Marisela De Gunther Delgado
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Marisela De Gunther Delgado
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de julio de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en el juicio de derechos; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de tomo de prueba. Por otra parte, se destaca que en este juzgado obra un tomo de pruebas, formado con motivo de las constancias relativas al juicio 1242/2012, remitidas por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de dichas constancias. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinticuatro minutos del trece de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y escrito de apersonamiento de la moral tercera interesada Cañón del Puma Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Civil. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la moral tercera interesada los formuló, y en cuanto a las demás partes, omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: Se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, las que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 184/2022; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Marisela de Gunther Delgado, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El veintidós de febrero siguiente, se impuso una prevención al quejoso, para efectos de que aclarara el acto o actos que reclamaba a través de la demanda de derechos. Por acuerdo de ocho de marzo de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c) y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos cuya ejecución tienen lugar dentro del ámbito territorial en el que este tribunal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La orden de desalojo emitida en contra de la parte quejosa, por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, dentro de los autos del expediente 1242/2012 y su ejecución por el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El otorgamiento de escritura judicial, a la parte actora del juicio bajo expediente 1242/2012, por parte de la mencionada autoridad judicial. Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe justificado, el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, negó el acto reclamado precisado bajo inciso a), respecto de la orden de desalojo que se le reclama; lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°. Por otra parte, tampoco es cierto dicho acto en relación con la diversa autoridad Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, por así haberlo manifestado al rendir su informe de ley. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado acotado en el inciso b) del considerando III, relativo al otorgamiento de escritura judicial, por así haberlo informado el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causales de improcedencia Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814, cuyo rubro y texto a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del juicio del cual deriva el acto reclamado, los que se advierten de las documentales remitidas por el juez responsable al momento de rendir el informe con justificación solicitado y que han sido valoradas con anterioridad. El veintiuno de septiembre de dos mil doce, Karla Yicel Santiago Hernández, en su carácter de apoderada legal de Tertius, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en la vía especial hipotecaria, demandó a Julio Alfonso Padilla Monge y Patricia Esquer Manríquez, diversas prestaciones. Por auto de nueve de octubre de dos mil doce, se tuvo por admitida la demanda y se ordenó emplazar a los demandados. El catorce de febrero de dos mil diecinueve, fue exhibido un convenio judicial celebrado por las partes, mismo que por auto de diecinueve del mismo mes y año, se aprobó y se elevó a la categoría de cosa juzgada. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora por denunciado el incumplimiento del convenio judicial. Por lo anterior, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cierto el incumplimiento denunciado. Posteriormente, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la diligencia de remate en primera almoneda, en la cual se adjudicó a favor de la actora, el bien inmueble consistente en: Predio Urbano, con clave catastral 360008603008, lote 8, manzana 35, Fraccionamiento Villa Bonita, sección Montecarlo, III Etapa, localización Privada San Denis número 1, superficie de 155.80 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 8.20 metros con Privada San Denis; al Sur en 8.20 metros con Lote 7; al Este en 19.00 Metros con Lote 9 y al Oeste en 19.00 metros con Avenida de Los Campos Eliseos. Así entonces, por auto de nueve de diciembre de ese año, se aprobó el remate celebrado. Por auto de siete de enero de dos mil veintidós quedó firme el auto aprobatorio; y, por ende, se ordenó requerir a la parte demandada, para que otorgara las escrituras correspondientes al bien inmueble adjudicado. El diecisiete de febrero del presente año, se ordenó remitir los autos del juicio hipotecario a la notaría pública 43, para que se llevara a cabo la protocolización. Éste es el estado procesal que guarda el juicio del que derivan los actos reclamados en el presente asunto. En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." De lo que se colige que para que el juicio de garantías resulte procedente, es necesario, entre otros supuestos, la preexistencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, originado por la norma, acto u omisión de la autoridad, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. Al respecto, la tesis I.13º.a.23 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1803, tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, contempla: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4º DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Resulta oportuno señalar que la esfera jurídica está constituida por los intereses de esta clase (jurídicos), por los cuales debe entenderse hechos o situaciones que además de ser benéficos para el gobernado, estén debidamente tutelados y regulados por el orden jurídico; coligiéndose así, que no todos los intereses de una persona son aptos para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo, sino sólo aquéllos con el calificativo de jurídicos, tutelados por el ordenamiento legal objetivo. Las consideraciones que anteceden encuentran respaldo en los siguientes criterios jurisprudenciales. Jurisprudencia 849, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 578, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." Jurisprudencia 87, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, tomo VI segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo transcrito, se advierte que quien se considere agraviado por un acto u omisión de autoridad, al solicitar la protección de la justicia federal mediante la promoción del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente la afectación real y actual a su interés jurídico, esto es, demostrar que el acto u omisión de autoridad efectivamente le vulnera un derecho tutelado por el ordenamiento legal objetivo, para que así quede manifiesto el perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional, y no inferirse éste con base en meras presunciones. