Marisol Peña Rodriguez
Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Marisol Peña Rodriguez
Actuaciones
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se trascriben: "IV.- ACTO RECLAMADO. I.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables: Su negación a dar contestación a la solicitud para que se me expida copias certificadas de la TRIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO celebrada el día 28 de junio de 2023, esto mediante oficio de fecha 6 de julio de 2023 y recibido en ese mismo día." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado y mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1153/2023-V, motivo por el cual, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, con relación al diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente en que se actúa, la parte quejosa reclama lo siguiente: I. La omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el seis de julio de este año, por el cual se solicita la expedición de las copias que ahí se mencionan. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas para ello, como se aprecia de las constancias de notificación relativas a los oficios 30697/2023, 30698/2023 y 30699/2023, que se les envió para tal efecto. En consecuencia, al no haber rendido en forma su informe justificado, pese a estar debidamente notificadas, se presume la certeza de tales actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 115-120, sexta parte, Séptima época, página 84, con registro 252213, que indica: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. PRESUNCION DEL ACTO RECLAMADO, CONFORME AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. ALCANCES. La presunción de certeza del acto reclamado, que opera porque la autoridad responsable no rinde informe justificado, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, sólo implica tener por demostrada la existencia del acto reclamado, pero carece del efecto de tener por acreditada la ilegalidad del propio acto ni, por otra parte, exime al quejoso de la obligación de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del propio acto reclamado, salvo cuando el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1340, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y suficientes para conceder la protección constitucional. De inicio, conviene acudir al texto del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Conforme al precepto constitucional transcrito, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad y formular una solicitud o instancia escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, debido a la relación jurídica consignada en el artículo 8 de la Constitución Federal, tienen como obligación, el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada; por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental, al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le hubiere elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además de la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8 de la Carta Magna, también les impone a las autoridades un segundo requisito, consistente en la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 126, que señala lo siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En el caso particular, debe señalarse que las autoridades responsables no dieron contestación a la petición presentada el seis de julio de dos mil veintitrés; omisión que evidentemente es violatoria de los derechos humanos de la parte quejosa. Es así, pues conforme al artículo 8 constitucional, todo gobernado puede ejercer el derecho de petición a los funcionarios y empleados públicos, los cuales, como consecuencia jurídica, tienen la obligación de dar respuesta en breve término a las peticiones que se les formulen y de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario, siempre y cuando señalen domicilio para tal efecto, como en la especie ocurrió; circunstancia que en el caso, no ha acontecido. Por consiguiente, si como en el caso, las autoridades responsables no acreditaron haber contestado y notificado en breve término la contestación a la petición formulada por la parte quejosa, sin que sea admisible arrojar sobre ésta la carga de un hecho negativo, como es el que no hubo tal contestación, se pone plenamente de manifiesto que las autoridades responsables transgredieron en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sostenida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, volumen CXXXII, tercera parte, página 138, que dispone lo siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: Las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretaria del Ayuntamiento, ambos del Municipio de Mapimi, Durango, contesten de manera congruente el escrito de petición de seis de julio de dos mil veintitrés; y, Notifiquen personalmente la respuesta respectiva a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de la presente ejecutoria. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimentos. Vistos los de cuenta, se reciben los pedimentos a través de los cuales la agente Ministerio Público de la Federación adscrita, ofrece pruebas y alegatos de su intención; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que refiere, sin perjuicio de tomarlas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Alegatos. Ahora bien, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional que se celebre. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables; ni los acuses de recibo de los oficios por el que se les solicita. Diferimiento. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al tercero interesado Antonio peralta Sánchez Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obra constancia de la notificación practicada al tercero interesado Antonio Peralta Sánchez, respecto del proveído de diez de julio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se ordenó dar vista, con el oficio que remite la autoridad responsable y con las constancias que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que las partes manifestaran lo que a su interés convenga. Acuerdo. Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario, a fin de que notifique personalmente al tercero interesado referido, el presente auto y el diverso de diez de julio del año en curso, corriéndole traslado con copia de los mismos.
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