Marissa Martínez Paredes

Expediente 108/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Marissa Martínez Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por la quejosa xxxxxxx, por derecho propio, contra actos de ".Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla Esaul Lenin Cruz Hernández, encargado de la carpeta de investigación número 542/2020/FEIDAI-C5.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional-constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Para mayor claridad en el presente asunto, resulta relevante detallar los hechos siguientes que se advierten de la integridad de la demanda: 1. Derivado del hecho con apariencia de delito contra la salud, acontecido el doce de diciembre de dos mil veinte, se detuvieron a unos familiares de la aquí quejosa, y se aseguró el vehículo marca xxxxxxxxxxxx, bajo la carpeta de investigación 542/2020/FEIDAI-C5. 2. En audiencia inicial de quince de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 304/2020/HUAUCHINANGO, derivado de las diversas irregularidades advertidas en ese asunto, el juez de control determinó no calificar de ilegal la detención y retención de los familiares de la quejosa. Derivado de esa causa, la parte quejosa solicitó ante la representación social la devolución de su automotor, a lo cual el fiscal acordó procedente su devolución (previo juicio de amparo 165/2021, del índice de este órgano jurisdiccional). 3. Con motivo de la devolución ordenada, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el fiscal hizo entrega a la 2 13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta. quejosa de un oficio dirigido a la persona jurídica denominada "xxxxxxxxx", para que realizara la devolución de su vehículo. Empero, al encontrarse en el domicilio de las referidas grúas, en ese lugar le indicaron que no le podían devolver su vehículo hasta en tanto realizara el pago de las cantidades de $xxxxxxxxxxx y $xxxxxxxxxxxxx, por conceptos de resguardo y arrastre por grúa, respectivamente. 4. Por motivos de salud, la quejosa expresa bajo protesta de decir verdad que no tuvo oportunidad de volver a "xxxxxxx", hasta el ocho de enero de dos mil veintidós. En ese día, al volver a solicitar la devolución de su vehículo ante la indicada persona jurídica, el personal que laboraba en el lugar le reiteró la imposibilidad de devolverle el automotor propiedad de la quejosa hasta en tanto no se le hiciera entrega del pago que se había generado hasta ese momento, ascendiendo a un total de $xxxxxxx, por concepto de resguardo de su vehículo en el corralón de marras, y de $xxxxxxxxxxx. Resultado de lo anterior, se obtiene que la quejosa pretende reclamar en el presente juicio los actos siguientes: A) El oficio 1166/2021/FEIDAI, emitido por Esaul Lenin Cruz Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, en la carpeta de investigación 542/2020/FEIDAI-C5, atribuido al citado representante social; B) La negativa de dar cumplimiento a la liberación del vehículo marca xxxxxxxxxxx, y restituir a la quejosa de la propiedad del automotor; y, C) La orden de cobro por las cantidades de $xxxxxxxxxxx y $xxxxxxxxxxx, conceptos de resguardo y arrastre por grúa, respectivamente, para la liberación del vehículo de mérito. No obstante lo anterior, derivado de los antecedentes expuestos, se establece que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual textualmente expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" Del precepto transcrito se establece que para tener por actualizada dicha causal de improcedencia, deben concurrir los elementos siguientes: a) la existencia del acto reclamado; b) que el acto reclamado causa agravio al gobernado; y, c) una conducta espontánea del quejoso con apoyo en dicho acto. Esto es, debe determinarse que un acto de autoridad se entiende consentido expresamente cuando el quejoso hace del conocimiento de la autoridad responsable que está conforme con su actuación, existiendo una constancia al respecto, por lo que existe una adhesión verbal a él, escrita o traducida en signos inequívocos. Además del consentimiento expreso, la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, alude a una especie de consentimiento, al disponer que es improcedente el juicio de amparo contra actos que hayan sido consentidos mediante manifestaciones de voluntad que entrañen un consentimiento. En materia de amparo, el consentimiento mencionado se traducirá en la realización de hechos por parte del agraviado que indiquen principalmente su disposición de cumplir el acto o la ley reclamados. De lo antes apuntado, se destaca que si el quejoso ha evidenciado su conformidad con el acto de autoridad que pudiera resultar transgresor de derechos humanos, ya sea que dicha conducta de aceptación del acto reclamado sea expresa o se infiera por la forma de actuación en que se entrañe ese consentimiento o aceptación, el juicio de amparo deberá ser declarado improcedente. Ahora, los actos derivados de actos consentidos, son aquéllos que emanan directamente de un acto que expresamente o por manifestaciones de voluntad; es consentido por el promovente del juicio de amparo y para que se dé tal circunstancia, además de la relación causal que debe existir entre el acto de la autoridad consentido y el acto de autoridad que participe de dicho carácter, para que sea aplicable la causal de improcedencia invocada, se requiere que la inconstitucionalidad entre ambos no sea independiente o no esté desvinculada. Ilustra lo expuesto la Tesis 193 sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 165 del Apéndice 2000, Tomo VI, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Improcedencia respecto al oficio 116/2021/FEIDAI. Establecido lo anterior, debe decirse que en el presente asunto, referente al acto precisado como "El oficio 1166/2021/FEIDAI, emitido por Esaul Lenin Cruz Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, en la carpeta