Mario Maldonado Pérez
Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Maldonado Pérez
- Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por la que por una parte se sobreseyó, y por otra negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 102/2018, promovido por Mario Maldonado Pérez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Mario Maldonado Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de siete de febrero de dos mil dieciocho la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 102/2018, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y finalmente, el veinticuatro de mayo del año que transcurre, se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La citación del quejoso para declarar (en calidad de víctima) dentro del proceso penal 140/2010 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas; diligencia encomendada mediante exhorto 445/2018 y del cual correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 34/2018. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; y, Director General de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial, con sede en la ciudad de México, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la orden de presentación o comparecencia contra el quejoso, lo cual se corrobora con lo informado por los Jueces señalados como responsables. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues el acto reclamado es positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, lo cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara medio de convicción alguno para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable de que se trata, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y por tanto, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/20, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio-Diciembre de 1989, página 627, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Los Jueces Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas con sede en Matamoros, y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, aceptaron la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias relativas al proceso penal 140/2010, y al exhorto 34/2018, que en copia certificada adjuntaron a su respectivo informe justificado. Lo anterior, no obstante que ambas autoridades manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por el impetrante del amparo, consistentes en la orden de presentación, comparecencia y/o aprehensión, pues también señalaron que dentro de la causa penal de referencia se programó una diligencia de ampliación de declaración a cargo del quejoso, para lo cual se ordenó su citación. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia del presente juicio de amparo, ni este juzgado de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio del acto reclamado. Sexto. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a realizar el análisis de los argumentos del quejoso, se considera necesario relacionar los siguientes antecedentes que se desprenden del juicio de origen: 1. El treinta de enero de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la causa penal 140/2010 instruida contra Pablo Ricardo Cerda González, dictó un auto en el que acordó los medios de convicción ofrecidos por el defensor público federal del encausado. 2. En dicho auto, con apoyo en los artículos 206, 269, 240, 242, 246, 247, 248, 249 y 265 del Código Federal de Procedimientos Penales, admitió a favor del citado inculpado, entre otros, la ampliación de declaración a cargo de las víctimas M.M.P. y M.M.P. (fojas 2 a 4 del tomo de prueba) 3. Por lo anterior, señaló las once horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho para su desahogo y toda vez que las víctimas de referencia residen en esta ciudad de Morelia, ordenó girar el exhorto 445/2018 al Juez de Distrito en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para llevar a cabo dicho medio de prueba mediante el método alternativo denominado videoconferencia. 4. El conocimiento del exhorto correspondió al Juez Tercero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, quien lo registró bajo el número 34/2018 de su índice y aceptó coadyuvar con el juzgado exhortante en la fecha indicada; asimismo, ordenó mantener en sigilo el domicilio y nombre de las víctimas como ordenó la autoridad exhortante, a fin de garantizar su privacidad. 5. Atento lo anterior, comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de las víctimas y les notificara que debían comparecer ante ese órgano jurisdiccional identificados con documento oficial en la fecha y hora indicadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harían acreedores a algún medio de apremio acorde a lo dispuesto por el numeral 44, del Código Adjetivo de la Materia (fojas 6 y 7 del tomo de prueba). 6. La citación respectiva se realizó a las víctimas el seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación que se dejó fijada en el domicilio indicado para tal efecto para lo cual se insertó el contenido íntegro del proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho emitido por el juez de la causa, así como del auto de dos de febrero del mismo año, dictado por el juez exhortado. 7. Llegada la fecha señalada (veinte de marzo de dos mil dieciocho), la secretaria del juzgado exhortado levantó certificación en el sentido de que no se desahogó la diligencia encomendada en razón de que no se presentaron las víctimas citadas; motivo por el cual, en coordinación con el juez de la causa, de nueva cuenta se coordinaron las once horas con treinta y tres minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho para el verificativo de la diligencia de ampliación de declaración admitida en el expediente de origen. 8. Por tanto, dentro del exhorto de que se trata de nueva cuenta se ordenó al actuario judicial realizar la citación correspondiente, lo que así hizo el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación que se dejó en poder de Margarita Tapia Salinas, quien refirió ser trabajadora de una de las víctimas. 9. Sin embargo, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, nuevamente se levantó certificación en el sentido de que no fue posible desahogar la diligencia de que se trata, merced a que de nueva cuenta no se presentaron las víctimas, lo cual se ordenó hacer del conocimiento del juez exhortado. Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el quejoso argumenta lo siguiente: a) Que las autoridades responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que tratan de detenerlo y privarlo de su libertad sin que se haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se funde ni motive la causa legal del mismo, toda vez que no se acredita la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del referido quejoso. b) Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el citado numeral 14 Constitucional, porque no se hizo de su conocimiento, con oportunidad para su defensa, el supuesto típico específicamente determinado, en el cual se recibieran todos los elementos de prueba de descargo. c) Así también, que se transgrede el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, porque las autoridades responsables tratan de detenerlo y privarlo de su libertad, sin que se le haya seguido un proceso ante la autoridad competente. Luego, analizados que fueron los motivos de disenso, los mismos resultan infundados, por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, como quedó precisado con antelación, no existe orden privativa de libertad dictada por las autoridades responsables contra el aquí quejoso, sino que, de acuerdo con las constancias que fueron allegadas por los Jueces de Distrito, lo que se advierte es que dentro del exhorto 34/2018 de su índice, el Juez Tercero de Distrito con residencia en esta ciudad, coadyuva con el Juez Primero de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, en el desahogo de una diligencia de carácter judicial admitida a cargo de la víctima aquí quejoso (ampliación de declaración), y en atención a ello ordenó citarlo por conducto del actuario de su adscripción a fin de llevar a cabo su ampliación de declaración por medio del método alternativo denominado videoconferencia. Luego, el efecto de la citación ordenada lo es para que el quejoso comparezca ante el Juez Tercero de Distrito en esta ciudad, (quien coadyuva en el desahogo de la diligencia) a ampliar su declaración en calidad de víctima, dentro del proceso penal 140/2010, que se sigue en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, contra Pablo Ricardo Cerda González. Ello porque, como se destacó en párrafos precedentes, la defensa del inculpado en la causa penal 140/2010, ofreció como prueba la ampliación de declaración de la víctima aquí quejoso a efecto de interrogarlo y en ese sentido, resulta de suma relevancia que el Juez de la causa dicte todas las providencias que sean necesarias para conseguir la comparecencia del citado testigo pues, de acuerdo con los artículos 240 y 242 del Código Federal de Procedimientos Penales, el tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes y, correlativamente, toda persona estará obligada a presentarse ante el juzgado cuando sea citada, salvo el caso de los altos funcionarios, de enfermedad o de imposibilidad física. De modo que, el objeto de la citación ordenada no es otro sino obtener la comparecencia del aquí quejoso, en este caso, en su calidad de víctima y testigo de cargo, para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado y de ese modo tutelar su derecho a la defensa. De lo anterior se concluye que, en forma correcta, el Juez de la causa admitió la prueba ofrecida por la defensa y para su desahogo giró exhorto a su homólogo en esta ciudad, quien ordenó la notificación del quejoso por conducto del actuario de su adscripción, a efecto de hacerle saber la fecha en que debía acudir ante ese órgano jurisdiccional para el verificativo de su ampliación de declaración. De modo que, para dar cumplimiento a lo anterior, el fedatario judicial se constituyó en el domicilio que le fue proporcionado para ese efecto, y dejó cédula de notificación con transcripción de los autos en los que se ordenó el desahogo de tal medio de convicción, a efecto de que el quejoso acudiera al órgano jurisdiccional de referencia, lo cual no se traduce en una orden restrictiva de la libertad, como aduce, pues la diligencia encomendada consiste únicamente en desahogar el interrogatorio formulado por la defensa respecto de los hechos que le consten en relación al proceso penal de origen, hecho lo cual, estará en aptitud de retirarse del recinto judicial y en ese sentido, no existen formalidades del procedimiento que se deban seguir dado que no se instruye proceso alguno en su contra y por lo mismo, no se transgreden en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad que refiere. De lo anterior se concluye que, la citación impugnada se encuentra ajustada a derecho, pues para la admisión de la prueba y su desahogo mediante exhorto, el juzgador de origen se apoyó en lo que al efecto dispone el Código Federal de Procedimientos Penales; por tanto, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, entendida la primera como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y por la última la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Así, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen, requisitos que se encuentran colmados en el caso que nos ocupa. De suerte que, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos y al no advertirse deficiencia de la queja que deba suplirse, procede negar el amparo solicitado. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Maldonado Pérez, respecto de la autoridad y por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Mario Maldonado Pérez contra las autoridades y acto precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las once horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, mismo que se encuentra para estudio; atento a ello, fórmese cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del informa que en auto de veintisiete de junio del año en curso, devolvió el exhorto I-34/2018 (número de origen I-33/2018), de su índice, en relación con el diverso 445/2018-IX (número de orden 447/2018), del índice del Juez Primero de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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