabel, Cuauhtémoc, Floriberto y Lisandro, todos de apellidos Pineda Benítez, en esta instancia se hace consistir en: El aseguramiento de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013, que fue dictado en cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 1777/2016 del índice de este juzgado de Distrito, así como sus consecuencias, esto es, el inminente desalojo del inmueble y el aseguramiento del vehículo que defienden en esta instancia constitucional. Respecto a dicho acto reclamado, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. Ahora, según lo narrado por la parte quejosa, así como de las copias certificadas de diversas actuaciones deducidas del diverso juicio de amparo 1777/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierten a manera de antecedentes los siguientes: I. Que dentro del juicio de amparo 1777/2016, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, la cual sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismos, Acopia y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Marlin Yesenia Díaz Benítez, Cuauhtémoc Pineda Pineda y Martha Benítez Morales, por propio derecho y los dos últimos además en representación de los menores Azbayra Mabel o Azkayra Mabel, Cuauhtémoc, Floriberto y Lisandro, todos de apellidos Pineda Benítez, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para efecto se le otorgue, realice lo siguiente: 1.- DEJE INSUBSISTENTE el acuerdo de aseguramiento de bienes reclamado, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, que se llevó a cabo en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013, de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero atento a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma que la afectaban, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el presente considerando. 3. NOTIFIQUE ese nuevo acuerdo de manera personal a la parte quejosa. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." II. Resolución que en auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable. III. Así, mediante oficio SEIDO/UEITA/6220/2017 de diez de julio de dos mil diecisiete, y escrito de la misma fecha, se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: "Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, determinó volver a decretar el aseguramiento de los bienes afectos (con excepción de los documentos personas de los quejosos)." IV. Sin embargo, si bien es cierto, la representación social responsable, expuso los razonamientos y fundamentos para decretar el aseguramiento del inmueble afecto, consistente en la casa habitación número catorce, de la calle privada Buenos Aires, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, Parque de la Plata, marcado con el número quinientos tres del Boulevard Asia, Lomas de Angelópolis II, Periférico Ecológico diecisiete mil dos, del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y del vehículo consistente en la camioneta marca Buick, tipo Enclave, modelo 2014, con placas de circulación número PYL-17-97 del Estado de Morelos, con número de VIN 5GAKV7KD2EJ302198, al considerarlos como instrumentos del delito que investiga en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013; no menos verídico resultó que soslayó exponer la motivación y fundamentación correspondiente, relativa al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), en virtud de que si consideró procedente asegurar esos bienes, debió, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existen huellas del delito o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Motivo por el cual, en auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo y se solicitó nuevamente su cumplimiento. V. Así las cosas, mediante oficio SEIDO/UEITA/7310/2017 de once de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: En resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de aseguramiento de bienes, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, así como la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en dicha resolución volvió a decretar el aseguramiento de los bienes afectos; resolución en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, precisó lo siguiente: "Por tanto, si hasta ahora existen diversos bienes inmuebles y vehículos respecto de los cuales los imputados se conducen como dueños y eran utilizados como instrumentos de sus actividades delictivas, así como para guardar documentación de cuentas bancarias con operaciones monetarias por fuertes cantidades de dinero realizadas a su nombre, sin que de las actuaciones aparezcan elementos de prueba que acrediten que tienen una actividad lícita que justifique su procedencia, aunque sea de manera presuntiva, a pesar de que esta representación social de la federación, como autoridad de buena fe y en respeto al principio de presunción de inocencia que les asiste, ordenó a los policías investigadores realizar la investigación de su modus vivendi, con el afán de conocer a plenitud su modo de vida; y el único resultado que advirtieron los elementos policiales al entrevistar a distintas personas y dar seguimiento a los involucrados, es que Martha Benítez Morales y Cuauhtémoc Pineda Pineda, se conducían como dueños de los inmuebles donde se guardaban ciertas cantidades de droga, lo que resultó cierto en la diligencia de cateo, sin que aparezca que desarrollan alguna actividad lícita que les genere ingresos, por lo que es incuestionable que procede su aseguramiento como instrumento del delito Contra la Salud, pues esta es la actividad que se encuentra acreditado desarrollaban, máxime si uno de los imputados se presenta como dueño del mismo para reclamarlo, a sabiendas de que su cónyuge fue detenida en flagrancia custodiando determinadas cantidades de droga, cometiendo un delito contra la salud, sin que justifique los recursos con que lo adquirió o que no sabía de las actividades de Martha Benítez Morales, por los que al permitir que esta actividad se realizara, consintió en que el inmueble se utilizara como instrumento del delito, puesto que no debe olvidarse que dentro de la indagatoria se investiga el delito de Delincuencia Organizada, Contra la Salud y el de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues es evidente que al pretenderlos hacer figurar a nombre de otras personas y de menores de edad sin capacidad económica para adquirirlos, pretenden ocultar el uso que se le daba, al igual que a la camioneta Buick, tipo enclave, con placas de circulación número PYL-17-97 del Estado de Morelos, con número de VIN 5GAKV7KD2EJ302198, el cual se encontró en el espacio para cochera del inmueble ubicado en Privada Buenos Aires número 14, fraccionamiento Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula