Marisa Gudalupe Quintanilla de la Garza

Expediente 1166/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1166/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
24/03/2017

Partes del expediente

  • Marisa Gudalupe Quintanilla de la Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cúmplase

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, toda vez que la quejosa exhibió una documental con la demanda de amparo, se deja a su disposición por el plazo de noventa días contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, previa copia certificada que se deje en autos, en el entendido que de no recogerla en la temporalidad indicada, se procederá a destruirla con el expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: " Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, toda vez que la quejosa exhibió una documental con la demanda de amparo, se deja a su disposición por el plazo de noventa días contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, previa copia certificada que se deje en autos, en el entendido que de no recogerla en la temporalidad indicada, se procederá a destruirla con el expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1166/2016, promovido por Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, contra un acto de la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa número 56 de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. La inconforme narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha de su presentación se registró bajo el orden 1166/2016, y dada la diferencia de la firma de la quejosa con diversa estampada en un controvertido tramitado en este juzgado, se ordenó su ratificación, que una vez realizada, se admitió el cuatro de enero siguiente; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto impugnado. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis de los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es la omisión de dar contestación al escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-21397-2016, que se atribuye a la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa número 56 de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. TERCERO. No es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir el informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. Circunstancia que se corrobora con la documental que como material probatorio fue relacionada, que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que de aquella se advierte que el catorce de diciembre de dos mil dieciséis (foja 42), la autoridad del conocimiento se pronunció en relación con la petición formulada por la inconforme en los autos de la averiguación previa de origen, y ordenó notificar dicha determinación en un domicilio que para ese efecto previamente había señalado la peticionaria (fojas 45 y 46); sin embargo, como se destaca, el veintisiete siguiente, por una causa atribuible a ella no se pudo efectuar la notificación correspondiente. En tales condiciones, si la autoridad se pronunció respecto del escrito de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, cuya omisión de contestarlo constituye el acto reclamado, comunicándolo a la parte quejosa por la vía señalada, que por una causa únicamente atribuible a ella no se pudo efectuar, y la demanda que dio origen al presente controvertido se presentó hasta el veintinueve de diciembre del año pasado; resulta evidente que la omisión de que se trata era inexistente a la fecha de promoción de este juicio de amparo. En ese sentido, debido a la inexistencia de la omisión reclamada, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que bajo el número 682 aparece publicada en la página 765 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección-, Procedimiento de amparo indirecto, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Finalmente, debe precisarse que no se soslaya que no se dio vista a la quejosa con la respuesta que recayó a su petición, pues tal obligación sólo deriva cuando a través del juicio de amparo se tiene conocimiento de aquélla y, en el caso, la autoridad responsable fundadamente acreditó que pretendió notificar la determinación que emitió, pero por una cuestión ajena no se efectuó, por lo que se estima que la promovente se encontraba en aptitud de controvertirla por la vía que considerara conducente; razón por la cual se considera que, en el caso, no se actualiza el supuesto que prevé la jurisprudencia 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, contra la omisión de dar contestación al escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-21397-2016, que se atribuyó a la agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa número 56 de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.

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