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, la ausencia de medios de convicción que acrediten la existencia del derecho subjetivo tutelado, o bien, la afectación real y actual de dicho interés jurídico, constituye la causa de improcedencia en análisis. Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, expresamente señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Además, el numeral 6° de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos, se desprende que para iniciar la acción constitucional de amparo, compete únicamente a aquella persona que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación real y actual por la actuación de una autoridad o por una norma de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia publicada en las páginas 911 y 912, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, sustentada por el tribunal pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada y, a su vez, el artículo 4 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la Ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la Ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el hecho de promover ese juicio es personalísimo." En la especie, la quejosa señala que el juez responsable transgrede la garantía de audiencia al no haberla oído ni vencido en la controversia de origen, con el fin de defender el derecho de posesión que afirma tener respecto del inmueble ubicado en San Denis número 1, del Fraccionamiento Montecarlo, de esta ciudad, respecto del que afirma ser poseedora en razón de un traspaso verbal que le realizaron, desde hace más de quince años. En ese sentido, resulta necesario precisar que la litis constitucional a resolver versa en cuanto a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)." Del precepto transcrito, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada ilegalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7/98, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De las constancias remitidas por el juez del conocimiento, se advierte que la peticionaria de amparo es persona ajena al juicio de origen, pues no es parte en dicho procedimiento. Por consiguiente, al afirmar que es poseedora del inmueble ubicado en San Denis número 1, del Fraccionamiento Montecarlo, de esta ciudad, la quejosa debe acreditar en principio, la afectación real y actual al interés jurídico en la presente instancia constitucional, siendo necesario para ello que se colmen de manera conjunta los siguientes supuestos: a) La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; b) La detentación material del bien; y, c) La identidad entre el inmueble objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. Al respecto, el artículo 976 del Código Civil para el Estado de Sonora, establece: "Artículo 976.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndese por título la causa generadora de la posesión." El precepto citado, indica que el poseedor de buena fe es el que posee el bien en virtud de un título suficiente, mientras que, por la palabra "título" debe entenderse la causa generadora de la posesión. De ahí que el interés jurídico para poseer, sólo se actualice cuando el tercero extraño acredite que su posesión se basa en algún título sustentado en el orden legal que le otorgue tal derecho, lo que se traduce en que dicha posesión, para ser susceptible de protección a través de la acción de amparo, debe sostenerse sobre la base de una causa generadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2002, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, la cual establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Es decir, que la peticionaria del amparo para encontrarse en posibilidad de defender el derecho de posesión respecto del inmueble en referencia, debe demostrar en forma fehaciente que la detenta mediante título legítimo; sin embargo, no aportó ningún elemento de prueba para acreditar su dicho. Por tanto, no existe elemento alguno que lleve al suscrito a presumir que tiene derechos sobre el inmueble que defiende en esta instancia constitucional y en consecuencia no acreditó su interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Lo anterior aun y cuando la peticionaria del amparo refiera que la posesión del predio cuestionado, deriva del traspaso verbal que dice haber celebrado hace más de quince años; sin embargo, no es el medio idóneo de transmisión de propiedad y posesión, dadas las razones vertidas a lo largo de la presente resolución, ya que para accionar el juicio de amparo biinstancial, en principio se debe demostrar la titularidad de la posesión, así como la causa generadora de la misma, por medio de un documento de fecha cierta que respalde su dicho, supuesto que no acontece en la especie. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, en lo conducente, la tesis XXVI.8 C, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la página 2688, tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS, FECHA CIERTA DE LOS. NO SE DEMUESTRA CON LA PRUEBA TESTIMONIAL. En el criterio jurisprudencial 697, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1160, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los documentos privados adquieren fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio o bien, cuando fallece cualquiera de los firmantes; tales circunstancias otorgan plena certeza de la autenticidad del documento atendiendo básicamente a que la inscripción en el registro público genera seguridad pues es una institución pública que tiene como finalidad dar a conocer la existencia de los derechos en él inscritos; la presentación del documento ante un fedatario público, proporciona certeza de la existencia del acto ahí consignado, dada la fe y facultades con las que se encuentra investido, asimismo, el fallecimiento de uno de los firmantes, permite determinar la fecha cierta de un documento privado, porque se entiende que no pudo plasmar su firma después de su muerte. Por lo contrario, el dicho de los testigos no puede dar fe ni crear convicción de la eficacia de la fecha que consta en el documento, pues aunque se aduzca que se presenció la celebración del acto jurídico ahí consignado, de manera alguna permite establecer un conocimiento indudable de que el acto existió en una fecha determinada, ya que tal aseveración es susceptible de alteración o de falsedad, lo que difícilmente ocurriría en los supuestos antes mencionados." Es