Mario Sanchez Martinez
Expediente 88/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mario Sanchez Martinez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos la misiva que suscribe el presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por virtud del cual acusa recibo del diverso comunicado 4798/2022 del índice de este órgano judicial, al que se le adjuntó la documental consistente en expediente de origen ********* en un tomo.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo del año actual, causó firmeza legal el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** y se ordenó el archivo de los autos como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó a su informe de ley la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad -dado que la demanda de amparo se promovió en la vía uniinstancial-, consistente en los autos del expediente ******************** en un tomo, devuélvasele; en el entendido que el actuario de la adscripción recabará el acuse de recibo condigno.
- Principal
Recepción Por recibido el oficio que firma el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite lo siguiente: Testimonio de la resolución pronunciada en el impedimento número 15/2021 de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; y, Expediente número 655/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato y un tomo de pruebas. Para un mejor manejo del expediente judicial en que se actúa, dado lo voluminoso del expediente anexo al juicio de amparo que se recibe, fórmese un tomo de pruebas que deberá identificarse con el número I. Vía electrónica, remítase el acuse de recibo solicitado. Vista la demanda de amparo formulada por **********, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 88/2022-5. Prevención de la demanda Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión, desechamiento o competencia legal, de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 y 114 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise cuál es su domicilio actual; lo que deberá acreditar con documento fehaciente. Lo anterior, en virtud de que la resolución que reclama podría tener efectos positivos y, por ende, ejecución material en el domicilio en el que se desenvuelve el peticionario del amparo, por tanto, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia PC.XVI.A JA/23 A (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con registro 2019174, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Requerimiento que se realiza debido a que la información proporcionada en la demanda, resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. Cuestiones que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y en su caso sobre la competencia legal por cuestión de territorio. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, Novena É, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Cabe mencionar que del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción indicada por el artículo 110 de la ley de la materia; es decir, una para la autoridad responsable, una para cada uno de los terceros interesados y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado Apercibimiento Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio procesal del promovente el que indica en su escrito de demanda. Sin que proceda tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico y números telefónicos que menciona, dado que dichas figuras no se encuentran reguladas en la normatividad que rige el juicio de amparo, sin embargo, se toman en consideración para, en su caso, establecer vías de contacto efectivo en los supuestos que se estime conveniente. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.
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