de investigación 542/2020/FEIDAI-C5, atribuido al citado representante social", el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior es así, ya que del mismo se desprende que éste fue emitido por el fiscal señalado como responsable, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, y a su vez fue entregado a la quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se desprende del apartado de antecedentes de su demanda, narrados bajo protesta de decir verdad. Luego, del contenido del oficio de referencia, el cual se anexa a su escrito de tutela constitucional, se aprecia que en el mismo únicamente se ordena la liberación del vehículo que ahí se describe sin que en ese documento se señalen los importes a que hace referencia la quejosa en su demanda para conseguir la liberación de su automotor, o en su defecto, que la liberación del vehículo habría de ser sin costo alguno. Sobre todo, cuando acudió a las grúas en donde se encontraba su vehículo, y a pesar de mostrar el referido oficio, se condicionó la liberación del vehículo al pago de arrastre y resguardo. Lo relatado evidencia que la parte quejosa se encontraba en aptitud para inconformarse del contenido del referido oficio de liberación en el plazo de quince días siguientes a que tuvo conocimiento del mismo; ello en términos de los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al no interponer juicio de amparo en relación al contenido del oficio relatado en 1166/2021/FEIDAI, emitido en la carpeta de investigación 542/2020/FEIDAI-C5, se establece que la quejosa consintió el contenido de dicha misiva, exteriorizando una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento. De ahí que se estime que al no impugnar en tiempo el contenido del referido oficio, la quejosa consintió su contenido, lo que genera como resultado que sea improcedente acudir a la vía constitucional para reclamar la legalidad de ese oficio. Improcedencia respecto a los actos que se hacen consistir en la negativa de liberar el vehículo para ser restituido a la parte quejosa, así como la orden de cobro para lograr la referida liberación. Los actos que se hacen consistir en la negativa de liberar el vehículo marca xxxxxxxxx, para ser restituido a la parte quejosa, así como la orden de cobro por las cantidades de $xxxxxxxxxx y $xxxxxxxxxx, conceptos de resguardo y arrastre por grúa, respectivamente, para la liberación del vehículo de mérito, sin improcedentes en el presente juicio de amparo. Se dice lo anterior, ya que si bien dichos actos derivan de un oficio cuyo contenido fue consentido al no ser reclamado en tiempo y forma ante la autoridad competente, lo cierto es que no se debe perder de vista que al realizarle la entrega de esa misiva, y al constituirse en el domicilio en que se encuentran localizadas las grúas que señala como responsables, ya había tenido conocimiento que en ese lugar le efectuarían el cobro de las cantidades de $xxxxxxxxxxxx y $xxxxxxxxx, por conceptos de resguardo y arrastre por grúa, respectivamente. Y, a pesar de esa situación, dejó que transcurriera el tiempo, sin que en algún momento impugnara ese cobro y/o el oficio respectivo -como se destacó en párrafos precedentes-, sino que esperó hasta el ocho de enero de dos mil veintidós, día en que acudió de nueva cuenta ante "xxxxxx", momento en el cual se señalaron que el monto actualizado a pagar para la liberación de su vehículo, ascendería a un total de $xxxxxxxxx, por concepto de resguardo de su vehículo en el corralón de marras, y de $xxxxxxxxx. Cabe destacar que ese cobro no es aislado al que se efectuó en un primer momento -el cual no fue impugnado-, sino que se trata del mismo cobro y únicamente varían las cantidades por el transcurso del tiempo que el quejoso dejó pasar a pesar de contar con un oficio de devolución desde el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Ello evidencia que derivado de su segunda visita a las referidas grúas, la aquí quejosa pudo nuevamente inconformarse por la manifestación verbal del aumento del cobro, dentro de los plazos a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Sin embargo, la quejosa volvió a permitir que transcurriera un año más para poder acudir en esta data al medio extraordinario de control de constitucionalidad y legalidad. En efecto, el actuar de la quejosa hace notar que los actos que reclama relativos la negativa de dar cumplimiento a la liberación de su vehículo y a la orden de cobro, constituyen un acto consentido derivado de otro de la misma naturaleza, como en este caso lo fue el oficio de liberación, tal como se expone en esta determinación. Esas circunstancias evidencia la improcedencia del juicio de amparo; pues, como se explicó en esta determinación, la quejosa exteriorizó una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento, acorde a la hipótesis de actos derivados de otros consentidos, porque la quejosa permitió que transcurriera en exceso el plazo para inconformarse en relación a los actos que se reclaman a través del presente juicio de amparo. Es aplicable por identidad de razón la Jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, que dispone: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque el acto que pretende reclamar conforme a su escrito aclaratorio, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, 3 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesional xxxxx, por haber sido designado con tal carácter por la parte quejosa y por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, se tiene por señalados como autorizados en términos restringidos del enunciado numeral, a las personas restantes indicadas en el escrito de tutela constitucional; lo anterior, por no contar con cédula profesional debidamente registrada en el señalado sistema. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; personalmente a la quejosa; y cúmplase.

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