igualmente aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Sobre el particular es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios invocados se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso, en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por el apoderado de la moral tercera interesada, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 14 del Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes el acto reclamado bajo inciso a), atribuido a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, es dable afirmar que, la peticionaria de amparo debió acreditar fehacientemente que detenta su posesión y propiedad con base en un documento idóneo, de fecha cierta, a través de los medios de convicción adecuados para ello, sin embargo en la especie no lo acreditó; consecuentemente, lo procedente es estimar su falta de interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional y por consiguiente sobreseer en el presente biinstancial, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 63, fracción V, del citado cuerpo normativo. Es menester precisar que lo determinado, impide al suscrito juzgador entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la promovente del amparo, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, al tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se: VIII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Marisela de Gunther Delgado, por los actos y las autoridades precisados en el considerando III, por las razones expuestas en los diversos IV y VI del presente fallo constitucional. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 184/2022; y, Antecedentes A petición de Marisela De Gunther Delgado, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se desarrolló conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta interlocutoria, al tenor de los considerando siguientes: I. Competencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que tramita el juicio en lo principal. II. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo ordenada por el juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, en el expediente 1242/2012, de su índice. Así como el otorgamiento de la escritura respectiva a la parte actora en ese controvertido. Lo que, atendiendo a las manifestaciones vertidas en su demanda bajo protesta de decir verdad, se traduce en que no se le desposea del bien inmueble ubicado en calle San Denis número 1 del fraccionamiento Montecarlos, de esta ciudad, del que dice ser propietaria. III. Negativa del acto reclamado Las autoridades responsables juez Primero de Primera instancia de lo Civil y comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la posible orden de lanzamiento, toda vez que así se advierte de sus informes previos. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, por lo que hace a las autoridades juez Primero de Primera instancia de lo Civil y comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, respecto al acto reclamado consistente en la posible orden de lanzamiento del bien inmueble ubicado en calle San Denis número 1 del fraccionamiento Montecarlos, de esta ciudad. Idéntica determinación se adopta respecto de la segunda de las autoridades antes citadas y en relación con el diverso acto reclamado, consistente en la orden de escrituración ante la manifestación de negativa que vertió la misma. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." IV. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de escrituración a favor de la actora, atribuido al juez Primero de Primera instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo afirmó en su informe previo. V. Estudio de la medida cautelar definitiva respecto al acto reclamado consistente en la orden de escrituración a favor de la actora aquí tercera interesada. En primer término, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo, se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver a sensibilidad el juez de distrito, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." En efecto, señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite el quejoso; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En el caso, la parte quejosa hace mención en el apartado de acto reclamado punto cuatro de su escrito de garantías, haber celebrado con Enrique Padilla Monge un traspaso -sin hacer mención de las circunstancias de modo tiempo y lugar- sobre el bien inmueble ubicado referido, y que contaba en su poder los pagos realizados a la hipotecaria, sin embargo, del presente sumario ni del sello de recepción de demanda ante la Oficialía de Partes Común, ni del cuerpo de la demanda se advierte que la aquí quejosa haya exhibido documento alguno que acredite de manera aunque sea indiciaria la posesión que guarda sobre el bien inmueble multicitado, de ahí la falta de acreditación del interés suspensional en el sumario que se atiende. En esa virtud, no se surten los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley de Amparo para conceder la suspensión solicitada. En efecto, si bien media solicitud de la parte agraviada, es necesario también la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese interés presuntivo implica que tratándose de actos tendentes a privar de la posesión o propiedad de un inmueble, corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio o de propiedad sustentado en una causa legal que pueda afectarse con la ejecución. La anterior precisión es relevante, porque la fracción X del artículo 107 constitucional, contiene como principio teleológico la apreciación y la irreparabilidad en la ejecución de los actos reclamados, en el sentido de que la ejecución sea real y susceptible de materializarse en la persona o sus bienes, tomando en cuenta que de consumarse desaparecería la materia del amparo, lo que trastocaría la tutela judicial efectiva de las personas. Es ilustrativa a las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 96/97, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." En consecuencia, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, dado que la peticionaria de amparo no acredita ni en forma presuntiva el interés suspensional, en tanto que no demuestra ni siquiera de forma indirecta tener un derecho sustentado en una figura jurídica de la ley secundaria que presuponga un agravio en el juicio, virtud del acto que reclama, como pudiera ser una compraventa, comodato, arrendamiento, usufructo, entre otros. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se VII. Se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Marisela De Gunther Delgado, contra los actos precisados atribuido a las autoridades responsables precisados en el punto II, por las razones plasmadas en el considerando IV y V de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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