Marisela Rodriguez Godinez
Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2017
Partes del expediente
- Marisela Rodriguez Godinez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y la certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III último párrafo del punto vigésimo primero del referido acuerdo, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 93/2017, promovido por Marisela Rodriguez Godinez, contra los actos reclamados de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otra autoridad; y R E S U L T A N D O : Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la promovente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo del mismo día de su presentación, se registró la demanda bajo el orden 93/2017, se decretó la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que suspendiera la ejecución de la orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población reclamada, y se solicitó a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla su informe en cumplimiento a dicha medida; asimismo, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población, así como la ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades: Directora; y Presidente del Consejo Técnico. Ambas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. En tal virtud, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las responsables, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marisela Rodriguez Godinez, contra los actos reclamados consistentes en la orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población, así como la ejecución, atribuidos a la Directora; y Presidente del Consejo Técnico, ambas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por los motivos expuestos en el considerando tercero.
- Principal
Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan las autoridades responsables. Finalmente, de conformidad con los dispositivos 3, fracción II, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, téngase a las autoridades oficiantes, manifestando su oposición para que se publiquen datos personales, lo cual será tomado en consideración por la unidad administrativa, una vez que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas, pruebas y demás constancias que consten en este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Marisela Rodriguez Godinez, contra actos de la encargada de la Dirección del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 93/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama la orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población, así como su ejecución, fuera de procedimiento; en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dichos actos, y la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interna, y a disposición de la encargada de la Dirección del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al citado precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a estas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de las inculpadas y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Así, requiérase a la referida directora, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. Se admite la demanda. Se señala el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete a las diez horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pídase a las autoridades responsables rindan informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que queden notificadas de este proveído, al que deberán acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: La orden de reubicación o cambio de dormitorio dentro del área de población, así como la ejecución. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la promovente de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. Sin que haya lugar aperturar incidente de suspensión, en virtud que los actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano decretada en autos. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del numeral 5, fracción IV, de la citada ley. Con fundamento en el precepto 64, párrafo primero, de la ley de referencia, requiérase a las partes, para el caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. En otro contexto, resérvese proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la quejosa, hasta en tanto consten en autos los informes de ley rendidos por las responsables. Con fundamento en el precepto 26, fracción I, inciso a), de la ley en cita, notifíquese este proveído y los subsecuentes, en el interior del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, en virtud de que el amparista manifestó estar interno en dicho centro de reclusión, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio.
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