Marisela Cruz Sandoval y Otros.

Expediente 1/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Marisela Cruz Sandoval y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado que guarda el presente expediente se advierte que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, un disco que permitió visualizar la audiencia celebrada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal *** . Sin embargo, en acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, causó estado el proveído por el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos, y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido. Por lo anterior, se ordena devolver a su lugar de origen (Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla) el citado disco compacto que obra en sobre plastificado, sin que se solicite el acuse de recibo porque sólo es una copia de la audiencia original.

  2. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal del juicio, se advierte que los quejosos omitieron recurrir el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 50 a la 53), en el cual se desechó de plano la demanda de protección de derechos. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En último lugar, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental.

  3. Principal

    Se agregan al expediente el oficio y anexo de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual cumple lo requerido en acuerdo de quince de enero del año en curso, pues remite copias certificadas de la audiencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete, desahogada en la causa penal *** -que generó los actos reclamados- y un disco compacto formato dvd que contiene tanto el video como el audio de dicha audiencia. En consecuencia, se ordena glosar las constancias y el disco remitidos por la citada jueza; aunado a que se deja insubsistente el apercibimiento que se le formuló en este asunto. Ahora, las constancias remitidas por la autoridad oficiante -tanto en documento escrito como en su reproducción audiovisual- permiten ubicar la fecha de notificación a los quejosos, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que constituye el principal acto reclamado (foja 4). En efecto, las copias y el disco recibidos permiten visualizar que esa medida de prisión fue impuesta a los quejosos, durante una audiencia celebrada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal ***, donde participaron aquellos y su defensor. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada, se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). De la lectura integral de la demanda y el escrito aclaratorio presentados por los quejosos, se observa el reclamo de la medida cautelar de prisión preventiva, que les fue impuesta el cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el proceso ***, del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Medida cautelar que reconocieron (los quejosos) haber recibido durante la referida audiencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete; lo cual manifestaron bajo protesta de decir verdad (foja 20). Además, las constancias remitidas por la jueza de control respecto de la citada audiencia, revelan que tanto los quejosos como su defensor quedaron enterados el mismo cuatro de julio de dos mil diecisiete, de la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Máxime que los quejosos omitieron solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días, pues la demanda de amparo fue presentada hasta el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 1). Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso, el defensor y los quejosos fueron notificados de la medida cautelar de prisión preventiva, en la audiencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete, como lo informó la jueza de control en las constancias que se recibieron (al principio de este acuerdo). Por consiguiente, el plazo de quince días que tenían para solicitar la protección, comenzó el jueves seis de julio de dos mil diecisiete (día siguiente hábil de aquél cuando surtió efectos la notificación realizada durante la audiencia de cuatro de julio de ese año) y terminó el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Se hace notar que el periodo vacacional que tuvo el Poder Judicial del Estado de Puebla, de ninguna forma impacta el cómputo realizado en el párrafo anterior, porque el Pleno del Tribunal Superior de Justicia determinó que el personal de los juzgados de control, saliera de vacaciones en forma escalonada, lo cual implica que las labores judicial continuaron de forma ininterrumpida. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2). Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentida tácitamente la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta a los quejosos en la audiencia de cuatro de julio de dos mil diecisiete. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento, como en el caso lo es la medida cautelar de prisión preventiva, en modo alguno constituye una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello, la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tiene un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación, a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos, la resolución queda firme, para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA" . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".

  4. Principal

    Se agrega a las presentes actuaciones el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Regional Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual informa que los quejosos y su defensor fueron notificados de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el cuatro de julio de dos mil diecisiete. Pero el referido juez omitió remitir constancias que acrediten su informe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita en copia certificada las constancias de notificación hechas a los quejosos y su defensor de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, ya sea que la notificación se haya realizado por escrito o en una audiencia (de ser este supuesto deberá remitir también el disco que contenga la respectiva audiencia). Se apercibe a la citada autoridad que de omitir dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado, sin causa justificada, o dejar de manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien unidades de medida y actualización diarias (conforme al artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo). Por último, se hace notar que es innecesario notificar a los quejosos en forma personal, el contenido del presente acuerdo, porque ningún derecho procesal está involucrado.

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