MARlA FERNANDA RODRÍGUEZ DIEGO

Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
94/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • MARlA FERNANDA RODRÍGUEZ DIEGO

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa XXXXX, por derecho propio, contra actos del ".Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla." y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a la quejosa, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del 1 El concepto de garantía individual permeaba la constitución antes de sus reformas publicadas el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, pero a partir de estas fue introducido el concepto de derechos humanos -derechos fundamentales en el bloque actual de constitucionalidad- como se aprecia en el artículo 1 de nuestra ley suprema que dispone: "Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, conviene indicar que la quejosa reclama el traslado del cual fue objeto, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, del centro penitenciario de Tecamachalco, donde estaba recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Ese traslado fue realizado en forma exclusiva por autoridades penitenciarias y de seguridad pública, es decir, sin la intervención de un juez, motivo por el cual se trata de un traslado involuntario, como se desprende de las autoridades señaladas como responsables: 3 Tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ".a).- Al Ciudadano Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. b).- Al Ciudadano Subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla... c).- Al Ciudadano Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla... d).- Al Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla.". Sin embargo, el traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la quejosa desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de tutela contra el traslado involuntario del cual fue objeto, en lugar de agotar primero la controversia judicial mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resultó de la contradicción de tesis invocada-, la cual fue emitida en la Undécima Época, con registro digital 2023736, y dice: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". Así, debe imponerse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la improcedencia de la acción de tutela contra actos de autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se examine el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, la quejosa como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra el traslado del cual fue objeto, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, del centro penitenciario de Tecamachalco, donde estaba recluida, al diverso que se ubica en Ciudad Serdán, ambos del Estado de Puebla. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de tutela, la quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que presentó la quejosa contra el traslado del cual fue 4 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. objeto, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues el traslado involuntario realizado contra aquélla, debe impugnarlo primero a través del recurso denominado controversia judicial, expuesta con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, autorizado y medio de contacto no procesal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y que se publican desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), porque solicitó ser notificada por estrados (sic). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, la persona designada por la quejosa porque así lo solicitó. Asimismo, se tiene el correo electrónico que ofreció la promovente en el primer acápite de su demanda, como medio de contacto no procesal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (por medio de lista); y cúmplase.

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