del Estado de Puebla, que fue asegurada, pues de ella presumiblemente se extrajeron las cantidades de droga aseguradas en el domicilio. Ello con independencia del concurso delictual resultante de las diversas conductas realizadas por los imputados. Finalmente, por lo que hace al aseguramiento de los documentos personales a nombre de Martha Benítez Morales (pasaporte número G10889071) y Cuauhtémoc Pineda Pineda (licencia número A0010007209), debe decirse que, como atinadamente lo hizo notar el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en su auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el que tiene por no cumplimentada la sentencia que dictó en autos del juicio de amparo número 1777/2016; dichos bienes no están afectados ni fueron asegurados en la averiguación previa PGR/SEIOD/UEITA/088/2013, al efectuarse la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que en debido acatamiento a la ejecutoria de amparo y al auto que se cumplimentan, esta autoridad "procede a expresar la calidad que tienen tales documentos (instrumento, objeto o producto de delito), o si en ellos existente huellas o pudieran tener relación con aquél, además de exponer las razones que lo llevaron a esa conclusión. Por lo que en vía de cumplimiento de las resoluciones de mérito y para mejor proveer, se procedió a revisar de nueva cuenta la diligencia de cateo de tres de diciembre de dos mil seis, durante la cual convergen dos circunstancias: la primera, es la ejecución misma de la orden de cateo, derivada de la integración de una averiguación previa en el sistema penal tradicional, en la que se localizaron los instrumentos del delito que se han mencionado; y la segunda, el descubrimiento durante su desarrollo de diverso delito en flagrancia, por lo que los nuevos hallazgos pasan a convertirse en evidencias de delito descubierto, cometido ya en plena vigencia del sistema penal acusatorio, razón por la cual, mediante oficio SEIDO/UEITA/7215/2017 de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la UEITA, informara si dentro de alguna carpeta de investigación se encuentra afectos dichos documentos; dando respuesta mediante el diverso PGR/SEIDO/UEITA/7287/2017 de nueve de agosto de dos mil diecisiete, en los siguientes términos: "al respecto me permito hacer de su conocimiento que los dos documentos son afectos a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-PUE/0001044/2016, en virtud de que al practicarse la diligencia de cateo 350/2016 de dos de diciembre de dos mil dieciséis emitida dentro de la AP PGR/SEIDO/UEITA/88/2013, se actualizaron delitos en flagrancia, lo que dio origen a la carpeta de investigación citada al rubro, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Razón por la cual, al encontrarse los documentos mencionados afectos a una carpeta de investigación a cargo de diversa autoridad, es jurídica y materialmente imposible para esta representación social de la federación pronunciarse respecto de tales documentos." VI. Por auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismo que se le notificó a los inconformes por lista de acuerdos publicada el quince de agosto de dos mil diecisiete, toda vez que señaló los estrados para oír y recibir notificaciones personales. VII. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto dos mil diecisiete, la parte quejosa, a través de su autorizado Miguel Ángel Barrera Borja, desahogó la vista que les fue dada. VIII. En proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, notificándole a la parte quejosa dicho auto por lista de acuerdos publicada el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Todo lo cual se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena extraer copias certificadas de constancias diversas emanadas del juicio de amparo 1777/2016 del índice de este juzgado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el término para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Atento a lo anterior, tenemos que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir de dicho supuestos, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del nuevo acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Luego, si de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado (aseguramiento de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete), con motivo de la vista que este Juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 1777/2016, con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, notificado el quince de agosto siguiente, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso b) para contar los quince días, por ser ese momento en el que se materializó en la esfera jurídica de la parte quejosa un agravio real y actual, y pudo formular conceptos de violación en contra del acto reclamado, ya que fue cuando adquirió conocimiento del mismo. Máxime que los quejosos desahogaron la vista otorgada con el cumplimiento, por conducto de su autorizado, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, mediante escrito recibido en este juzgado el diecisiete de agosto de la presente anualidad, lo que evidencia que tuvieron pleno conocimiento de la resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y que ahora pretenden reclamar en esta instancia constitucional. Lo anterior, sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector, pues no hay numeral que así lo permita, y por así sustentarlo la jurisprudencia acabada de transcribir. Así, si la notificación de quince de agosto de dos mil diecisiete, surtió efectos el dieciséis de agosto siguiente, entonces, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos y tres de septiembre, todos de dos mil diecisiete, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Entonces, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que resulta extemporánea su presentación, pues se presentó después del vencimiento del plazo que tenía; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, al no haber presentado los quejosos la demanda dentro de los quince días que tenían, es evidente que existe consentimiento tácito. Es aplicable al caso, por analogía, y respecto al consentimiento tácito por no promover la demanda en el término de quince días tratándose de actos que afectan la libertad personal, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. Asimismo, como lo solicita el promovente del amparo, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense todas las notificaciones inclusive las personales por lista de acuerdos. Se tiene por autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a Miguel Ángel Barrera Borja, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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