Mario Valdez Soto
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mario Valdez Soto
- Juez Septimo de Distrito En el Estado de Sinaloa, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el auto en el cual se declaró cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación practicada por el actuario adscrito, en la que hace constar que el quejoso ********************, manifestó lo siguiente: "..Solicito que mi abogada meta lo conducente a continuación.". No obstante, el estado de autos se desprende, que la defensora pública federal del quejoso ********************, no ha sido notificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, notifíquese personalmente a la citada defensora, el referido acuerdo y el presente proveído, a fin de que manifieste lo que a los intereses de su representado convenga.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta oportuno hacer la calificativa acerca de si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio. En primer lugar debe indicarse que ********************, en esta vía constitucional, reclamó: "Del juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en su carácter de ordenadora: El acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el cual se acordó la negativa a ordenar la libertad de ********************, dentro de la causa penal ********************/******************** de su índice, aun cuando en resolución de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable otorgó el beneficio de libertad preparatoria, la cual se encuentra firme, en virtud de que causo estado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.". Integrada la Litis, este juzgado de distrito el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. EFECTOS. La autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: 1) De manera inmediata requiera a la Dirección General de Ejecución de Sanciones, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, para que informe si recibió o no, el oficio de nueve de junio de dos mil veintidós, en la causa penal ********************/********************, de su índice; 2) En caso de que la autoridad no haya recibido el oficio en mención, lo reexpida nuevamente, a fin de que esté en aptitud de acatar el requerimiento ordenado en auto de nueve de junio del año en curso y, en caso de renuencia de la autoridad administrativa, haga valer los medios de apremio establecidos en la Ley de Amparo; 3) De manera inmediata, requiera al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en Culiacán, Sinaloa, a fin de que informe el estado del cumplimiento de la pena del aquí quejoso, en la causa penal ********************/********************, de su índice y le remita, en su caso, las constancias correspondientes para poder ejecutar adecuadamente la resolución incidental; 4) Recabe toda aquella información y constancias necesarias de cualquier autoridad que pudiere estar vinculada en el debido cumplimiento y ejecución del beneficio preliberacional; y 5) Una vez recabada, la información completa, el Juez responsable deberá determinar de inmediato lo correspondiente a la ejecución de la resolución de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************/********************, de su índice.". Al haber quedado debidamente notificadas las partes en este asunto, por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado contra la citada sentencia, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán, Sinaloa. Previo diversos requerimientos, mediante oficio 81/2023 la actuaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, determinó lo correspondiente a la ejecución de la resolución de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************/******************** de su índice, esto con base en lo informado por el Director General de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de México, mediante el cual en respuesta al oficio 186/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, informa el estatus y prelación de penas de las sentencias impuestas a los sentenciados ******************** e ********************. Con lo anterior, se ordenó dar vista tanto al quejoso ******************** como su defensora pública federal, de lo cual quedaron debidamente notificados, sin que a la fecha del presente auto, hayan hecho manifestación alguna. Por lo que, atendido lo anterior y tomando en consideración los efectos de la concesión del amparo encaminados a que el juez responsable recabara la información completa y determinara lo correspondiente al cumplimiento (ejecución) de la pena impuesta al aquí quejoso, en la resolución de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************/******************** de su índice; lo cual, ya aconteció, por tanto, es oportuno precisar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, puesto que se restituyó al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, dado que se le otorgó respuesta completa a su petición y además le fue notificada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, por conducto de su autorizado legal, tal y como se desprende de la documental allegada por el delegado de las responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación de treinta y uno de julio de la presente anualidad, realizada por la actuaria de la adscripción, se advierte que el quejoso Mario Valdez Soto realizó manifestación respecto a la vista ordenada mediante acuerdo de veintiocho del mismo mes y año, en la que refiere textualmente lo siguiente: "dele vista a mi defensora para que ella promueva lo que se debe". En atención a tal manifestación, de nueva cuenta dese vista a la defensora pública federal, a fin de que comunique lo que considere pertinente. Por tanto, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a su defensora el presente proveído. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, teniendo en consideración que el quejoso, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Nor-Poniente, con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificarle personalmente este acuerdo, a la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
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