Marlene García Sánchez y Otros.
Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marlene García Sánchez y Otros.
- Presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (denominación de la señalada como Administrador Provisional del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 11/05/2022)
- Marlene García Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
PRAL 312/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto los autos, se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se ordenó guardar en la secretaría de este Juzgado los cuadernos de antecedentes del juicio principal y del incidente de suspensión, hasta en tanto se remitiera el expediente original al archivo como asunto concluido; circunstancia que ya aconteció, pues en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós se ordenó el archivo de este expediente principal. 2. Se ordena archivo de los cuadernos de antecedentes. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, procédase a la destrucción de los cuadernos de antecedentes dentro de los treinta días siguientes, con la remisión del acta de baja documental correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 312/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que le concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68. 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a SU DESTRUCCIÓN, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Devolución de documentos. Con apoyo en el artículo 20 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que acompañó a su demanda de amparo, consistentes en: a) Acuse de escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, suscrito por los quejosos. b) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Marlene García Sánchez. c) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Juan José Rosique Sánchez. d) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Alejandro Fortino Pérez Velasco. Previa copia certificada que se agregue para constancia, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; para lo cual, deberá acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) la representante común o persona autorizada para ello, a recoger dichas documentales, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibida que de no solicitarla dentro de ese plazo, podrá ser destruida junto con este expediente. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 312/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que le concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68. 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a SU DESTRUCCIÓN, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Devolución de documentos. Con apoyo en el artículo 20 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a disposición de la parte quejosa las documentales que acompañó a su demanda de amparo, consistentes en: a) Acuse de escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, suscrito por los quejosos. b) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Marlene García Sánchez. c) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Juan José Rosique Sánchez. d) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Alejandro Fortino Pérez Velasco. Previa copia certificada que se agregue para constancia, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; para lo cual, deberá acudir a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) la representante común o persona autorizada para ello, a recoger dichas documentales, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos; apercibida que de no solicitarla dentro de ese plazo, podrá ser destruida junto con este expediente. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 312/2022 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en auto de veintinueve de julio de este año, para celebrar la audiencia constitucional Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 312/2022, sin que asistieran las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: I. Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo y escritos aclaratorios suscritos por 1) Marlene García Sánchez, 2) Alejandro Fortino Pérez Velasco y 3) Juan José Rosique Sánchez, por propio derecho, informes justificados de las autoridades responsables y demás constancias que integran este juicio de amparo. II. Además, hace constar que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales y no así las demás partes procesales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales y no así las demás partes procesales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas, las siguientes documentales: a) Copias simples de las credenciales para votar de los quejosos expedida por el Instituto Nacional Electoral. b) Acuse de escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, suscrito por los quejosos. c) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Marlene García Sánchez. d) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Juan José Rosique Sánchez. e) Acuse original de escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Alejandro Fortino Pérez Velasco. f) Copia simple del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 10/2017, del índice Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. En tanto que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado ofreció como pruebas documentales las consistentes en: 1) Copia certificada del acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 46/2022 de su índice. 2) Copia certificada del acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 47/2022 de su índice. 3) Copia certificada del acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 48/2022 de su índice. 4) Copia certificada del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 10/2017, de su estadística. La autoridad responsable presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca ofreció como prueba documental copia certificada del acta de no entrega-recepción de dos de abril de dos mil veintidós A continuación, se acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las documentales de que se tratan, las que se desahogan por su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. No existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron; por lo que se declara cerrado este período y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 312/2022; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, y turnada ese mismo día, a este órgano jurisdiccional, 1) Marlene García Sánchez, 2) Alejandro Fortino Pérez Velasco y 3) Juan José Rosique Sánchez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Radicación y prevención de la demanda de amparo. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 312/2022; y se le previno a la parte quejosa en los términos que ahí consta. Tercero. Tramite de la demanda de amparo. Por auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención efectuada, en consecuencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cuarto. Precisión de denominación de una autoridad responsable. Por auto de once de mayo de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa precisando la denominación de la autoridad señalada como "administrador provisional del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca", por "presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca", por tanto, se solicitó su informe justificado. Quinto. Citación a audiencia. Luego de los trámites correspondientes, previos diferimientos, se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y la ejecución del acto reclamado se le atribuye a las autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados y por los cuales se realizará el análisis relativo, son: a) Del presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-denominación correcta-: - La omisión de contestar su escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que le solicitaron el pago de la condena económica dictada en el expediente 10/2017, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. b) De la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado: - La falta de contestación sobre la condena económica dictada en el expediente 10/2017, de su índice. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-denominación correcta- negó la existencia del acto atribuido, e informó que dicho escrito suscrito por los quejosos no había sido recibido en ese municipio; asimismo, hizo del conocimiento que la anterior administración municipal no le dejó expedientes ni archivo físico de los trámites que se realizan en ese municipio. No obstante, se considera que no es el caso de presumir (o desvirtuar la negativa) cierta la existencia del acto, atendiendo a que si bien tratándose de actos omisivos, la carga de la prueba corresponde a las autoridades y no al quejoso, pues es principio aceptado que las omisiones no son materia de prueba; también es cierto que ese principio debe ceder ante la certidumbre sobre si las autoridades omisas están obligadas a actuar como consecuencia del acto reclamado; esto es, si de acuerdo a su naturaleza puede exigírseles o no su cumplimiento. Por ello, es preciso destacar que si bien es cierto que los quejosos exhibieron escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dirigido al administrador Municipal Constitucional de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, (presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-denominación correcta-), lo cierto es que dicho documento solo cuenta con la leyenda "Recibí oficio 24/02/2022 Gabriela Matías secretaria del Administrador", sin que obre en el mismo un sello oficial de recibido; tampoco en este juicio se acreditó que la persona que supuestamente recibió dicho escrito perteneciera al municipio o trabajara para el entonces administrador Municipal Constitucional de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca; por ello, dicho escrito por sí solo carece de valor probatorio pleno, pues no se encuentra relacionada con otros elementos de prueba, que permitan generar la convicción de que la parte quejosa formuló su solicitud por escrito ante la autoridad responsable. En consecuencia, tal circunstancia se traduce en un impedimento jurídico para demandarle a la responsable una respuesta por escrito. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente. "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." (Tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Ello es así, pues del criterio transcrito se desprende que cuando la existencia de la conducta omisiva de la responsable requiere la previa existencia de una solicitud de la quejosa, a ella corresponde acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, como no se advierte la existencia de un acuse del escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós con sello original, dirigido al administrador Municipal Constitucional de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, (presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-denominación correcta-), y en virtud de que la parte quejosa no probó la existencia del acto, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del diverso acto reclamado. La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. Sin embargo, remitió diversas constancias valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, que rige esta resolución, en términos de su artículo 2º, de las que se advierte la existencia de la omisión reclamada; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Quinto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación sobre la condena económica dictada en el expediente 10/2017, atribuido a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los efectos de esa omisión cesaron. En efecto, al rendir informe justificado la junta responsable precisó que por acuerdos de uno, ocho de abril y trece de mayo de dos mil veintidós, dictados en los expedientes 46/2022, 47/2022 y 48/2022, acordó y dio contestación a los escritos de los quejosos presentados el veintiocho de febrero de este año, en los cuales solicitaron diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la condena económica dictada en el laudo emitido en el expediente 10/2017, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; asimismo, que en el último auto se acordó lo siguiente: " " Precisó diversos acuerdos emitidos en el expediente 10/2017, de su índice y concluyó lo siguiente: " " (Imágenes escaneadas) Por lo anterior, es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, ya que se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención reclamada en este juicio y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo promovido por los quejosos 1) Marlene García Sánchez, 2) Alejandro Fortino Pérez Velasco y 3) Juan José Rosique Sánchez, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sexto. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, publíquese la presente sentencia con la supresión de sus datos personales, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, pero protegiendo dicha información atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Marlene García Sánchez, 2) Alejandro Fortino Pérez Velasco y 3) Juan José Rosique Sánchez contra actos del presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca-denominación correcta- y de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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