Marisela Guadalupe Ibarra Alvarez

Expediente 407/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
407/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Marisela Guadalupe Ibarra Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Incidente de Suspensión 407/2023-IV-B En veintisiete de julio de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Conservación o destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del incidente de suspensión es conservable, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En el entendido, que no se formó duplicado físico del incidente de suspensión en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 407/2023-IV-B En veintisiete de julio de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la conservación o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, hágase la notificación del presente proveído. Notifíquese.

  3. Incidental

    Incidente de Suspensión 407/2023-IV-B En diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con el escrito registrado con el número de orden 14947, así como con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual el tercero interesado Edgar Domínguez Castañeda, solicita que se informe a las autoridades responsables que la parte quejosa fue omisa en cumplir con los requisitos de efectividad impuestos en la resolución incidental y por ende que quedó expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Efectivo apercibimiento. En virtud de lo anterior, como lo solicita el tercero interesado y ante el incumplimiento de la parte quejosa de exhibir la garantía fijada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Consecuentemente, con fundamento en la mencionada disposición, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que queda expedito su derecho para ejecutar el acto reclamado, ante el incumplimiento de la parte quejosa de otorgar la garantía que le fue fijada, debiendo destacar que si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la citada garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla, puesto que la parte quejosa se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis clave XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 1182, tomo VII, enero de 1998, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido. Y, la tesis aislada sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 544, tomo XIII, mayo de 1994, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." En tales condiciones, gírese oficio con trascripción del presente proveído a las autoridades responsables haciéndoles del conocimiento lo anterior, con el requerimiento en el sentido de que en caso de ejecutar el acto reclamado, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional. Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que las autoridades responsables se encuentran gozando de su periodo vacacional, una vez que reanuden labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, hágase la notificación del presente proveído. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas del diez de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que las partes no formularon alegatos. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Marisela Guadalupe Ibarra Álvarez, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango y actuario de su adscripción, los cuales a continuación se trascriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Como autoridad ordenadora: El Juez Segundo Civil de Gómez Palacio, Durango. Autoridad con domicilio ampliamente conocido en el Tribunal de Justicia en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. Como Autoridad Ejecutora: El C. Actuario Notificador adscrito al Juzgado Segundo Civil en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. Autoridad con domicilio ampliamente conocido en el Tribunal de Justicia en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango. IV. ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: 1. El inexistente y consecuentemente ilegal EMPLAZAMIENTO a juicio por parte dela autoridad responsable, ya que bajo protesta de decir verdad, la suscrita nunca tuvo conocimiento del juicio 957/2022, mismo que dio origen a la "PREVENCIÓN" que me fuera notificada el pasado 10 de marzo de 2023, la cual se anexa a este escrito inicial de demanda, prevención en la cual se concede a la suscrita un término de 5 días hábiles para que entregue a la parte actora (TERCERO INTERESADO en este juicio) "las cantidades a que se me (le) condenó en la sentencia definitiva dictada con fecha del quince de febrero del año dos mil veintitrés, en su punto resolutivo tercero, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al trance y remate de los bienes embargados en autos y con su producto se pagará a la parte actora lo reclamado..." informando desde ese momento, que a la suscrita no se han señalado bienes de ningún tipo para ningún embargo, acto que demuestra que nunca había tenido conocimiento del juicio que según se dice, obra en mi contra. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: 1. La "NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN", acordada en auto de fecha TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS y que me fuera notificada el pasado 10 DE MARZO DEL 2023 la cual anexo a este escrito inicial de demanda, en la cual se concede a la suscrita que un término de 5 días hábiles para que entregue a la parte actora (TERCERO INTERESADO en este juicio) "las cantidades a que se me (le) condenó en la sentencia definitiva dictada con fecha del quince de febrero del año dos mil veintitrés, en su punto resolutivo tercero, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al trance y remate de los bienes embargados en autos y con su producto se pagará a la parte actora lo reclamado..." informando desde ese momento, que a la suscrita no se han señalado bienes de ningún tipo para ningún embargo, acto que demuestra que nunca había tenido conocimiento del juicio que según se dice, obra en mi contra." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, se previno al promovente aclarara la referida demanda de amparo, registrándose con el número 407/2023-IV-B y se ordenó la formación del expediente relativo. En proveído de doce de abril de dos mil veintitrés fue admitida, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, éstos fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil 957/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, así como los actos subsecuentes, incluidos la sentencia y los actos de ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Gómez Palacio, Durango, así como actuario de su adscripción, pues al rendir su respectivo informe justificado expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 957/2022, las cuales fueron allegadas a este contradictorio federal por la propias autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. En principio, conviene precisar que la aquí quejosa comparece en calidad de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 957/2022, pues en el caso, comparece por propio derecho, respecto de la cual combarte el emplazamiento que le fue practicado. Por consiguiente, la litis constitucional, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se constriñe en analizar la legalidad del emplazamiento que impugna la aquí quejosa, dentro del juicio generador del acto reclamado, pues al promover la demanda de garantías, reconoce expresamente que se trata de la persona demandada en el juicio de origen. En principio, cabe apuntar que al tratarse de actos llevados a cabo dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, el análisis de los conceptos de violación será de estricto derecho. Sostiene la quejosa que el emplazamiento es ilegal, pues contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el juicio de origen 957/2022: Nunca ha sido llamado a juicio, contraviniendo con ello su garantía de audiencia y seguridad jurídica. Son infundados los conceptos de violación, ya que la actuaria adscrita a la autoridad responsable, llevó a cabo la diligencia de emplazamiento en el domicilio de la demandada, en términos de lo establecido en el numeral 1390 bis 15, del Código de Comercio; como en seguida se explica. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14.-.Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto constitucional transcrito, reconoce el derecho fundamental de audiencia, como principal defensa de toda persona frente a los actos del poder público, previo a que sea privado de sus bienes y derechos. Así, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enunciados en el propio artículo 14 constitucional, deberá agotar un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. En ese orden de ideas, tercero extraño para efectos del juicio de amparo, es la persona que no ha figurado en el procedimiento del que emana el acto impugnado como parte en sentido material, pero que resiente un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída y vencida, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue llamada al procedimiento o que fue llamada incorrectamente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que sustenta el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". (Nota: El subrayado forma parte de esta sentencia). Así, dichas formalidades son las condiciones cardinales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa, según la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traducen en lo siguiente: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En este orden, debe precisarse que, la legislación supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme lo establece el numeral 1054 del Código de Comercio, que dice: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva". Por tanto, se analizará el emplazamiento combatido a la luz de dispuesto por el Código de Comercio. Los artículos 1391, 1392, 1393, 1394 y 1396, todos del referido ordenamiento mercantil, disponen: "Artículo. 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: (.) IV. Los títulos de crédito; (.)". "Artículo. 