Marlen Yanury Julián Aquino
Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marlen Yanury Julián Aquino
Actuaciones
- Principal
PRAL 159/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diez de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. 2. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se desechó la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y constate que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.159/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito firmado por la quejosa Marlen Yanury Julián Aquino, mediante el cual atiende el requerimiento efectuado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mismo que se hizo consistir en lo siguiente: ". 1) Deberá indicar a qué autoridad(es) responsable(s) señala como ordenadora(s); es decir, si 1) al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca o 2) al juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. 2) De igual manera, deberá aclarar el número correcto del expediente; es decir, si se trata del expediente 364/2020 o 364/2021, ya que asienta diversos números en el contexto de su demanda." Al respecto, refiere: a) Que señala como autoridad responsable al juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en su calidad de ordenadora y ejecutora. b) Aclara que el número del expediente que se radica ante dicha responsable es el 364/2020. Por tanto, se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto inicial. 2. Desechamiento. Se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito y en específico de la narración de los antecedentes, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudable improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Como quedó establecido con antelación, se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del que se desprende que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por lo cual, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación, nulificación o revocación del acto reclamado. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste en la determinación de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 364/2021 (divorcio incausado), mediante la cual, entre otras cuestiones, el juez Tercero Familiar del Centro requiere a la aquí parte quejosa para que dentro del plazo de tres días exhiba, si a su interés conviene, nueva propuesta de convenio en la que se precise la forma de sobrevenir las necesidades del cónyuge al que deba otorgarse alimentos, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales habrán de realizarse el pago de la pensión alimenticia; se le apercibió que, de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda y se procedería a su desechamiento. Hecha la anterior narración, debe señalarse que los artículos 697 y 664 Quárter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 664 Quáter.- Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los requisitos del artículo 257 de este código o 279 del Código Civil, el juzgador dentro del término de tres días señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al afecto se dicte. El impetrante deberá cumplir con la prevención que haga el juzgador en un plazo máximo de tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que haya sido notificado y de no hacerlo así, juzgador desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan anexado a su escrito inicial de demanda. La anterior determinación o cualquier otra por la que no se dé curso a la demanda, se podrá impugnar mediante recurso de queja, para que se dicte por el Superior la resolución que corresponda." De los preceptos transcritos se advierte que el recurso de queja tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De igual manera, en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca se dispone el trámite del recurso de revocación, para aquellos autos que no fueran apelables y la forma de substanciación, mismos que disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." En ese contexto, como ya se precisó, en el auto reclamado, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 364/2021, el juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro requirió a la parte quejosa para que exhibiera una nueva propuesta de convenio de divorcio al no cumplir el primero con los lineamientos señalados en la ley de la materia; así que, conforme a la redacción de los preceptos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso correspondiente, con lo cual puede obtener su modificación o revocación; al no hacerlo así, se desacata el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de ese ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo. Es ilustrativa la tesis I.9o.C.186 C, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1319, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 161320, Novena Época, del contenido siguiente: "DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES ADICIONALES DICTADAS EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, Y POR TANTO, DEBE AGOTARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por regla general, cuando los cónyuges no concilian sus intereses mediante los convenios propuestos, de conformidad con el artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, el Juez decretará el divorcio y dejará a salvo los derechos de los contendientes para que los diriman en la vía incidental; la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe ser impugnada en amparo directo, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 137/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de dos mil diez, página ciento setenta y cinco, de rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)."; sin embargo en la práctica, los Jueces de lo familiar en el Distrito Federal al decretar el divorcio suelen emitir pronunciamientos en forma provisional, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, tales como alimentos, guarda y custodia, posesión de bienes, entre otros, cuyas decisiones no son, por un lado, definitivas y, por otro, no están pronunciados en el trámite incidental a que se refiere el numeral citado en primer término; en ese orden, si no es una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le pone fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación debe atenderse al principio de definitividad, consistente en haber agotado el recurso de revocación a que se refiere el artículo 685, segundo párrafo, del código procesal en cita, porque procede en contra de todo tipo de resoluciones sin hacer distinción alguna, cuando la sentencia no sea apelable, por lo que es evidente que comprende todo tipo de determinación, aun cuando se dicten en la sentencia que decretó el divorcio, si se trata de actos jurídicos distintos o independientes a la disolución del vínculo matrimonial, siempre que sean decisiones de carácter provisional, como alimentos, guarda y custodia, preservación de bienes, ocupación del domicilio, etc. No es obstáculo a lo anterior, que en la misma sentencia el Juez haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, pues si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento, dado que éste representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico, y puede contener diversos pronunciamientos independientes, y no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página ciento cuarenta y tres, de rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES."; pues aun cuando ésta se refiera a las condenas en gastos y costas en materia mercantil y de liquidación de intereses, decretadas en una sola sentencia, lo cierto es que se partió de la base de que la resolución, en sentido amplio, es divisible como documento mas no como acto jurídico, y aquél representa la solución que el juzgador dé a determinado problema jurídico, sin hacer distinción en cuanto a que se trate de una sentencia definitiva, de un auto o de una interlocutoria. De ahí que si en la sentencia reclamada el Juez realizó dos pronunciamientos independientes, como fueron la disolución del vínculo matrimonial y la fijación de medidas provisionales, y si el quejoso únicamente se duele en contra de esas medidas, entonces, deben combatirse mediante el recurso de revocación, previamente al juicio de amparo indirecto. Lo anterior no significa que exista división de la continencia de la causa, ya que la disolución del vínculo matrimonial y cualquier medida provisional son dos actos jurídicos diversos expresados en un mismo documento." Así como la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 175964, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". Precisión. Es importante destacar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Es aplicable la tesis 2ª. LXXXI/2012 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 158, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL". Así como la tesis 15 K (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.159/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintiuno. 1. Cumple prevención. Agréguese el escrito firmado por la quejosa Marlen Yanury Julián Aquino, mediante el cual atiende el requerimiento efectuado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mismo que se hizo consistir en lo siguiente: ". 1) Deberá indicar a qué autoridad(es) responsable(s) señala como ordenadora(s); es decir, si 1) al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca o 2) al juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. 2) De igual manera, deberá aclarar el número correcto del expediente; es decir, si se trata del expediente 364/2020 o 364/2021, ya que asienta diversos números en el contexto de su demanda." Al respecto, refiere: a) Que señala como autoridad responsable al juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en su calidad de ordenadora y ejecutora. b) Aclara que el número del expediente que se radica ante dicha responsable es el 364/2020. Por tanto, se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto inicial. 2. Desechamiento. Se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito y en específico de la narración de los antecedentes, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta por la vía indirecta, es evidente e indudable improcedente, por lo que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano de control constitucional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Como quedó establecido con antelación, se ve actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del que se desprende que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través de los cuales puedan ser combatidos y, por ende, modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por lo cual, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación, nulificación o revocación del acto reclamado. De modo que cuando exista un recurso o medio de defensa legal por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción del juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste en la determinación de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 364/2021 (divorcio incausado), mediante la cual, entre otras cuestiones, el juez Tercero Familiar del Centro requiere a la aquí parte quejosa para que dentro del plazo de tres días exhiba, si a su interés conviene, nueva propuesta de convenio en la que se precise la forma de sobrevenir las necesidades del cónyuge al que deba otorgarse alimentos, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales habrán de realizarse el pago de la pensión alimenticia; se le apercibió que, de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda y se procedería a su desechamiento. Hecha la anterior narración, debe señalarse que los artículos 697 y 664 Quárter del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 664 Quáter.- Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los requisitos del artículo 257 de este código o 279 del Código Civil, el juzgador dentro del término de tres días señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al afecto se dicte. El impetrante deberá cumplir con la prevención que haga el juzgador en un plazo máximo de tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que haya sido notificado y de no hacerlo así, juzgador desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan anexado a su escrito inicial de demanda. La anterior determinación o cualquier otra por la que no se dé curso a la demanda, se podrá impugnar mediante recurso de queja, para que se dicte por el Superior la resolución que corresponda." De los preceptos transcritos se advierte que el recurso de queja tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De igual manera, en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca se dispone el trámite del recurso de revocación, para aquellos autos que no fueran apelables y la forma de substanciación, mismos que disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." En ese contexto, como ya se precisó, en el auto reclamado, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 364/2021, el juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro requirió a la parte quejosa para que exhibiera una nueva propuesta de convenio de divorcio al no cumplir el primero con los lineamientos señalados en la ley de la materia; así que, conforme a la redacción de los preceptos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el acto reclamado puede ser combatido a través del recurso correspondiente, con lo cual puede obtener su modificación o revocación; al no hacerlo así, se desacata el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de ese ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo. Es ilustrativa la tesis I.9o.C.186 C, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1319, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 161320, Novena Época, del contenido siguiente: "DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES ADICIONALES DICTADAS EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, Y POR TANTO, DEBE AGOTARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por regla general, cuando los cónyuges no concilian sus intereses mediante los convenios propuestos, de conformidad con el artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, el Juez decretará el divorcio y dejará a salvo los derechos de los contendientes para que los diriman en la vía incidental; la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe ser impugnada en amparo directo, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 137/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de dos mil diez, página ciento setenta y cinco, de rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)."; sin embargo en la práctica, los Jueces de lo familiar en el Distrito Federal al decretar el divorcio suelen emitir pronunciamientos en forma provisional, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, tales como alimentos, guarda y custodia, posesión de bienes, entre otros, cuyas decisiones no son, por un lado, definitivas y, por otro, no están pronunciados en el trámite incidental a que se refiere el numeral citado en primer término; en ese orden, si no es una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le pone fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación debe atenderse al principio de definitividad, consistente en haber agotado el recurso de revocación a que se refiere el artículo 685, segundo párrafo, del código procesal en cita, porque procede en contra de todo tipo de resoluciones sin hacer distinción alguna, cuando la sentencia no sea apelable, por lo que es evidente que comprende todo tipo de determinación, aun cuando se dicten en la sentencia que decretó el divorcio, si se trata de actos jurídicos distintos o independientes a la disolución del vínculo matrimonial, siempre que sean decisiones de carácter provisional, como alimentos, guarda y custodia, preservación de bienes, ocupación del domicilio, etc. No es obstáculo a lo anterior, que en la misma sentencia el Juez haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, pues si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento, dado que éste representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico, y puede contener diversos pronunciamientos independientes, y no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página ciento cuarenta y tres, de rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES."; pues aun cuando ésta se refiera a las condenas en gastos y costas en materia mercantil y de liquidación de intereses, decretadas en una sola sentencia, lo cierto es que se partió de la base de que la resolución, en sentido amplio, es divisible como documento mas no como acto jurídico, y aquél representa la solución que el juzgador dé a determinado problema jurídico, sin hacer distinción en cuanto a que se trate de una sentencia definitiva, de un auto o de una interlocutoria. De ahí que si en la sentencia reclamada el Juez realizó dos pronunciamientos independientes, como fueron la disolución del vínculo matrimonial y la fijación de medidas provisionales, y si el quejoso únicamente se duele en contra de esas medidas, entonces, deben combatirse mediante el recurso de revocación, previamente al juicio de amparo indirecto. Lo anterior no significa que exista división de la continencia de la causa, ya que la disolución del vínculo matrimonial y cualquier medida provisional son dos actos jurídicos diversos expresados en un mismo documento." Así como la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 175964, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". Precisión. Es importante destacar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Es aplicable la tesis 2ª. LXXXI/2012 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 158, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL". Así como la tesis 15 K (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL. 159/2021 8 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo depositada el veintitrés de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, promovida por la quejosa Marlen Yanury Julián Aquino, por propio derecho, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 159/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Prevención. Vista la demanda de amparo, y conforme a lo establecido en los numerales 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa, a fin de que, bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días siguientes al en que quede notificada de este auto, realice lo siguiente: 1) Deberá indicar a qué autoridad(es) responsable(s) señala como ordenadora(s); es decir, si 1) al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca o 2) al juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. Lo anterior, toda vez que en el capítulo III, relativo a las autoridades responsables, indica: (Imagen escaneada) En tanto que en el capítulo del acto reclamado señala a una autoridad distinta, pues, al respecto, refiere: 2) De igual manera, deberá aclarar el número correcto del expediente; es decir, si se trata del expediente 364/2020 o 364/2021, ya que asienta diversos números en el contexto de su demanda, según se advierte de la anterior y siguiente imágenes escaneadas. Se hace notar que esas precisiones son necesarias, ya que corresponde a la parte quejosa aclarar tal circunstancia, a fin de que se identifique quién(es) es(son) la(s) autoridad(es) responsable(s) a las que atribuye el acto y, en su caso, sea(n) llamada(s) a la litis, puesto que, en el caso específico de designación de autoridades, no opera la suplencia de la queja; aunado a que deben conocer el número correcto del juicio en el que se reclama el acto. Es aplicable la tesis III.2o.P.36 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro 176376, cuyo rubro es: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA". Así como la diversa 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200588, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." 3.1. Apercibimiento. Hágase saber a la parte quejosa que deberá aclarar la irregularidad destacada; apercíbasele que de no subsanarla, dentro del plazo referido, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y, como autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que cita. 5. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera de las 9:00 a las 14:00 horas. 5.1. La parte quejosa señala número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa proporcionando un número de teléfono móvil. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para que se establezca el contacto respectivo (comunicación no procesal), en los casos en que se estime necesario. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordena la notificación personal a la parte quejosa de este auto, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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