Marlon Ándres Acosta Villegas
Expediente 1146/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marlon Ándres Acosta Villegas
- Delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1146/2022-VI. Puebla, Puebla, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Toda vez que no existen constancias remitidas por las autoridades responsables que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO Por último, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En Puebla, Puebla a las diez horas con seis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1146/2022-VI, promovido por Marlon Andrés Acosta Villegas por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales M.S.A.R., contra actos de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, y otra autoridad responsable. Se encuentra presente la jueza María del Carmen Ruíz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistida del secretario Ignacio Aldrete González, que autoriza y da fe. De inmediato, la jueza declara abierta la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la presencia de las partes. Ello, en virtud de que no expresaron su voluntad de llevar a cabo la presente audiencia a través de videoconferencia; además, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado mediante su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la presente audiencia puede desahogarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Acto continuo, el secretario relata las constancias del expediente constitucional, entre las cuales, hace resaltar: la demanda de amparo; el auto de admisión; el emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como los informes justificados de las autoridades responsables; las cuales no se transcriben en atención al principio de economía procesal y porque han quedado recibidas en este acto. La jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas y el secretario da cuenta que las partes no aportaron medios de convicción. Al respecto, la jueza acuerda: al no haber medio de convicción que relacionar, se cierra el período probatorio. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y el secretario da cuenta que las partes no los expresaron. Al respecto, la jueza acuerda: al no haber alegatos formulados por las partes, se cierra dicho período. Por ende, como última parte de la audiencia constitucional, se dicta la siguiente sentencia. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 756/2022-VI promovido por********************, por derecho propio, contra actos del por derecho propio, contra actos Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de julio de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo promovida por el quejoso, en la cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí se señalaron. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinte de julio dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 756/2022-VI, y se admitió a trámite la demanda de amparo por las autoridades y actos que se señalan en dicho auto; además, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del ministerio público de la adscripción. TERCERO. Inexistencia de autoridades responsables. Mediante acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las siguientes autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial de San Martín Texmelucan, Puebla, Comandantes de la Policía Ministerial de Puebla, Agentes del Ministerio Público de Puebla, Agentes del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla y Agentes del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla. Asimismo, en virtud de que las partes no hicieron ninguna petición respecto a celebrar la audiencia constitucional a través de videoconferencia, ésta tuvo verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede a este fallo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. La titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es constitucional y legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso b), VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto segundo, fracción VI, tercero, fracción VI y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como el diverso 23/2015 difundido en el propio medio oficial el veintinueve de mayo de dos mil quince, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un juzgado de distrito, por materia son de naturaleza penal, contra autoridades con jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, pues tienen residencia en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados respecto a la primera admisión son: La orden de aprehensión librada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, contra el aquí quejoso, y su cumplimiento atribuido a las autoridades ejecutoras. Hecha esta precisión, se procede ahora a analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan. Jefe de Grupo Titular de la Agencia Estatal de Investigación en Huejotzingo, Puebla. De modo que se tiene una negativa de los actos reclamados, de las autoridades responsables referidas, tanto ordenadora como ejecutora. Además, el quejoso no aportó pruebas que desvirtuaran las negativas que se han estimado de las autoridades responsables, aun cuando el ofrecimiento de medios de convicción era indispensable para acreditar la existencia de los actos combatidos. En tales condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio dada la inexistencia de los actos imputados a las autoridades señaladas como responsables. Al respecto, sirve de apoyo el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.451 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, materia común, tomo XV-2, febrero de 1995, página 556; cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO, ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la quejosa la carga de demostrar lo contrario; de tal manera que si no desvirtúa los informes justificados, procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En el auto de admisión se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme lo establecen los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, no realizaron manifestación expresa al respecto. Por tanto, y en virtud de que los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, establecen que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación; ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. QUINTO. Adopción de medidas sanitarias. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada ante la contingencia de salud pública derivada del virus SARS-CoV-2, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que los oficios generados a fin de notificar esta sentencia a las autoridades responsables foráneas, sea enviado vía correo electrónico -ya sea oficial o al proporcionado por quien se encuentre de guardia-, debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. Pero, en caso de tratarse de autoridades locales, deberán entregar físicamente el oficio respectivo; para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución; 63 fracción IV, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por********************, por inexistencia de los actos reclamados de las autoridades responsables, en términos de los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los razonamientos expuestos en este último. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el cuarto punto considerativo. TERCERO. Se dispuso una vía especial de notificación por la situación actual de contingencia sanitaria en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la jueza María del Carmen Ruiz Medina, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el secretario Ignacio Aldrete González, que autoriza y da fe (firmado electrónicamente)
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