Marlet Sthepanie Aguilar Cortés
Expediente 240/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marlet Sthepanie Aguilar Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
pral.240/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de octubre de este año, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo para las a) autoridades responsables, y b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Devolución de documentos. Por otra parte, como aparece de la certificación de cuenta, en este expediente obran el 1) original de la orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte, con folio 0024 y el 2) original del acta de inspección y sanción de dieciocho de febrero del año en curso, con folio 0001, que adjuntó la parte quejosa a la demanda de amparo. Por ello, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referida, previo cotejo que se realice con la copia simple que exhiba de las mismas; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad, se procederá a su destrucción. 4. Agenda de cita. Se precisa a la parte quejosa que, conforme al artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ", a fin de recoger esas documentales o, en su caso, consultar el expediente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada le. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6.2. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6.3. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, en el plazo de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 240/2020 Acuerdo: pral.240/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de octubre de este año, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo para las a) autoridades responsables, y b) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Devolución de documentos. Por otra parte, como aparece de la certificación de cuenta, en este expediente obran el 1) original de la orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte, con folio 0024 y el 2) original del acta de inspección y sanción de dieciocho de febrero del año en curso, con folio 0001, que adjuntó la parte quejosa a la demanda de amparo. Por ello, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales antes referida, previo cotejo que se realice con la copia simple que exhiba de las mismas; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad, se procederá a su destrucción. 4. Agenda de cita. Se precisa a la parte quejosa que, conforme al artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ", a fin de recoger esas documentales o, en su caso, consultar el expediente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. 5. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada le. 6. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6.2. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6.3. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, en el plazo de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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PRAL. 240/2020 MESA 3#.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, según proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo, promovida por ***, por derecho propio, así como con el informe justificado rendido por las autoridades responsables; y se da cuenta con el oficio firmado por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, con folio de recepción 9914. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca; lo anterior, toda vez que fue recibido en este Juzgado el veintiuno de octubre del año en curso, y acordado en proveído de la misma fecha. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia correspondiente. ETAPA PROBATORIA. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como prueba: 1) Original de la orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte, con folio ***. 2) Original del acta de inspección y sanción de dieciocho de febrero del año en curso, con folio ***. 3) Copia simple del oficio ****, de seis de noviembre de dos mil dieciocho. 4) Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de ***. 5) Copia simple del pasaporte **** de ****. 6) Impresiones fotográficas. 7) Prueba de informes: Del juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Las autoridades responsables remitieron las documentales siguientes: Oficio de dos de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el subdirector de Regulación de la Actividad Empresarial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Oficio de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Orden de inspección y sanción, con folio ***. Tarjeta informativa de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Acta de inspección y sanción, con folio **. Dos impresiones fotográficas. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas dichas probanzas; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por lo que no habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este Juzgado, el día siguiente, ****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del subdirector de Regulación de la Actividad Empresarial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el expediente ****, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos interrumpidos por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y como consecuencia, se reanudó el procedimiento de este asunto. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) subdirector de Regulación de la Actividad Empresarial, 2) subdirector de Normatividad y Regulación de la Actividad Empresarial, 3) director de Economía, y 4) de la dirección de Economía, todas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte y, La clausura del establecimiento comercial ubicado en calle cinco ****, de dieciocho de febrero de dos mil veinte. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los reclamados. El 1) subdirector de Regulación de la Actividad Empresarial, 2) subdirector de Normatividad y Regulación de la Actividad Empresarial, 3) director de Economía, y 4) de la dirección de Economía, todas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negaron los actos reclamados. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las manifestaciones realizadas en el informe justificado, ya que expusieron que no resulta ilegal la clausura, ya que la parte quejosa no contaba con licencia para el funcionamiento del establecimiento, aunado que en la inspección se advirtió de la existencia de la estética-spa con denominación "***", el cual se encuentra en el mismo establecimiento cuando no está permitido, el cual tampoco cuenta con permiso; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. Aunado que la parte quejosa para acreditar la existencia de los actos reclamados exhibió el 1) original de la orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte, con folio *** y del 2) acta de inspección y sanción de dieciocho de febrero del año en curso, con folio ***, que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). De la interpretación armónica de ambos preceptos se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o a razón de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras conviene precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. Es dable destacar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro LXXX/2013, página 1854, registro 2004501, del texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso, la parte quejosa reclama la orden de inspección y sanción de dieciocho de febrero de dos mil veinte y la orden de clausura del establecimiento comercial, ubicado en ****. Dichos actos reclamados no afectan el interés jurídico de la quejosa, toda vez que, por lo que respecta al primer acto consistente en la orden de inspección y sanción, no va dirigido hacia su persona, pues en el citado oficio el subdirector de Regulación de la Actividad Empresarial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó a los inspectores adscritos a la citada subdirección que realizaran una visita de inspección al establecimiento ubicado en calle cinco de mayo, doscientos seis, colonia Barrio de Jalatlaco, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de verificar si el establecimiento contaba con la licencia correspondiente, uso de suelo, permiso y/o registro al padrón fiscal municipal, sin especificar el nombre de la quejosa; de ahí que el oficio reclamado no le vulnera ningún derecho. Asimismo, por lo que respecta a la clausura del establecimiento comercial ubicado en la calle cinco ***, tampoco le ocasiona ningún perjuicio, ya que la parte aquí quejosa no acreditó contar con la licencia correspondiente para el funcionamiento del establecimiento comercial, el cual es el documento idóneo, para, en su caso, acreditar su interés jurídico. Pues las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en la copia simple del oficio ***, de seis de noviembre de dos mil dieciocho, las impresiones fotográficas, la copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de ****, la copia simple del pasaporte *** de *** y la prueba de informes del juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, son ineficaces para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que, se insiste, la prueba idónea para acreditar la titularidad del derecho vulnerado es la licencia que le permita ejercer su actividad comercial. En ese sentido, la parte quejosa no demostró la titularidad del derecho alegado y, por ende, tampoco que se le estuviera ocasionando un perjuicio (afectación). Sirve de apoyo por las razones que la sostienen, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 61, registro 193739, del texto siguiente: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL. Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal establecen que para que opere la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en obtener la licencia acompañen todos los documentos y cumplidos los requisitos, la delegación correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal deberá expedir la licencia de funcionamiento correspondiente; transcurrido dicho plazo si no existe respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley, cuando por el silencio de la autoridad, el interesado presuma que ha operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificación no fuese emitida en este plazo, la afirmativa ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Por tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar la positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Así, ante la falta de licencia, o de las constancias antes precisadas, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, documentales que son las que acreditan la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado". En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 240/2020 MESA 3#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. 1. Se agregan oficios. Agréguense los oficios firmados por 1) la juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y por 2) el juez Segundo de lo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, por los cuales rinden el informe respectivo en relación a los puntos citados en el escrito firmado por Marlet ***, de diez de marzo del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con los mismos dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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