Mario Lopez León

Expediente 858/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 78 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
858/2019
Año
2019
Actuaciones
78
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Mario Lopez León
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 78.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 03 de febrero del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 858/2019; promovido por Mario López León, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Mario López León por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 858/2019; en proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve [foja14-18] se desechó la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados a la Notaria Pública número 55, con ejercicio en Huetamo, Michoacán y en ese mismo auto, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se reconoció el carácter de terceros interesados a Virgilio López León y a Rosalinda Gómez Aguirre, a quienes se ordenó emplazar a juicio [foja 35 del juicio de amparo]; de igual forma y atendiendo a que se hizo constar que esta última falleció sin que hubiese constancia de su sucesión, este juzgado ordenó al representante del Fisco del Estado de Michoacán [foja 396] denunciar las misma; siendo esto así, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se reconoció al Receptor de Rentas de Huetamo, Michoacán, en representación del Fisco del Estado, el carácter de tercero interesado [foja 475]. Efectuado lo anterior, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades en la cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, al Actuario adscrito a dicho órgano, al Administrador de Rentas de Huetamo, Michoacán y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán, consisten en: La ilegal notificación del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil nueve, pronunciado en el juicio ordinario civil 233/1998 que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Virgilio López León en contra de Rosalinda Gómez Aguirre, mediante el cual se le concedió el término de ocho días para que hiciera uso del derecho del tanto; de igual forma las consecuencias inherentes a la misma, tales como el remate y su adjudicación y traslado de dominio. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán [foja 33], al Actuario adscrito a dicho órgano [foja 31] y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán [foja 44], toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, consistente en el expediente 233/1998. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, toda vez que el al Administrador de Rentas de Huetamo, Michoacán, no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a dicha responsable. Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este Juzgado de Distrito estima, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77 del propio ordenamiento legal, relativo a la imposibilidad jurídica de que produzcan los efectos restitutorios de una sentencia favorable, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En efecto, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en la ilegal notificación del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil nueve, pronunciado en el juicio ordinario civil 233/1998 que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Virgilio López León en contra de Rosalinda Gómez Aguirre, mediante el cual se le concedió el término de ocho días que hiciera uso del derecho del tanto. Esto es, su reclamo no deriva de la falta de audiencia al juicio natural de divorcio; sino de la indebida notificación para vincularlo a la venta o al procedimiento de remate del bien embargado, respecto del cual es copropietario. Ahora, de las constancias que obran en autos se pone de relieve en lo conducente que: Tomando en consideración que los autos se encontraban en estado de ejecución, en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil nueve, y, se ordenó valuar y rematar la parte alícuota que le correspondía al demandado en reconvención Virgilio López León, del bien raíz embargado en su parte alícuota. Que del certificado de gravamen se advertía que existían diversos copropietarios, entre los que se encontraba Mario López León -aquí quejoso- motivo por el cual se comisionó a la Actuaria del Juzgado a efecto de que se constituyera en su domicilio, con el objeto de hacerle saber mediante notificación personal el estado de ejecución del asunto, y que contaban con el término de ocho días para hacer uso del derecho del tanto que le correspondía [foja 129 de noviembre de dos mil nueve]. Lo que se efectuó el ocho de junio de dos mil doce [foja 452-454 del tomo de pruebas]. El veintiuno de noviembre de dos mil trece se llevó a cabo la audiencia de remate, en la que se determinó lo siguiente: ".Acto continuo, el personal actuante determina que atendiendo a lo manifestado por el compareciente, y de que no hubo postores a la presente audiencia, y que además el valor pericial que se le asignó a dicho bien, es inferior a la cantidad de dinero que adeuda el actor del juicio principal por concepto de pago de alimentos, se decreta la adjudicación de los derechos y acciones del inmueble embargado en este juicio al actor y demandado reconvencionista Virgilio López León, mismo que ya fue descrito con anterioridad, adjudicación que se hace a favor de la señora Rosalinda Gómez Aguirre, en la cantidad de $24,603.58 veinticuatro mil seiscientos tres pesos 58/100 Moneda Nacional, que es la cantidad que sirvió de base para el remate para esta almoneda." El nueve de diciembre de dos mil trece, se declaró firme dicha audiencia y se ordenó requerir al obligado alimentista, para que dentro del término de tres días, otorgara en forma voluntaria la escritura correspondiente del bien inmueble adjudicado [foja 495 del Tomo de pruebas]. Que al no hacerlo, el tres de marzo de dos mil catorce, el juez natural ordenó enviar los autos originales del asunto al Notario Público Número 55, con ejercicio en Huetamo Michoacán [foja 505 del tomo de pruebas]. Sentado lo anterior, resulta conveniente traer a glosa el contenido de los artículos 867 y 890 del Código Civil vigente en la época de tramitación del juicio del tenor literal siguiente: "Artículo 867. