Marlon Palomino Ayala

Expediente 1476/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1476/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Teresa Ayala Campos
  • MARLON PALOMINO AYALA y Otros.
  • Marlon Palomino Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio 154 (recibido en tres ocasiones) signado por la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 6/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara en el lugar de su reclusión al quejoso Marlon Palomino Ayala o Marlon Iván Palomino Ayala los autos de dieciocho de enero del año en curso, así como el diverso de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis y lo requiriera para que en esa diligencia manifestara si ratificaba o no la demanda promovida en su favor por Teresa Ayala Campos. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, como lo solicita la autoridad exhortada acúsese el recibo correspondiente. Así, de la diligencia practicada el diecinueve de enero actual, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México solicitó la presencia del quejoso Marlon Palomino Ayala o Marlon Iván Palomino Ayala, quien al requerirlo para ver si ratificaba o no la demanda promovida en su favor, éste le manifestó: "no ratifico el amparo"; asimismo, hizo constar que el quejoso no presenta golpes, lesiones a simple vista, que no ha sufrido ningún tipo de maltratos o torturas, que tiene visita de sus familiares dos veces por semana, que tiene comunicación con su abogado una vez a la semana o cada que lo mande a llamar, que no está incomunicado, entre otras cosas. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de dieciocho de enero del año en curso y, con fundamento en el artículo 15 de la ley de Amparo vigente se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y quedan sin efecto las providencias dictadas en este sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Toda vez que el quejoso Marlon Palomino Ayala o Marlon Iván Palomino Ayala, se encuentra recluido en el reclusorio Preventivo Varonil Oriente; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en la Ciudad de México, a fin de que comisione a personal a su cargo para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y realice lo siguiente: 1) Notifique el presente acuerdo al quejoso Marlon Palomino Ayala o Marlon Iván Palomino Ayala. Así mismo, se solicita al Juez Federal exhortado que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica la presente actuación. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio 136 de la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del exhorto 6/2016 del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que en esta fecha se tuvo a la autoridad oficiante devolviendo debidamente diligenciada la comunicación oficial de mérito; por lo tanto, glósese el oficio de cuenta únicamente para que obre como corresponda.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 10 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y anexos que acompaña, por medio del cual devuelve los autos originales del presente juicio de amparo y remite inserto el proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 965/2016, del citado órgano jurisdiccional; acúsese el recibo correspondiente. Así mismo, téngase a la autoridad oficiante informando que no acepta la competencia planteada por este órgano de control constitucional, por los motivos siguientes: (.) .Ahora bien, de las constancias de autos, a foja cuarenta y uno, se advierte que mediante oficio 4345, el Juez Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México, informó al Juez Declinante que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, giró orden de aprehensión en la causa penal 276/2012, en contra de Marlon Iván Palomino Ayala, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, que dicha orden de captura fue cumplimentada el dieciocho de octubre del año en curso, y fue puesto a disposición de ese juzgado, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. En ese sentido, se infiere que el acto que está teniendo ejecución en la ciudad de México, lo es la orden de aprehensión; sin embargo, contrario a lo expuesto por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado declinante, este acto no constituye el reclamado por la promovente en el escrito de demanda, a saber: ataques a la libertad personal de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, incomunicación y desaparición forzada, y que, a decir de la promovente del juicio, bajo protesta de decir verdad, el directo quejoso fue privado de la libertad en el Estado de Puebla, el dieciocho de octubre del actual, en un operativo que llevaron a cabo elementos que dijeron pertenecer a la policía federal ministerial, actos éstos últimos por los que la declinante suspendió de plano. (.) Al respecto, debe señalarse que la suscrita Juez Federal, respetuosamente no comparte el criterio del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, e insiste en declinar competencia a su favor, por las razones que a continuación se exponen. En primer término, resulta importante precisar que a criterio de esta Juzgadora y opuesto a lo razonado por el Homólogo Federal, el acto reclamado que a continuación se trascribe: IV. ACTOS RECLAMADOS: SE RECLAMAN LOS ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LA QUE FUERA PRIVADO MARLON PALOMINO AYALA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y POR CONSECUENCIA LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD PERSONAL, ASÍ COMO LA INCOMUNICACIÓN Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA DE QUE HA SIDO OBJETO EL MISMO MARLON PALOMINO AYALA, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Debe estudiarse en su integridad, de conformidad con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. (Época: Novena Época Registro: 100263. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto. Materia: Común. Tesis: 565. Página: 628)". Por lo que si de la lectura integral de la demanda, en específico el punto tres de los antecedentes (foja 5) se reza: 3.- ANTE LO REFERIDO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE EL MISMO DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ME TRASLADE Y ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y/O A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIN EMBARGO ES EL CASO QUE POR PARTE DE DICHAS AUTORIDADES SE ME NEGÓ TODA INFORMACIÓN ACERCA DE SI EL C. MARLON PALOMINO AYALA SE ENCUENTRA DETENIDO, PRIVADO DE SU LIBERTAD Y PUESTO A DISPOSICIÓN DE TALES AUTORIDADES, PUES EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ME INFORMO QUE SEGÚN EXISTE UNA ORDEN DEL C. C. JUEZ DÉCIMO SEXTO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DETENER Y PRIVAR DE SU LIBERTAD A MI HIJO MARLON PALOMINO AYALA, PERO QUE SEGÚN ÉSTE NO SE ENCONTRABA EN TAL LUGAR Y ANTE LO CUAL A SU VEZ ME CONSTITUÍ EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE DICHO JUZGADO Y EN TAL LUGAR SE ME NEGÓ TODA INFORMACIÓN PUES SOLO FUI INFORMADA DE QUE EL C. MARLON PALOMINO AYALA NO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE TAL JUZGADO, NEGÁNDOSEME INFORMACIÓN DE SI EXISTE ALGUNA ORDEN EMITIDA POR DICHO JUZGADO QUE ORDENE LA APREHENSIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA LIBERAD DE MI HIJO MARLON PALOMINO AYALA, CUESTIÓN QUE ES LA QUE ME HACE AFIRMAR VÁLIDAMENTE QUE MI HIJO, EL C. MARLON PALOMINO AYALA HA SIDO OBJETO DE ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL Y POR CONSECUENCIA LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD PERSONAL, ASÍ COMO DE ACTOS DE INCOMUNICACIÓN Y DESAPARICIÓN FORZADADE PERSONA, ESTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, MOTIVO POR EL CUAL ES QUE ME VEO EN LA NECESIDAD DE PROMOVER EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. A juicio, de este Órgano de Control Constitucional, debe tenerse como acto reclamado la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil doce dictada en la causa penal 276/2012 por el Juez Décimo Sexto Penal del fuero común de la ciudad de México (foja 41), motivo por el cual fue privado de su libertad el peticionario de amparo, y no solamente tomar en consideración lo aducido en el capítulo de acto reclamado de la demanda de garantías. Ahora bien, es importante señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el tema de la competencia, dispone lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto trascrito se obtienen las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, que son las siguientes: Del precepto legal anteriormente trascrito surgen dos hipótesis distintas respecto de los actos que conllevan una ejecución: 1. Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o bien, 2. Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos para fijar la competencia, que son los siguientes: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, 2. En donde trate de ejecutarse, 3. En donde se ejecute; o, 4. En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, se menciona que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde aún no ha sido ejecutado, pero conforme a su naturaleza y circunstancias particulares se puede concluir que, necesariamente ahí tendrá sus efectos, 2. El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, 3. En donde se esté ejecutando es aquél en donde la ejecución se está actualizando al momento de la presentación de la demanda; y, 4. El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución se consumó. Conforme a las premisas anteriores, es evidente que los actos que se reclaman encuadran en la cuarta de las hipótesis descritas por el ordinal 37 de la ley de la materia y, por ende, corresponde su conocimiento al Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en que los actos se ejecutaron, es decir, en la ciudad de México. Una vez determinados los supuestos que, respecto a la competencia, establece la ley de la materia resulta importante reiterar que respetuosamente esta Juzgadora considera que el conocimiento de este asunto corresponde al juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, o trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, esto es, en la ciudad de México. Se considera lo anterior, ya que el acto reclamado, comenzó a ejecutarse en la ciudad de México, el dieciséis de noviembre de dos mil doce, con el oficio de esa fecha signado por el Juez Décimo Sexto Penal del fuero común de la ciudad de México (foja 42), donde gira instrucciones al Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal a efecto de que se avoque a la búsqueda, localización y captura de MARLON IVÁN PALOMINO AYALA, para que sea puesto a disposición del referido Juzgado en el interior del Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México. Aunado a que de autos, también se advierte que, el mismo día -dieciocho de octubre de dos mil dieciséis- en que se promovió la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal (fojas 5 y 43), el quejoso MARLON IVÁN PALOMINO AYALA o MARLON PALOMINO AYALA, fue