Marisa López Ruiz
Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Sonora
- Marisa López Ruiz y Otros.
- Marisa López Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados; de igual forma, certifico que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se justifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, y al respecto se hace constar que la parte quejosa exhibió diversas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; así como las ofrecidas por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistentes en confesional expresa, presuncional en su triple aspecto -legal, lógico y humano-, e instrumental de actuaciones. El juez acuerda: Con apoyo en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza los medios de convicción en mención. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos; el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la resolución siguiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************y ********************, por sus propios derechos, contra actos y autoridades que más adelante se precisarán; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común el diez de julio de dos mil veintitrés, recibido por la oficialía de partes de este Juzgado, el once siguiente, por razón de turno, ********************y ********************, solicitaron la protección de la Justicia Federal, en contra de actos reclamados al Congreso del Estado de Sonora y de otras autoridades. Mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite la demanda de derechos bajo orden ********************; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete a la representación social de esta adscripción, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes Considerandos Competencia Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados son de ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. II. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional del impetrante, substancialmente se hizo consistir en lo siguiente: Del Congreso y gobernador, ambos del Estado de Sonora, en el respectivo ámbito de sus competencias: La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el 31 de diciembre del 1962, mediante el cual se expide la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico los artículo 24, fracción I, párrafo segundo, fracción V, que se tilda de inconstitucional. -De la Junta Directiva, de la subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del jefe del Departamento de Afiliación y Vigencias de Derechos y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el respectivo ámbito de sus competencias: La expedición, aprobación y publicación aplicación del artículo 15 fracción VI, del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; así como la negativa contenido en el oficio ********************, a través del cual se le negó la afiliación del derechohabiente, por aplicación del artículo 24, V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, En ese contexto, el acto se hace consistir fundamentalmente, en la negativa y omisión por parte de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de afiliar al cónyuge de la quejosa (de nombre ********************) y de tenerlo como designado como beneficiario, lo anterior, por la aplicación de los artículos 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, reclamados, debido a que en el oficio mencionado le negaron la afiliación como beneficiario derechohabiente, y el otorgamiento de servicios médicos, bajo el argumento que esos supuesto no se encuentra previstos en la referida ley en trato. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Sonora y gobernador del Estado de Sonora, ambas con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron en sus informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de la norma legal reclamada es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicada en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (No. de Registro: 191452, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260). Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También son ciertos los actos atribuidos a las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quienes rindió a través del jefe de la Unidad Jurídica) y la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambas de dicho Instituto, no obstante que hayan negado el reclamo efectuado y su inconstitucionalidad; ello, en razón de que de la integralidad de los propios argumentos que oponen en sus informes, se desprende la existencia del reclamo constitucional. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto que se reclama se corrobora con la documental exhibida con la demanda, consistente en el oficio ********************, de ********************, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dirigido a la propia quejosa, de cuyo contenido se advierte que se negó a los impetrantes la afiliación de su esposo Juan ********************; documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Estudio de causas de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Causa de improcedencia desestimada En el particular, el jefe de la Unidad Jurídica, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de amparo; sin embargo, debe desestimarse, en virtud de que, no expuso las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tal supuesto de improcedencia se actualiza. En atención a lo anterior, este juzgador no abordará el estudio de la improcedencia propuesta por la citada autoridad, en atención a que no señala en forma concreta los motivos por los cuales considera que se actualiza dicha causa; por tanto, sus aseveraciones son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique si se actualiza la referida hipótesis de inejercitabilidad debido a que no es de obvia y objetiva constatación. Lo anterior es así, pues resulta insuficiente la simple cita de la fracción en que se contiene la causa de improcedencia aducida, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto; máxime, que este operador jurídico no puede suplir la deficiencia de la autoridad responsable, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con registro digital 174086, jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." (No. de Registro: 174086, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365). Resulta aplicable la jurisprudencia I.5o.A. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 175921, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1680, con rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes." (No. de Registro: 175921, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1680). En conclusión, al no advertir quien esto resuelve que la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de amparo en cita, sea obvia y de objetiva constatación en el presente asunto, la misma se desestima. V. Estudio de fondo En lo que interesa destacar para su análisis, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa aduce al exponer sus conceptos de violación, en esencia, que las autoridades por las que se resuelve en este apartado, infringen los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración la porción normativa resulta discriminatoria y transgrede el derecho de igualdad de género, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en la forma que habrá de exponerse enseguida. Ciertamente, en el presente asunto, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y el artículo 15 de su Reglamento, por medio del oficio ********************, de ********************, en el que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto responsable le negó a la quejosa su petición de afiliar a su cónyuge ante ese instituto de seguridad social, bajo el argumento de que dicha la ley no contempla la afiliación del consorte, cuando no se está en los supuestos de que este se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. Del análisis de dicho numeral, como sostiene la quejosa, es cierto que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Federal, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que al de un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. A fin de justificar tal aserto, se toma en cuenta el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, que señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. A su vez, el artículo 4 de la Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, en lo que interesa, señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]" Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (No. de Registro: 2014099, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 789). Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en la Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado -en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-; máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [...] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. [.]" Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato, pues al referirse a los "familiares de los trabajadores", se determina en un sentido abstracto, que incluye a aquellos familiares -in génere- de trabajadoras y trabajadores, que tienen derecho a la asistencia médica. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. Establecido el marco constitucional aplicable al presente asunto, es conveniente citar el dispositivo que regula la prestación de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes y que aquí interesa como es el artículo 24 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; II. Los hijos menores de 18 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación. III. Los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho establecido si reúnen además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes: A). Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes. B). Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el promedio de la calificación aprobatoria IV. Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medio legales procedentes. V. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. VI. Los padres del trabajador. (.)" De lo transcrito, y en lo que aquí interesa destacar, se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionista sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Luego, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género; situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. En ese tenor, se advierte que la ley cuestionada hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base a distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionista varón, por ser mujer, pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establecen una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se le exigen, esto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora, lo cual constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y ambos deben tener iguales derechos de acceso a servicios médicos, en relación con los que deriven del respectivo cónyuge trabajador o pensionista, siendo de esta manera la tutela más amplia que la Constitución otorgue a los cónyuges de derechohabientes. Bajo esos razonamientos, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que el otorgamiento de asistencia médica y medicinas, es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, empero, sin distinción de género. Ahora, en la redacción del precepto cuestionado, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge (mujer), de acuerdo con el artículo 24, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente tendrá que acreditar tal hecho (ser cónyuge o persona que hubiere vivido como tal con el derechohabiente trabajador o pensionista). Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien pretende afiliar a su cónyuge (hombre), como aquí ocurre, se exige que se acredite que este se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella; lo que denota un trato desigual entre un trabajador y una trabajadora. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad y no discriminación, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo para este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que establece que tanto el hombre como la mujer, serán iguales ante la ley. Además, si se toma en consideración que igualmente el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, pueden desempeñar la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón; de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho humano a recibir asistencia médica y medicina. Por ende, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionistas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen; por tanto, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico en trato, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, como se dijo, el Pacto Federal en su artículo 4 establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y/o a la esposa de la trabajadora o trabajador, en su caso, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges, por lo que no debe dispensárseles un trato desigualitario. Sirve de apoyo, la tesis LIII/89, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTICULO 5o., FRACCION V, PARRAFO SEXTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTIA DE IGUALDAD. El artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso D), de la misma Constitución, dispone que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. De los anteriores preceptos se desprende que los familiares del trabajador, como de la trabajadora, tendrán el mismo derecho a la asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de sexos. Ahora bien, el artículo 5o., párrafo sexto, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola los preceptos constitucionales referidos al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. En efecto dicho precepto dispone que el esposo o concubinario de la mujer trabajadora sólo será derechohabiente si es mayor de cincuenta y cinco años o bien si se encuentra incapacitado física o psíquicamente y depende económicamente de la trabajadora, mientras que, para que la esposa o concubina del trabajador sea derechohabiente, es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge o concubina. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto que se impugna, no tiene fundamento constitucional, máxime que el párrafo tercero del artículo 4o. de la propia Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud." (Énfasis propios) (No. de Registro: 205982, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 201). Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a esta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Aunado a lo anterior, el estudio del presente asunto representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues ésta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto y modo de vida, en virtud de lo cual las obligaciones propias de una familia pueden ser una responsabilidad compartida en la que ambos cónyuges participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia o viceversa. Por ello, al plasmarse en el texto vigente de la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un trabajador o pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una mujer; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso de que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. Sobre esa base, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tener la misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. Bajo esa tesitura, este juzgador considera que por igual, la mujer y el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les exija mayores requisitos a uno que a otro. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamado, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123, Constitucionales, por lo que en el caso lo procedente será conceder la protección constitucional solicitada. Concesión que surge derivada de la aplicación del acto reclamado, consistente en el oficio ********************, de ********************, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual negó la respuesta favorable a la aquí quejosa, en relación con la solicitud de la afiliación del cónyuge de dicha impetrante, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14). Decisión Al resultar fundado el concepto de violación enderezado contra los actos reclamados analizados en el considerando V, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante ********************y********************, para los efectos siguientes: Se deje insubsistente el oficio ********************, de ******************** y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24 fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de estas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ********************y ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades tratadas en el considerando III, por los argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en el V apartado y para los efectos precisados en el considerando VI, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario José Enrique Ayala García, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año.********************Diferimiento de audiencia Constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las diez horas con siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.********************Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en representación de dicho Instituto, y dese vista a las partes con su contenido.********************Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa, la cual será valorada en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional.********************Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe.********************Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las pruebas confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano e instrumental de actuaciones, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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