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, y aún substituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho al tanto." "Artículo 890. Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término se pierde el derecho., Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto alguno." De la anterior transcripción deriva, que todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades; que para efectos de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad y que los condueños gozan del derecho al tanto. De igual forma, que los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto; para ello, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto y que transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término se pierde el derecho. Ahora, la improcedencia del asunto de que se trata radica, en que no se podría restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado -en su derecho del tanto en su vertiente de oferta preferencial para adquirir- toda vez que de hacerlo se consideraría al juicio de amparo como un medio de procedimiento de nulidad no previsto en la ley, se explica: El precepto 890 del Código Civil aplicable citado con antelación, prevé en favor del gobernado el derecho de oferta preferencial para adquirir aun en remate, el bien inmueble respecto del cual aduce ser copropietario. Sin embargo, cuando el inmueble pretendido fue adjudicado a favor de tercera persona, implica la consumación del derecho en la vertiente de ser ofertada de la venta judicial. Al respecto, cabe citar por identidad jurídica substancial la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo CXIV, página 99, Materia Civil, Qui8nta Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 385781, que dice: "DERECHO DEL TANTO, TERMINO PARA EJERCITARLO. Cuando un heredero enajena a un extraño sus derechos hereditarios, sin hacer a su coheredero la notificación exigida por el artículo 1292 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, el coheredero no está obligado a expresar su deseo de adquirir la porción enajenada dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se enteró de la realización de la venta, pues tal plazo cuenta sólo para el caso en que se le notifique la mera concertación de la venta a realizarse y no cuando se le entere de que la operación quedó ya realizada, porque cuando esto último ocurre, es obvio que la enajenación ya ejecutada es un obstáculo para el ejercicio del derecho del tanto, dentro del término fijado en el citado precepto, y entonces la acción de nulidad sirve de medio para ejercer ese derecho, sin sujeción a otro plazo que el general de la prescripción, pues es de considerarse que tal acción de nulidad constituye medio para que se realice el derecho conocido con el nombre de retracto, que en el momento de manifestarse que se hace uso de él, entra dentro del patrimonio del reclamante. Asimismo, esa consumación, es un obstáculo para ejercer el derecho del tanto en el lapso previsto en el citado numeral 890, no obstante, ello origina el nacimiento del derecho del tanto en su vertiente de acción de retracto. Por medio de esta acción -retracto- el actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador, en los términos y condiciones en que hubieran pactado, de forma que de progresar la acción tendría que devolverse al comprador el precio que haya pagado y, a la vez, el actor pagar lo pactado. Al respecto es de citar la tesis sustentada por la Tercera Sala, de la Otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen XL, Cuarta Parte, página 187, Sexta Época, Materias(s): Civil del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 271264, del rubro y texto siguiente: "RETRACTO, NULIDAD PROVENIENTE DE UNA VENTA A UN TERCERO EXTRAÑO A LA COMUNIDAD, CARACTERISTICAS DE LA. Si bien es verdad que por la acción de retracto se nulifica la venta celebrada con el tercero extraño a la copropiedad, esa nulidad no tiene por objeto volver las cosas al estado que antes tenían, como sucede en la mayor parte de las nulidades, puesto que no tienen el efecto de que el comprador devuelva el precio al vendedor y este recupere la propiedad de la cosa, sino que por el retracto el copartícipe actor se subroga en los derechos del comprador, de modo que a éste le devuelve el precio y es este quien le entrega la cosa. Se trata, en consecuencia, de una nulidad, la proveniente del retracto, con características especiales que la distinguen de la generalidad de las nulidades. También es de citar la tesis IV.2o.C.47 C, consultable en el Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1868, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro digital: 174988, que dice: "RETRACTO. A TRAVÉS DE ÉL, SE PRODUCE UN ACTO JURÍDICO CONOCIDO COMO CESIÓN DE CONTRATO. El retracto se define como: "La facultad de la cual gozan determinadas personas de subrogarse en los derechos y obligaciones del comprador en circunstancias especiales." (Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, décima cuarta edición, página 2850), la cual se realiza, por regla general, a través de la exhibición del precio, por parte del interesado, para pagar al comprador primigenio, respecto del cual se subroga. Por tanto, cuando se acredita el retracto se actualiza una especie de acto jurídico conocido en la doctrina como "cesión de contrato", que se define como: "El instrumento que permite realizar la llamada circulación del contrato, es decir, la