Marisela Parra Martínez y Otros.

Expediente 411/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
411/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Marisela Parra Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Acepta competencia declinada. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de juez, con residencia en Agua Prieta, Sonora, mediante el cual informa, que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada del juicio de amparo 411/2021, del índice de este juzgado, y formó el diverso 75/2021, de su índice. En esa virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintiuno. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Incompetencia. Una vez analizada la demanda presentada por Marisela Parra Martínez, Francisco Antonio Salazar Magdaleno y Luis Ernesto Navarrete Villarreal, contra actos de la Primera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando este haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del artículo 48 de la ley de la materia establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de Distrito y se estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción V, cuarto párrafo establece: "V. QUINTO CIRCUITO: (.) El juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Agua Prieta, Arizpe, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cumpas, Fronteras, Huachinera, Naco, Nacozari de García y Villa Hidalgo. (.)" Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda, se advierte lo siguiente: "A N T E C E N T E S 1.- El día lunes 12 de abril del presente año, se presentaron en las oficinas de nuestro trabajo, ubicado en la Ciudad de Agua Prieta, Sonora, sujetos que afirmaron ser agentes policiacos, fuertemente armados y se negaron a identificarse, mismos que preguntaron si se encontraban las personas de nombre Marisela Parra Martínez, Francisco Antonio Salazar Magdaleno y Luis Ernesto Navarrete Villarreal, afirmando tener una orden de detención, girada en nuestra contra, por las autoridades indicadas como ordenadoras, y dijeron que nos buscaban para detenernos con base en esa orden." En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutase el acto reclamado, esto es, por que la orden de aprehensión, detención o presentación en contra de los quejosos pretende ejecutarse en Agua Prieta, Sonora. Por lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se sirva comunicar si acepta o no la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. 3. Incidente de suspensión. Sin que deba proveerse sobre la suspensión que solicitan los promoventes, pues conforme al primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sólo procede acordarse sobre la medida suspensional cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, pero en la demanda de garantías no se impugna algún reclamo de ese tipo. 4. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en la demanda. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en caso de que no cuenten con su cédula profesional registrada en dicho sistema, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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