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien". "Artículo 1393. No encontrándose al demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquel, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. (.)" "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cedula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenen en el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo, para que los haga valer como le convenga durante el juicio. (.) El juez, en ningún caso suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el registro público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. " "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia, para que dentro del término de ocho días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello". La lectura de los numerales transcritos, en lo que interesa, evidencia que el procedimiento ejecutivo tiene lugar con la promoción de una demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución, como lo es un título de crédito; así, una vez presentada por el actor su demanda, se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda. De igual forma se advierte que de no encontrar a la parte demandada a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquella, se le dejará citatorio de espera fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores y, de no esperar, la diligencia se practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en el domicilio, siguiéndose las reglas de la ley procesal respecto de los embargos. En esas condiciones, la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor; y que, de no hacerse el pago, se le requerirá a éste o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que, de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor, y acto continuo se emplazará al demandado, a quien se deberá entregar: 1. Cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra; 2. Copia de la diligencia practicada; y, 3. Deberá corrérsele traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenen en el artículo 1061. Por otro lado, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, opera ante las omisiones o defectos legislativos, para perfeccionarse mediante la aplicación, entre otras posibles hipótesis, de preceptos específicos del Código Federal de Procedimientos Civiles o, incluso, a través de segmentos o porciones normativas, siempre que con esa complementariedad se logre coherencia y funcionalidad en la codificación mercantil y no se contradiga su texto expreso. Al respecto, es de invocarse, por analogía, la tesis IV.3o.C.26 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Curto Circuito, que localiza en la página 1603, tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto se transcriben: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SUPLETORIEDAD DEL DERECHO PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS AL CÓDIGO DE COMERCIO (VIGENTE HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRES), OPERA SOBRE NORMAS, DISPOSICIONES O PREVISIONES DEFECTUOSAS, U OMISIONES DEL LEGISLADOR Y ADMITE INCLUSO COMPONENTES NORMATIVOS DE AQUELLAS LEYES LOCALES. El artículo 1054 del Código de Comercio estatuye, entre otros aspectos, que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del libro quinto y, en su defecto, se aplicará la ley del procedimiento local; de cuya interpretación se obtiene que la figura procesal de la supletoriedad debe entenderse dentro del ámbito descrito en el propio numeral, en el sentido de que única y exclusivamente en defecto o ausencia de previsión podrá actualizarse, y no realizar una aplicación extensiva e imperfecta a título de complementariedad. En este contexto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/72, emitió la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN.", que establece que tratándose de la notificación de la demanda en los aludidos juicios, deben aplicarse las normas procesales del derecho común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en esa diligencia. Sin embargo, dada la pluralidad, jerarquía y complejidad de las formalidades, la jurisprudencia evolucionó para acotar ahora una formalidad específica, como se observa de la jurisprudencia número 1a./J. 14/95, de rubro: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", al señalar que a efecto de cerciorarse del domicilio buscado, valiéndose del dicho de dos vecinos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, no basta la sola referencia a ese dicho, sino también se requiere que el diligenciario especifique las características físicas de la persona con quien entendió el emplazamiento y la identidad de los vecinos pues, de lo contrario, la diligencia de citación a juicio será defectuosa. Por consiguiente, partiendo de la base de la anotada intelección del artículo 1054 referido y la complejidad de las formalidades que cada legislación local instituye, se estima necesario establecer que en relación con la integración del artículo 1393 del Código de Comercio, regulatorio del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, respecto del cual es supletorio el numeral 69 del código adjetivo mencionado, es incorrecto aplicar de manera extensiva este precepto en lo que se refiere a relevar al fedatario judicial de la obligación de dejar cita de espera cuando no se encuentre en la primera búsqueda al demandado, para posteriormente realizar dicha diligencia, toda vez que de hacerlo equivaldría a la derogación parcial del mencionado artículo 1393 de la legislación mercantil, en total contravención a lo establecido por el dispositivo 1054 de la misma codificación, cuando el precitado artículo 69 es únicamente complementario de los otros dos numerales. En suma, la supletoriedad de que se trata opera ante las omisiones o defectos legislativos, para perfeccionarse mediante la aplicación, entre otras posibles hipótesis, de preceptos específicos de las leyes locales o, incluso, a través de segmentos o porciones normativas, siempre que con esa complementariedad se logre coherencia y funcionalidad en la codificación mercantil y no se contradiga su texto expreso". Ante la omisión del Código de Comercio en precisar de manera concreta y específica, más no total, las formalidades que deben reunir las diligencias judiciales relativas, es necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según lo expuesto en párrafos precedentes. En este contexto, los artículos 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los Agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la Ley Orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo". "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313". "Artículo 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador". Por su parte, el artículo 327, de la codificación adjetiva federal de referencia, prevé: "Artículo 327. De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia. Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente". De las disposiciones legales antes invocadas, tanto del Código de Comercio, como del Federal de Procedimientos Civiles, se advierten las formalidades que deben cumplirse en tratándose de la diligencia de emplazamiento, al señalar que el notificador deberá cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada y practicará la diligencia, para lo cual correrá traslado de la demanda admitida a la parte demandada, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061, del Código de Comercio; pero si la persona a la que se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores; si se niega el interesado o la persona con quien se entienda la notificación a recibirla, la notificación se realizará por medio de instructivo que se fijará en la puerta de la casa y se asentará razón de tal circunstancia y, de la misma manera se procederá si no ocurre el interesado al llamado del notificador. De dichos preceptos se advierte que tratándose del emplazamiento se impone al funcionario encargado de realizarlo una serie de requisitos y formalidades que se deben seguir, a fin de obtener la certeza de que la persona que deba ser notificada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio o actuación que le puede afectar, con la finalidad de resguardar el derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Pues bien, así ocurrió en la diligencia de emplazamiento, a la demanda Marisela Guadalupe Ibarra Álvarez, aquí quejosa, se advierte lo siguiente: "EXPEDIENTE: 957/20022. --- EN LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO, SIENDO LAS (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA (08) OCHO DE DICIEMBREE DE DOS MIL VEITIDÓS, La suscrita Actuaria Ejecutora C. Lic. Susana Gómez García adscrita a la Central de Actuarios de Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango, hago constar que en compañía de la parte Actora, LIC. EDGAR DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA, me constituí legalmente en el domicilio de la parte demandada, ********************, siendo el ubicado en CERRADA QUERETARO 239-A VILLAS SAN IGNACIO DE ESTA CIUDAD con el fin de llevar a cabo la diligencia ordenada por el C. Juez SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE ESTA CIUDAD por auto de fecha CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEITIDÓS Dictado(s) dentro de los autos del expediente 957/2022, y cerciorándome previamente que es el domicilio señalado por los medios posibles a mi alcance como: tener a la vista las nomenclaturas de la calle y colonia por el número 239-A plasmado en el exterior del domicilio, además ES CASA HABITACIÓN DE 2 PLANTAS EN COLOR CAFÉ CLARO CON PUERTA BLANCA, UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CUADRA por así manifestármelo a la suscrita LOS VECINOS MAS CERCANOS AL DOMICILIO, QUIENES NO PORPORCIONAN SU NOMBRE POR NO CONSIDERARLO CONVENIENTE Y DESCRIBO COMO MUJER TEZ MORENA, MEDIO ROBUSTA, DE 1.62 MTS ESTATURA Y 45 AÑOS DE EDAD APROXIMADO Y HABITA LA CASA 211 E COLOR BEIGE CON BARANDAL BLANCO y por así manifestarlo la persona que me atiende en el domicilio y que se encuentra en su interior quien dijo responder al nombre de ********************, quien manifiesta que VIVE Y HABITA en el domicilio y Si se identifica con documento oficial: CREDENCIAL ELECTOR VIGENTE persona ante quien me identifico plenamente como Actuaria Ejecutora con la credencial respectiva; a quien describo como TEZ MORENA CLARA, COMPLEXIÓN DELGADA, DE 1.65 MTS ESTATURA Y DE 48N AÑOS EDAD APROXIMADA persona a quien LE REQUIERO la presencia de ********************, manifiesta que la persona que busco es ELLA, motivo por el cual y al encontrarse presente el (la) demandado (a) procedo a entender la presente diligencia con la persona que me atiende y a darle lectura integra y en voz alta al auto que la ordena, y en su cumplimiento LE REQUIERO para que en este momento haga pago a la parte Actora de la cantidad de $115,000.00 (CIENTO QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL mas anexos legales que se reclaman, a lo que manifiesta QUE NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE LE REQUIERE. Una vez realizado lo anterior, en consecuencia hago de su conocimiento, del derecho de designación de que goza para señalar bienes de su propiedad para embargo, los cuales deberá hacerlo en el orden preferente que señala el artículo 1395 del Código de Comercio y en caso de no hacerlo, LE APERCIBO que dicho derecho pasara a la parte actora, así mismo LE PREVENGO para que me permita el acceso voluntario al domicilio con el fin de realizar el mencionado señalamiento de bienes para embargo, APERCIBIDO que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 106 bis del