transferencia negocial a un tercero (llamado cesionario) del conjunto de posiciones contractuales (entendido como resultante unitario de derechos y obligaciones orgánicamente interdependientes), constituida en la persona de uno de los originarios contratantes (llamado cedente); de tal forma que, a través de esa sustitución negocial del tercero en la posición de parte del contrato, en lugar del cedente, dicho tercero subentra en la totalidad de los derechos y obligaciones que en su orgánica interdependencia se derivan del contrato estipulado por el cedente." (Andreoli M., La Cesión del Contrato, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, páginas 2 y 3). Con la particularidad de que tratándose del retracto la "cesión de contrato", surge de una sentencia judicial que determina la procedencia de dicha acción y no por voluntad de las partes." Es decir, la acción de retracto tiene como efecto, únicamente sustituir al comprador en el precio pactado, empero de ninguna manera nulificar el remate correspondiente. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que si en la especie el quejoso reclama en esta instancia constitucional, la ilegalidad de la notificación que se le practicó en el juicio natural para que ejerciera el derecho de oferta preferencial para adquirir el bien inmueble embargado a Virgilio López León en su parte alícuota. Empero dicho bien fue rematado y adjudicado en favor de la actora en reconvención Rosalinda Gómez Aguirre; debe decirse que ello implica la consumación del derecho a estudio en la vertiente de ser ofertada la venta judicial, motivo por el que a través de esta instancia constitucional de ninguna manera se podrá nulificar el remate correspondiente; pues de hacerlo se le otorgaría un derecho no previsto en la ley. Se dice de este modo, toda vez que como se observó, la acción que tiene a su alcance en la vía ordinaria, para hacer valer su indebido llamado a ejercer su derecho del tanto, no genera el diverso de retrotraer las cosas al estado que tenía antes de la violación, sino que, el interesado se sustituya mediante el retracto. De ahí, que al encontrarse en imposibilidad de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, pues de hacerlo se le otorgaría un derecho no previsto en la ley, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 63, en relación con el 77 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En apoyo a lo anterior es de citar la tesis (VII Región)2 C (10a.), Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1986, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época Registro digital: 2016725, que dice: "DERECHO DEL TANTO EN SU VERTIENTE DE OFERTA. SI LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA VENTA O REMATE CONSUMADO DEL INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL ADUCE SER COPROPIETARIO, ES QUE SE RESPETE SU DERECHO A EJERCER AQUÉL, ELLO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 77, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Con independencia de la ilegalidad de la notificación mediante la cual se pretendió vincular a la venta o al procedimiento de remate a la copropietaria causante, no es factible restituir a la quejosa en el derecho del tanto vulnerado en su vertiente de oferta, porque este derecho se hace depender de los artículos 950 y 973 del Código Civil Federal, que prevén en favor del gobernado el derecho de oferta preferencial para adquirir, aun en remate, el bien inmueble respecto del cual aduce ser copropietario, pero cuando los bienes inmuebles pretendidos fueron adjudicados a favor de tercera persona, de suyo implica la consumación indefectible de derecho en su vertiente para ser ofertada de la venta judicial; sin embargo, esta circunstancia origina, a su vez, que el derecho del tanto nazca en su vertiente de acción de retracto, lo cual genera que ante esa consumación no se esté en aptitud de nulificar el remate correspondiente, en la medida en que el derecho que subsiste para la quejosa es el de sustituirse al adquirente en remate en los mismos términos y condiciones en que ello aconteció, porque habiéndose extinguido el derecho a obtener una oferta de venta, es claro que la simple violación en la cita o audiencia relativa no puede conducir al extremo de nulificar un acto consumado que generó el nacimiento de un nuevo derecho (acción de retracto), que sólo puede ejercerse por las vías ordinarias previstas en la ley, de modo que ante la consumación de la venta o remate se extingue el derecho que pretenden privilegiar por medio del juicio de amparo, de ahí que no puede obtenerse la reparación constitucional solicitada, porque, de otra manera, al juicio de amparo se le estaría considerando como medio de procedimiento de nulidad no previsto en la ley ordinaria y no otorgado en favor del gobernado, pues la nulidad de una venta sin respetar el derecho del tanto no genera el derecho de retrotraer las cosas al estado que tenían antes de la violación, sino que su efecto sólo implica que el gobernado se sustituya al tercero adquirente de los bienes, por lo que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de una sentencia favorable, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, cuando aduce la falta de cita al procedimiento de remate." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en los considerando tercero y quinto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario López León, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y por los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, A LA PARTE TERCERA INTERESADA VIRGILIO LOPEZ LEON, LA SENTENCIA DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. POR ASÍ ESTAR ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION AL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-

Quedan 74 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano