Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza
Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/05/2018
Partes del expediente
- Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a once de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 120/2018, promovido por Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, contra acto de la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa X de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de esa fecha se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 120/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se precisa que el acto reclamado de la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa X de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, consiste en la determinación de seis de febrero de este año -no de siete como lo precisó la amparista en la demanda-, emitida en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-2016, en que no se acordó de conformidad la expedición de copias solicitada por la quejosa. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de algunas constancias de la averiguación indicada, que se adjuntaron al comunicado citado; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causal de improcedencia y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna, procede el análisis constitucional de la resolución reclamada, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán más adelante. En principio, resulta conveniente precisar que este órgano de control constitucional resolverá con base en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en beneficio de todo inculpado sujeto a un proceso penal el derecho a una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en aquél y que requiera para su defensa. Ahora bien, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a la fracción X del citado precepto constitucional, las garantías previstas en sus fracciones VII y IX, que en un principio sólo eran aplicables durante la tramitación del proceso penal, también fueron incorporadas a la averiguación previa, aunque limitándose a lo establecido en las leyes secundarias. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que las únicas personas que tendrán acceso a las actuaciones de la averiguación previa serán el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, en caso de que los hubiera, y establece que el funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación incurrirá en responsabilidad; de donde se advierte que el Ministerio Público está impedido para otorgar dichas copias, lo cual es acorde con la garantía de defensa contenida en las fracciones VII y IX del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, en tanto que ésta dispone que tratándose de la averiguación previa, dicha garantía se otorgará con las limitantes, términos y requisitos que las leyes secundarias determinen, es decir, si bien es cierto que las partes tienen derecho a que se les proporcione toda la información que requieran para su defensa, también lo es que el hecho de que el Ministerio Público no pueda proporcionar copias -en aras de proteger la reserva de las actuaciones-, en nada restringe el aludido derecho, pues aun cuando no se les proporcionen copias, el referido artículo 16 prevé que podrán tener acceso a las actuaciones de las que se podrán tomar todos los datos que estimen indispensables. De manera que si la fracción VII, apartado A, del artículo 20 constitucional no exige que los datos solicitados por el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido y/o su representante legal, para preparar su defensa y que consten en la averiguación o en el proceso, sean pedidos precisamente por escrito y ministrados en forma de copias simples o certificadas, basta que el expediente respectivo sea puesto a la vista de las partes para que puedan consultarlo" (énfasis propio). Bajo esos lineamientos, es indudable que el punto jurídico a resolver en este asunto, es idéntico al analizado en la jurisprudencia en cita, esto es, determinar si es procedente o no la expedición de copias en la averiguación previa. Lo anterior es así, ya que la quejosa solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación responsable copia de la indagatoria de referencia; petición a la que recayó el acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho, que en lo que interesa dice: ".VISTO el contenido del escrito que se tiene por recibido por este acuerdo, y del que se desprende que la C. Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, en su carácter de probable responsable, requiere de esta Unidad Investigadora se le expidan copias simples de todos los autos que componen la presente indagatoria, con fines legales no especificados, siendo que única y exclusivamente hace referencia que las solicita para una adecuada defensa; por lo tanto, y en razón de lo que dispone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el sentido de que al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, la averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.[texto].al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se sujetara al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda. Cabe precisar que el vocablo 'acceso' que menciona el dispositivo legal invocado, no se refiere a la obtención de copias, sino más bien a tener conocimiento de los contenidos de la indagatoria, mas no a quebrantar la secrecía de la misma, ya que los datos que la engrosan son estrictamente reservados, por lo tanto resulta IMPROCEDENTE la petición formulada por la inculpada, situación que debe hacerse de su conocimiento, para los efectos legales que procedan, por ello, es de acordarse y se. ACUERDA PRIMERO. Glósese el documento descrito en líneas precedentes en la averiguación previa en que se actúa. SEGUNDO. No ha lugar a otorgar las copias que solicita la postulante aludida, por las razones expuestas en este acuerdo.". Por otra parte, en los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, se alega de manera toral que la autoridad responsable negó la copia de la averiguación previa citada, impidiendo con ello una adecuada defensa. Luego, si con la invocada jurisprudencia de la Primera Sala del Más Alto tribunal, se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado, esto es, que no por ser parte legitimada para tener acceso a la indagatoria, implica que se tenga derecho a que le expida copia de la misma, se reitera que son inoperantes los conceptos de violación hechos valer. Con base en lo expuesto, este juzgado hace suyos los razonamientos que sustentan el criterio obligatorio en cita, de modo que no está obligado a exponer mayores motivos para sustentar la determinación que se emite, ello con apoyo en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional". Además, también sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que aparece publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación, y por ende innecesario su análisis, en los que en relación al fondo del asunto planteado en los mismos, ya existe jurisprudencia definida que resulta obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñen a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con la aplicación de la misma se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la parte quejosa, ningún beneficio obtendría esta última el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de la obligatoriedad de ésta, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en la misma". Máxime que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que la quejosa ha tenido acceso a la averiguación previa, por lo que resulta evidente que no se está impidiendo una adecuada defensa. En consecuencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, contra acto de la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa X de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, consistente en la determinación de seis de febrero de este año, emitida en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-2016, en que no se acordó de conformidad la expedición de copia solicitada por la quejosa. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza, respecto del acto consistente en la determinación de seis de febrero de este año -no de siete como lo precisó la justiciable en la demanda-, emitida en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-2016, en que no se acordó de conformidad la expedición de copias solicitada por la quejosa, atribuido a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa X de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta recibidos vía correo electrónico, con apoyo en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, provenientes de la Mesa Diez de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura Dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual dicha autoridad remite en alcance a su informe de ley, copia del escrito signado por la quejosa, presentado en la averiguación previa 1437/UEIDT-56-21397-2016, que se tomará en consideración al resolver el presente controvertido. Con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad signante, la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las nueve horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes
- Mario Trigo García564/2019
- Mario Vallarta Cisneros121/2022
- Mario Vaquez Alvarez1031/2018
- Mario Víctor Huelga Herrera219/2018
- Marisa Guadalupe Quintanilla de la GARZA560/2017
- Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza142/2018
- Marisa Guadalupe Quintanilla De la Garza114/2017
- Marisa Guadalupe Quintanilla De La Garza1018/2016
- Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza984/2019
- Marisa Guadalupe Quintanilla De la Garza613/2017
- Marisa Guadalupe Quintanilla de la Garza47/2018
- Marisa Gudalupe Quintanilla de la Garza1166/2016