Mario Hernández Montez
Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Hernández Montez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por Alberto Jorge Hernández García, en cuanto apoderado jurídico de Mario Hernández Montez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada el cinco de agosto de dos mil veintidós, bajo los siguientes argumentos: Bajo protesta de decir verdad, refiere que el trece de julio del presente año, tuvo conocimiento del acto reclamado. Que no ha interpuesto recurso alguno de los señalados por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; no obstante que, el quince de junio de dos mil veintidós el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Pacífico-Centro con residencia en esta ciudad, lo tuvo interponiendo recurso de queja en contra del cumplimiento defectuoso de la sentencia definitiva dictada en el Juicio de nulidad 1324/20-21-01-1-OT; y, Que la Sala Regional no ha declarado por cumplida la sentencia ejecutoriada del juicio de nulidad antes descrito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, este órgano de control constitucional considera que en el caso resulta improcedente la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Lo anterior, en virtud de que el peticionario del amparo aun cuando refiere que no interpuso recurso ante el Magistrado instructor de la Sala Regional, lo cierto es que, en razón al contenido de la promoción que presentó el trece de junio del año en curso, en la oficialía de partes de la Sala Regional, dicho Magistrado lo tuvo interponiendo recurso de queja, porque solicitó se requiriera a la autoridad demandada -Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-, el cumplimiento total de la sentencia definitiva del veintidós de enero de dos mil veintiuno. Motivo por el cual este órgano judicial estima se actualiza en el presente asunto la citada causa de improcedencia; ya que de la demanda se advierte que el Magistrado instructor tuvo por interpuesto el recurso de queja en relación con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 1324/20-21-01-1-OT del índice de la Sala Regional del Pacífico-Centro, con residencia en esta ciudad. Por tanto, se advierte que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja contra la resolución que dio origen al acto impugnado, la cual puede lograr la revocación, modificación o anulación del acto que aquí se reclama, motivo por el cual sobreviene el motivo de improcedencia citado. Ahora bien, de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a), número 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de queja procede contra la resolución que repita indebidamente la resolución anulada, o la que incurra en exceso o en defecto. Lo anteriormente expuesto permite advertir con toda claridad que el recurso de queja es el medio de impugnación idóneo para impugnar el acto aquí reclamado y con el cual puede tener como resultado que se revoque, modifique o anule el mismo acto, así como sus consecuencias jurídicas. Luego, si con motivo de la interposición de dicho recurso puede quedar insubsistente el acto reclamado, este Juzgado de Distrito debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos dentro del medio de impugnación que hicieron valer, con motivo del cual, puede quedar insubsistente el acto reclamado, así como sus consecuencias jurídicas; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Consecuentemente, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues al haber tenido la autoridad responsable a la parte quejosa interponiendo dicho medio de defensa ordinario en contra del cumplimiento defectuoso de la sentencia definitiva dictada en el Juicio de nulidad 1324/20-21-01-1-OT, del índice de la Sala Regional del Pacífico-Centro, con residencia en esta ciudad, el cual se admitió a trámite y es idóneo para obtener el cumplimiento de lo ejecutoriado y que en esta vía constitucional se reclama, ello impide que este juzgador se pronuncie sobre el acto que aquí se reclama, al estarse tramitando un medio de defensa que puede lograr su insubsistencia. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Jorge Hernández García, en cuanto apoderado jurídico de Mario Hernández Montez, carácter que se le reconoce en virtud del instrumento notarial que se sirvió adjuntar a su escrito de demanda en copia cotejada en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, contra actos del Delegado en el Estado de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-837/2022-DM. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, 110, 112, 114, así como 261, todos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, bajo protesta de decir verdad y apercibida de las sanciones en que incurren quienes afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, realice lo siguiente: Manifieste cuándo tuvo conocimiento del acto que reclama. Dado que, de la integridad de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado deriva de un Juicio de Nulidad 1324/20-21-01-1-OT del índice de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, se le requiere para que informe si interpuso algún recurso de los establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; En su caso, si la Sala Regional declaró por cumplida la sentencia ejecutoria en el juicio de nulidad antes citado; y, Exhiba las copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a las partes, así como para formar el incidente de suspensión que se lleva por cuerda separada y duplicado. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el plazo concedido, de conformidad con el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XXVI.1o.3K(10a.), consultable en la página 2211 del tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre dos mil dieciocho, materia común, décima época, sustentada por los Tribunales Colegiado de Circuito, con número de registro 2018493, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO.". Así como la jurisprudencia 2a./J.106/2003, consultable en la página ciento treinta y tres del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre dos mil tres, materia común, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.". Robustece a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/1999 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página treinta y dos del tomo X, materia común de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con número de registro 192843, de rubro "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.". En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas otorgado expresamente. Asimismo, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal mediante el correo electrónico y número telefónico que proporciona para tal efecto, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional y durante todo el plazo que continúe vigente la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Notifíquese por lista, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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