internado en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México y puesto a disposición del Juez Décimo Sexto Penal del fuero común de la ciudad de México, respecto a la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil doce dictada en la causa penal 276/2012, de su índice. Con lo anterior se advierte que el mandamiento de captura se materializó, el dieciocho de octubre de esta anualidad, cuando el quejoso fue internado en el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, por lo que respetuosamente se insiste, la competencia para conocer del presente asunto es del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por analogía, sirve de apoyo la siguiente tesis: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. (Época: Décima Época. Registro: 2000066 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Común. Tesis: I.15o.A.1 A 10a. Página: 4311)." Se arriba a la conclusión anterior, ya que cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla. Por lo que el órgano de control constitucional competente deberá ser aquel en cuya jurisdicción radica dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Lo anterior de acuerdo al criterio siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión. (Época: Décima Época. Registro: 2011712. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV. Materia: Común. Tesis: I.1o.P.31 P. 10a. Página: 2758). Aunado a que en el caso no se advierte que el mandamiento de captura fuese realmente ejecutado en esta ciudad, considerando lo anterior, ya que con la razón de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (foja 22), asentada por el Actuario de la adscripción, donde manifiesta que se constituyó en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, (única responsable señalada como Ordenadora en este circuito judicial), donde le informaron no tener a disposición a MARLON IVÁN PALOMINO AYALA o MARLON PALOMINO AYALA. Y sin que se inobserve lo manifestado en el escrito inicial de demanda respecto a la posible aprehensión en la ciudad de Puebla, ya que la competencia del Juez Federal, se tomará en cuenta como aspecto principal el lugar donde se haya ejecutado materialmente el acto reclamado. Sirve de apoyo el siguiente criterio: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo establece la competencia del Juez de Distrito adscrito al lugar en el que se haya presentado la demanda, cuando se reclame un acto cuya ejecución ha comenzado en un distrito y continúa ejecutándose en otro. Sin embargo, ello no quiere decir que la referida competencia corresponda al juzgador que elija el quejoso al presentar su libelo inicial, pues el citado precepto debe interpretarse de manera sistemática con el párrafo primero del propio numeral y el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, como aspecto principal, el lugar donde se ejecute, se vaya a ejecutar o se haya ejecutado el acto impugnado, principio que ya se contenía en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada. Así, la intelección de la hipótesis en cita indica que para efectos de fincar la competencia del Juez Federal, se tomará en cuenta como aspecto principal el lugar donde deban ejecutarse, traten de ejecutarse o se hayan ejecutado los actos reclamados y, de manera secundaria, aquel en donde el quejoso presentó su demanda, el cual deberá ser necesariamente alguna de las circunscripciones en las que residan dichos órganos jurisdiccionales. (Época: Décima Época. Registro: 2011147. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.T.10 K 10a. Página: 2039). Considerar lo contrario por esta Juzgadora Federal, seria inobservar el principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna. Porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado -justicia integral, pronta y expedita-, la circunstancia de que sea competente el Juez de amparo, donde se recluyó al quejoso por el mandamiento de captura y en donde también se encuentra el Juez de la causa, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, ya que de manera funcional, permite realizar una actividad jurisdiccional de forma eficaz, relacionada con la prontitud en el despacho de los asuntos y cercanía de la sede de las autoridades responsables, lo anterior para lograr el cumplimiento más práctico de aspectos primordiales en el juicio de amparo. Logrando así, una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Ya que el Juzgado que se estima competente -Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México-, notoriamente, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el juicio principal, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se reitera respetuosamente que esta Juzgadora considera que el Juez competente para conocer el presente asunto es el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que el mandamiento de captura se materializó en la ciudad de México, esto es en el lugar donde actualmente se encuentra interno el quejoso, esto es, el Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, aunado a que también ahí tiene residencia el Juez de la causa penal de la que deriva lo aquí reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Sexto Circuito en turno, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, para la substanciación del conflicto de competencia a que se refiere el citado numeral de la Ley de Amparo, y que plantea la suscrita Juez Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí acordado al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México..."

