Mario Villarreal Murra

Expediente 1115/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1115/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Mario Villarreal Murra
  • Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Con Sede En Saltillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, mediante el cual informa que acepta continuar con la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, radicándolo bajo el juicio de amparo 919/2022. Archivo y anotaciones. En consecuencia al no existir cuestión pendiente por tramitar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Notifíquese.

  2. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Jorge Trejo Veloz. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito recibido en la guardia del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de mayo de dos mil veinte, Mario Villarreal Murra, solicitó la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene tal carácter: Como Responsable Ordenadoras: A) CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, con domicilio el ubicado en Blvd. Francisco Coss número 945. Zona Centro en la ciudad de Saltillo en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Como Responsables Ejecutoras: A).- C. JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila. B).- C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, con domicilio el ubicado en Blvd. Francisco Coss número 945. Zona Centro en la ciudad de Saltillo en el Estado de Coahuila de Zaragoza. En la demanda de amparo la parte quejosa hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se violentaron, son el 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, la demanda de amparo correspondió al conocimiento del Juez Tercero de Distrito en La Laguna, quien el veintinueve de mayo de dos mil veinte, la registró con el número 385/2020, y el ocho de septiembre de dos mil veinte la admitió a trámite, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, y dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Mediante auto de catorce de octubre de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, tomó conocimiento de la existencia del acuerdo C-063/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, mediante el cual se determinó entre otros puntos, la supresión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón (autoridad responsable), a partir del veinticinco de mayo de dos mil veinte, y que los asuntos en trámite independientemente del estado procesal en que se encuentren y aquellos pendientes de cumplimentar órdenes de aprehensión y/o comparecencia, de los mismos, estarán a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, el que continuará desahogándolos hasta su conclusión; en consecuencia, declaró la inexistencia de dicha autoridad señalada como responsable. En auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de la resolución de uno de junio de dos mil veinte, emitida por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, en la que se declaró competente para conocer el proceso penal 218/2016, registrada en ese juzgado bajo el número 562/2020-5T. Asimismo, por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, remitió a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo por considerar que corresponde el conocimiento del asunto por existir en el sistema un antecedente que hace procedente su vinculación. En auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional rechazó conocer del asunto al considerar que no se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, determinó que a este juzgado corresponde el conocimiento del asunto, por lo que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, asumió el conocimiento del mismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1115/2021-III, y el emplazamiento al tercero interesado; motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO ÚNICO. Incompetencia legal. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal de este Juzgado de Distrito para conocer de la presente demanda de amparo. El artículo 48 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Atento a ello, es obligación de los Jueces de Distrito remitir las actuaciones al juzgador que estimen competente, al advertir que carecen de competencia legal para conocer del asunto que se les plantea en el momento procesal en que ello ocurra, de manera previa a pronunciarse sobre las cuestiones que atañen al fondo del problema que se formula. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.2o.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo" En ese sentido, a fin de determinar lo relativo a la competencia, debe precisarse que la parte quejosa reclama en este asunto la resolución de uno de junio de dos mil veinte, emitida por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, en la que se declaró competente para conocer el proceso penal 218/2016, registrada en ese juzgado bajo el número 562/2020-5T, así como el acuerdo C-063/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, mediante el cual se determinó entre otros puntos, la supresión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón (autoridad responsable), a partir del veinticinco de mayo de dos mil veinte, y que los asuntos en trámite independientemente del estado procesal en que se encuentren y aquellos pendientes de cumplimentar órdenes de aprehensión y/o comparecencia, de los mismos, estarán a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, el que continuará desahogándolos hasta su conclusión. Asimismo, es imprescindible tener en consideración lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Como se precisó, en el caso el acto reclamado es la resolución de uno de junio de dos mil veinte, emitida por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, en la que se declaró competente para conocer el proceso penal 218/2016, registrada en ese juzgado bajo el número 562/2020-5T, así como el acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, mediante el cual se determinó entre otros puntos, la supresión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón. En ese orden de ideas, este Juez Primero de Distrito en La Laguna, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a que el proceso penal de origen, ahora se tramita ante la autoridad judicial con residencia en Saltillo, Coahuila, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal, por ello, tiene ejecución material en dicha ciudad; es decir, se actualiza la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37, transcrito anteriormente. Se sustenta lo anterior en tanto que respecto a ese tema nuestro alto tribunal consideró que cuando el quejoso promueve amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal, atendiendo a que los efectos de auto de formal prisión se trasladan directamente al proceso, ello, obedeciendo a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 160608, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De lo anterior, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquel en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Además, advierte que cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, (el lugar donde el inculpado está recluido y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En ese sentido, es claro que la competencia para conocer del presente asunto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal y no el que resida en la jurisdicción donde se encuentra el quejoso, puesto que el acto reclamado emitido en la causa penal ahora 562/2020-5T, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, tiene ejecución material en el lugar donde se instruye la causa penal y no donde reside la victima u ofendido o incluso donde resida el inculpado. Se reitera que atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el conocimiento del asunto, pues tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo que establece que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, de ahí que la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la mencionada determinación, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En tales condiciones, cabe señalar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que aquí interesa establece: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (. ) VIII. OCTAVO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo. (.)". De la disposición transcrita se puede advertir que en el Estado de Coahuila, se encuentran establecidos los juzgados de distrito que ejercen su jurisdicción en Saltillo, lugar donde se ubica el juez que ahora conoce de la causa penal de origen. En esa medida, por los razonamientos anteriores, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, se considere legalmente incompetente en razón del territorio para resolver el presente asunto, y declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en turno. Sin que constituya obstáculo para pronunciarse en el sentido apuntado, la circunstancia de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo de amparo, en tanto que las cuestiones de competencia son de orden público y, por tanto, preferentes. Se remiten autos del juicio de amparo. En tal virtud, remítanse los autos que integran el expediente de amparo número 1115/2021, al juzgado homólogo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo a fin que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, se declara legalmente incompetente para decidir el juicio de amparo 1115/2021, promovido por Mario Villarreal Murra, por los motivos expuestos en el considerando único de esta resolución. SEGUNDO. Remítase el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con residencia en Saltillo, en turno, para que determine lo que legalmente corresponda sobre la cuestión de incompetencia aquí resuelta. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a uno de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, con las cuales se dio vista a las partes en proveído de diecinueve de mayo del presente año. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, mediante el cual informa que dentro de la causa penal 562/2020-5T, dictó sentencia condenatoria en contra de Cruz Francisco Pineda Camarillo, por el delito de extorsión, y para tal efecto remite en copia certificada la sentencia relativa. Vista. Con lo anterior, dése vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

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