Mario Juarez San Martin
Expediente 464/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Veracruz
- Mario Juarez San Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 7929/2019, firmado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual, hace del conocimiento de este Juzgado que se admitió el incidente de inejecución de sentencia emitido en el Juicio de Amparo en que se actúa; al respecto, agréguese para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 1.5.1.1162/2019/UJ-A, firmado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual formula alegatos en relación a la determinación emitida el once de julio de la presente anualidad; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda. Ahora, tomando en consideración que por oficio 23523/2019, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, el juicio de amparo 464/2017, para que se resolviera lo conducente respecto a la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector aquí emitido, sin que al día de hoy se tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional le correspondió conocer del asunto. Por lo tanto, mediante comunicado que se libre remítase a la citada oficina, de forma inmediata vía mensajería acelerada el oficio 1.5.1.1162/2019/UJ-A, firmado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, previa copia fotostática que se deje en autos, en vía de alcance al diverso 23523/2019; y, así sea enviado al Tribunal Colegiado respectivo. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la resolución de la citada fecha, transcurrió del dieciocho del mismo mes y año al siete de los cursantes, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de julio, tres y cuatro de los cursantes, por haber sido inhábiles, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, como esta ordenado por proveído de once de julio de dos mil diecinueve, remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de que por su conducto lo remita al que por razón de turno corresponda, para que dicho tribunal se pronuncie respecto de la imposibilidad manifestada por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte la razón de doce de julio de la presente anualidad, en la que el actuario judicial asentó la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Mario Juárez San Martínez, el acuerdo emitido el once de los cursantes, por las razones que ahí esgrime. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso Mario Juárez San Martínez, el acuerdo emitido en el presente juicio de amparo, el once de abril de dos mil diecinueve, mediante lista fijada en los estrados. Xalapa, Veracruz, once de julio de dos mil diecinueve. V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando quinto de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a las autoridades responsables a realizar lo siguiente: "a) En un lapso breve de tres días hábiles contados a partir de que se les requiera el cumplimiento del fallo protector, previo consentimiento otorgado por Mario Juárez San Martín (quejoso), fijen las citas necesarias en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Xalapa, Veracruz, para que se le de tratamiento a base de aplicación de fotocoagulación a fin de atender el padecimiento de retinopatía diabética que presenta, así como asistencia médica y farmacéutica en la Hospital. b) En la inteligencia de que en el caso de que no estén disponibles los servicios o recursos tecnológicos en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Xalapa, Veracruz, en un lapso breve de tres días hábiles contados a partir de que se les requiera el cumplimiento del fallo protector, realicen el traslado de conformidad con el esquema de regionalización de los servicios de atención médica determinados, o en su defecto, en ese mismo lapso, gestionen y autoricen la prestación de los servicios médicos subrogados". Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, las autoridades responsables remitieron las siguientes constancias: Oficio 1.5.1.0670/2019/UJ-A de trece de mayo de dos mil diecinueve, firmado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, al que ajuntó el oficio 116/2019 de doce de abril del dos mil diecinueve, que se le notificó al quejoso el trece de mayo del dos mil diecinueve. De las actuaciones enunciadas se advierte que la potestad común realizó estas acciones: En vista de lo ordenado por el Juez de Distrito, en estricto cumplimiento a la ejecutoria del fallo protector, emitió una resolución fundada y motivada de los que se coligió lo siguiente: "1.- Se solicita su presencia en la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa, para que de acuerdo a la valoración clínica pertinente, le puedan ser programadas las citas en las diversas especialidades que de acuerdo a sus padecimientos sean requeridas por Usted. 2.- De igual manera, se le informa que una vez valorado, se le surtirán los medicamentos que en su caso, sean requeridos de acuerdo a sus padecimientos. 3.- Asimismo, se le informa que tiene autorizado el servicio subrogado para fotocoagulación, por lo que se requiere su presencia en la Clínica Hospital, para hacerlo efectivo." No obstante, hasta el doce de abril del dos mil diecinueve, el quejoso no acudió a la Clínica Hospital para recoger la documentación de su estudio subrogado ni a tramitar las citas médicas, ni por los medicamentos en caso de que los requiera, reiterándole que la atención médica y los servicios que se le ofrecen de conformidad con lo establecido en la sentencia, siguen y seguirán a su disposición para brindarle la atención al momento que la requiera. Asimismo, por oficio 1.5.1.0853/2019/UJ-A de catorce de junio del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento de este juzgado que el quejoso no había acudido a la clínica a recoger los documentos del estudio subrogado, ni a agendar citas médicas ni por medicamento. Imposibilidad para cumplimentar el fallo protector. Ahora bien, como se precisó con antelación, el efecto de la sentencia amparadora consiste en que, previo consentimiento otorgado por el quejoso Mario Juárez San Martín, se fijen las citas necesarias en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Xalapa, Veracruz, a fin de que reciba el tratamiento a base de aplicación de fotocoagulación, con el objeto de atender el padecimiento de retinopatía diabética que presenta; así como, que sea garantizada la asistencia médica y farmacéutica para dicho tratamiento. Sin embargo, no pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por el quejoso en sus escritos presentados en este juzgado el veintitrés de mayo y veinte de junio, ambos del dos mil diecinueve, de las que se desprende que, al haber recibido un trato que considera discriminatorio de la clínica de servicios subrogados a que fue direccionado por el sector salud, éste optó por recibir dicho tratamiento de una clínica de beneficencia privada, en la que estima que el servicio y trato son de calidad. Por consiguiente, resulta incuestionable que el suscrito se encuentra impedido para pronunciarse respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que se originó una situación jurídica diversa a la que constituyó el acto reclamado y, por tanto, es también diferente a la que provocó la protección constitucional, la cual dejó de existir con la manifestación del quejoso en relativa a la calidad del servicio en la clínica a que fue direccionado por la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que, contrario a lo manifestado por el quejoso no otorgó su consentimiento para recibir los servicios médicos subrogados y los medicamentos que pusieron a su disposición las autoridades responsables. Cabe mencionar que la circunstancia de que el quejoso se encuentre inconforme con el trato recibido en la clínica a la que fue referido para su tratamiento, no se puede traducir en incumplimiento por parte de la autoridad responsable, pues los efectos del fallo amparador fueron condicionados a la obtención del consentimiento del quejoso para recibir el tratamiento; por lo que, si en un ejercicio de su libre albedrío, el quejoso Mario Juárez San Martín, eligió acudir ante diversa institución (clínica privada); en consecuencia, este juzgador se encuentra imposibilitado real, material y jurídicamente para requerir diversas medidas de cumplimiento a las autoridades responsables. Bajo esas condiciones, -salvo opinión contraria de la superioridad- este Juzgado de Distrito declara que existe imposibilidad real, material y jurídica para el cumplimiento total de la sentencia concesoria del amparo, en virtud de la negativa del quejoso de recibir el tratamiento materia de la misma, en la institución hospitalaria señalada por la autoridad responsable, aunado a que el quejoso adujo que ya recibió el tratamiento en una clínica de beneficencia privada; por tanto, con fundamento en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, envíense los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para que sea la superioridad quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad jurídica de cumplimiento a la multicitada sentencia de amparo. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), con número de registro 2014210, formada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con tal circunstancia por un término de quince días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, para que estén en aptitud de inconformarse de considerarlo conveniente a sus intereses; en el entendido que una vez que transcurra dicho plazo, sin que las partes se hayan inconformado, de conformidad con los aludidos preceptos legales, se aplicará por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y se enviarán los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado, para que determine lo conducente respecto a la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2018, con número de registro 2017828, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
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