  4. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos el escrito signado por la promovente Teresa Ayala Campos por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, manifiesta que el quejoso Marlon Palomino Ayala y Marlon Iván Palomino Ayala que refirió la autoridad responsable, Juez Décimo Sexto Penal del Fuero Común de la Ciudad de México, es la misma persona. En tales condiciones, se tiene a Marlon Palomino Ayala o Marlon Iván Palomino Ayala como la misma persona a favor de quien se promueve el presente juicio de amparo. Ahora bien, es pertinente precisar que la demanda de amparo la promovió Teresa Ayala Campos en representación de Marlon Palomino Ayala, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, Procurador General de la República, Juez Décimo sexto Penal de la Ciudad de México, Titular de la Policía Federal Ministerial, la primera con sede en esta ciudad de Puebla, y las restantes en la Ciudad de México; señaló como actos reclamados "ataques a la libertad personal de la que fuera privado Marlon Palomino Ayala el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis y por consecuencia la privación de su libertad personal, así como la incomunicación y desaparición forzada de persona de que ha sido objeto el mismo Marlon Palomino Ayala, por parte de las autoridades responsables." Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación. De igual forma, se comisionó al Actuario Judicial de adscripción a fin de que se constituyera en la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado, y una vez localizado lo requiriera para que ratificara o no la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el actuario adscrito a este Juzgado hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, y en la de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde le informaron que no tienen a su disposición a persona alguna con el nombre del agraviado, lo que corroboró con las personas detenidas en el área de separos. Asimismo, la autoridad responsable Juez Décimo Sexto Penal del Fuero Común en la Ciudad de México informó que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, en la causa penal 276/2012 de su índice, libró orden de aprehensión en contra de Marlon Iván Palomino Ayala, la cual fue cumplimentada el dieciocho de octubre de esta anualidad, y que el indiciado fue puesto a disposición de dicho órgano jurisdiccional en el reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Bajo ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia para conocer del asunto, toda vez que no existe ejecución en el Estado de Puebla respecto de los actos reclamados por la promovente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al del numeral 37 de la Ley de la materia vigente, no contradice las disposiciones de la ley vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, el cual se interpretó como sigue: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. Del artículo y criterios transcritos establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio. a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el Juez Décimo Sexto Penal del Fuero Común de la Ciudad de México, informó que el aquí quejoso se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra en la causa penal 276/2012 de su índice, por lo que es evidente que el acto reclamado se está ejecutando fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en la Ciudad de México. Lo que además se corrobora con la razón actuarial de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, donde el actuario adscrito a este Juzgado hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, y en la de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde le informaron que no tienen a su disposición a persona alguna con el nombre del agraviado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y la declina a favor del JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Hecho lo anterior, se solicita respetuosamente al Juez de Distrito la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de memoria respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cuanto al segundo de los escritos de cuenta, signado por Luz María Diez de Urdanivia Barrientos, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y, atento a su contenido, resérvese de acordar lo que en derecho corresponda, en atención a lo proveído en supralíneas, pues será el juez competente quien deba pronunciarse al respecto"

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