Código de Comercio y a petición de la parte actora se autorizará el rompimiento de cerraduras y el auxilio de la fuerza pública conforme lo establece el artículo 432 del Código Federal de Procedimientos Civiles, manifestando la persona que me atiende QUE NO SEÑALA BIENES PARA EMBARGO Y QUE NO PERMITE EL ACCESO AL DOMICILIO por lo tanto, la parte Actora en uso de las facultades que para ello le (s) concede la Ley y bajo su más estricta responsabilidad, señala los siguientes bienes para embargo: UN VEHÍCULO CHEVROLET AUTO DE CUATRO PUERTAS EN COLOR BLANCO Y CON PLACAS DE CIRCULACIÓN GDN-037-A DEL ESTADO DE DURANGO. Bienes muebles que, por tener a la vista y a petición de la parte actora, en este acto realizo sobre ellos, legal y formal traba de embargo, solo en cuanto baste a garantizar las prestaciones reclamadas dentro del presente juicio y sean propiedad del demandado y no le doy posesión del mismo por oponerse a ello la persona que me atiende. Y continúa en uso de la voz la parte actora quien manifiesta: Que designa como Depositario judicial del bien inmueble embargado, a JARED RODRÍGUEZ CHAVEZ y así mismo señala para lugar de depósito el ubicado en CALLE INDE 319 COL. NUEVO REFUGIO DE ESTA CIUDAD. Acto continuo procedo a EMPLAZAR a la parte demandada ********************, para que dentro del término de OCHO DÍAS comparezca ante el Juzgado, a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas y costas o a oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones que hacer valer, y le PREVENGO para que señale domicilio en el lugar del juicio, en donde se le deban hacer las notificaciones, APERIBIENDOLE que de no hacerlo, aun las de carácter personal se le harán por medio de los Estrados que se publicaran en el tablero de avisos de este Juzgado, y siendo las (11:00) horas de este día le entrego cedula de notificación respectiva que contiene los autos de fechas: CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS y le corro traslado con: las copias del escrito inicial de demanda, documento (s) base de la acción consistente en PAGARÉ, COPIA SIMPLE DE INE, CURP Y RFC DE LA PARTE ACTORA. Así como los autos debidamente sellados y cotejados por la Secretaría del Juzgado de Conocimiento y copia del acta, manifestando ********************: que se impone de los autos que se le notifican, los oye y recibe de conformidad. Asimismo, hago de su conocimiento tal y como lo disponen los Artículos 10, 15 y 16 de la Ley de Justicia Alternativa en el Estado, es obligación de este Tribunal convocar a las partes a avenirse a un acuerdo y exponerles las posibilidades de concurrir a los centros de Justicia Alternativa para someter su problema a un procedimiento alternativo, con lo que se da por terminada la presente diligencia que previa su lectura, ratificación y firmaron quienes intervinieron y así quisieron hacerlo. DOY FE. Conste.--- LIC. SUSANA GÓMEZ GARCÍA. --- ACTUARIA EJECUTORA. --- ********************, persona con quien entiendo la presente diligencia de Emplazamiento, no firma por negarse a ello, por lo que en este Acto la C. Actuaria hace atestiguar lo anterior de conformidad con el Artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CONSTE.- " En consecuencia, debe considerarse que la diligencia de emplazamiento reclamada cumple los requisitos de ley por encontrarse ajustada a derecho y no resulta violatoria de los derechos consagrados en el artículo 14 constitucional. La anterior diligencia fue practicada por la actuaria responsable, en cuya ejecución tiene fe pública, dado que se encontraba facultado para ello, por disposición expresa del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, pues dicho numeral dispone: "Artículo 49. Los Secretarios de Acuerdos y los actuarios, tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su cargo. Igual fe tendrán los demás empleados de la administración de justicia que en cada caso autorice la Ley, el Tribunal Superior de Justicia, Sala, Tribunal Unitario o Juez de Primera Instancia, para desempeñar funciones secretariales". Es aplicable al caso, la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se publicó en la página doscientos sesenta y cinco, tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Satisfaciendo de esta manera los requisitos exigidos por los numerales anteriormente transcritos, para un correcto emplazamiento, pues basta entender la diligencia de emplazamiento directamente con la propia parte demandada para estimar cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, pues el principio de certidumbre queda actualizado, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente a la parte demandada la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios; no obstante lo anterior, es importante establecer que es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 55/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice : "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Asimismo, la jurisprudencia tesis 3a./J. 34/90, materia civil, Octava época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia da la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, página: 195, genealogía: gaceta número 36, diciembre de 1990, página 15, cuyo texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia". Además, debe estimarse que las actuaciones judiciales tienen valor mientras no sean desvirtuadas con pruebas fehacientes y contundentes, y resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona. De ahí que, la funcionaria al llevar a cabo la diligencia de notificación, tiene por disposición de la ley la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió la diligencia de emplazamiento con la persona que buscaba, en este caso, con la parte demandada quién manifestó responder al nombre de la persona buscada, por lo cual debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. De ahí que, es inconcuso que conforme al principio general de derecho de que a quien afirma corresponde probar, la parte quejosa debió aportar pruebas idóneas y suficientes, con las que acreditara la ilegalidad de la diligencia reclamada; extremo que, conforme a lo expuesto en los párrafos que antecede, no fue satisfecho por la parte quejosa en este juicio, dado que no ofreció pruebas suficientes para desvirtuar la fe pública de que está investida la actuaria judicial. Máxime que, por la independencia de su posición como funcionaria judicial, así como la inexistencia de prueba alguna que justifique alguna animadversión o enemistad en contra de la parte quejosa, o la obtención de algún beneficio o interés personal en el asunto, el argumento expuesto por la parte quejosa de que la diligencia de emplazamiento fue ilegal, deviene inverosímil. Son aplicables a lo anterior, la tesis y jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada" . "DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS ACTUACIONES, SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El diligenciario es un funcionario que se encuentra investido de fe pública respecto de los actos que realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De aquí se sigue, que quien afirme que no es cierta una circunstancia asentada por el diligenciario en un acta por él levantada, está obligado a probar fehacientemente su dicho" . "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario" . "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad" . "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia". Por otro lado, se estima también que la actuaria cumplió con los requisitos que exigen los artículos 1394 y 1396 del Código de Comercio; 310 y 311 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal citado en primer término, para la realización de la diligencia de emplazamiento, en tanto que de ella se advierte que ésta le entregó al demandado copia de la demanda y demás documentos, entre ellos el documento base de la acción, así como de la cédula de notificación debidamente cotejadas y selladas por la secretaría del juzgado responsable, y copia de la diligencia levantada. Por lo que resulta evidente que en la diligencia de emplazamiento reclamada, no existe motivo para estimarla contraventora de los dispositivos legales en consulta, ya que la actuaria asentó en el acta respectiva el medio a través del cual llegó al convencimiento de que el domicilio en el que practicó el emplazamiento era el de la parte quejosa, siendo éste por haberse cerciorado por el dicho del propio demandado, lo cual quedó plasmado en la citada diligencia, toda vez que en el caso concreto bastó con que consignara la actuaria, haber tenido conocimiento de la certeza del domicilio en que se había constituido para emplazar, por tener a la vista la nomenclatura, numeración y nombre de la colonia donde se encuentra el inmueble, y por el dicho de una persona que la atendió en el interior del domicilio, quien dijo ser la propia demandada, datos suficientes para dar cabal cumplimiento al precepto legal antes citado. Consecuentemente, al no haber allegado a esta instancia constitucional la parte quejosa pruebas suficientes que desvirtúen la diligencia reclamada, es claro que la fe pública de la actuaria no puede ser desvirtuada por las meras afirmaciones expuestas por dicha parte quejosa en su demanda de amparo, pues fue intención del legislador investir a estos funcionarios de fe pública, la cual solo puede ser desvirtuada mediante prueba fehaciente. En tal virtud, al resolverse en la presente sentencia que fue legal la diligencia de emplazamiento impugnada, con ello queda establecido que la parte quejosa en realidad no fue extraña al procedimiento correspondiente, y por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste, sólo les es imputable a ella misma. Ahora, aun cuando es cierto que con relación al emplazamiento, es susceptible de operar la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, según lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; empero, de las constancias certificadas exhibidas en autos relativas al juicio natural, no se advierte ninguna violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa a la parte quejosa. Finalmente, no está por demás decir que, no es posible analizar la constitucionalidad o legalidad de los demás actos reclamados, ya que, al haberse declarado legal el emplazamiento, la ahora quejosa estuvo en aptitud de defenderse de ellos en sede ordinaria y que, al no haberlo hecho, cualquier manifestación al respecto deviene extemporánea, además, todo aquello en su caso, debió ser materia de amparo directo como violación procesal, el cual al no haberse presentado, se extiende la negativa de la justicia federal en torno a ellos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marisela Guadalupe Ibarra Álvarez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese.

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