Mario Contreras Sánchez

Expediente 305/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Mario Contreras Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el quejoso Mario Contreras Sánchez, interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia...se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido... Asimismo...resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados seis meses de la citada fecha. ... Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso.

  2. Principal

    Vista la diligencia de dieciséis de marzo del presente año, se advierte que, Mario Contreras Sánchez, ratificó el escrito de demanda y el diverso presentado en oficialía de partes de este juzgado, el seis de abril de dos mil veintidós, en el que desahoga la prevención de veinticuatro de marzo de la presente anualidad. Al respecto se acuerda: Se tiene por desahogados los puntos respecto de los que se le realizó la prevención aludida y por consiguiente se provee, de la siguiente manera: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, la suscrita advierte que el promovente de amparo reclama lo siguiente: 1. La paralización total del juicio ordinario civil número 2513/2019, con motivo de la división de copropiedad y otras prestaciones que promovió, en contra del notario que protocolizó una venta de un inmueble embargado, y que impide la liquidación y/o cesación de la copropiedad. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior, establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. ... En este sentido, la suscrita considera pertinente precisar que del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado consiste en la paralización total que se atribuye a la Jueza Decimosexta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, en cuanto al juicio de origen y esencialmente, en relación a pronunciarse respecto de emplazar a las personas que representen la sucesión de los finados dentro del expediente 2513/2019, de su índice. Asimismo, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, en la hoja ocho del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso ha presentado diversas solicitudes ante la autoridad responsable para impulsar el procedimiento en el juicio natural. De igual forma, el quejoso indicó que la autoridad señalada como responsable no ha dictado medidas tendentes al cumplimiento de sus solicitudes, lo que conlleva a la dilación procesal y vulnera el acceso a la justicia efectiva. De lo anterior, se hace patente que resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando en el caso se duela de violaciones cometidas a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que pretende reclamar no puede ser considerado como de ejecución irreparable, dado que no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta dentro del mismo. De tal modo que el acto reclamado no es impugnable a través del juicio de amparo, en atención a que la paralización atribuida a la Jueza Decimosexta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, de pronunciarse respecto de emplazar a las personas que representen la sucesión de los finados dentro del expediente 2513/2019, de su índice, tal como ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, resulta ser una afectación que se ha producido dentro del procedimiento en el que el aquí quejoso es parte y no de forma independiente. Por lo que, jurisprudencialmente se ha calificado como un acto que no afecta los derechos sustantivos de las partes, es decir, dicho acto únicamente produce efectos intraprocesales, por lo que no es susceptible de combatirse de manera inmediata en vía de amparo indirecto. Máxime que del contenido de la demanda y su escrito aclaratorio la suscrita juzgadora no advierte una dilación del procedimiento o paralización total del mismo. ... Así, la única salvedad a lo que precede, establecida también por criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio de amparo será procedente. Ahora bien, opuesto a lo que refiere la peticionaria del amparo, en el caso particular no es susceptible de actualizarse la hipótesis de excepción que prevé la jurisprudencia anteriormente transcrita, pues de su contenido se colige que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos emitidos dentro del procedimiento que sólo afecten derechos de naturaleza adjetiva. Para comprender el alcance de la hipótesis de excepción relativa, cabe decir que los conceptos de abierta dilación del procedimiento o su paralización total, se refieren propiamente a una inactividad procesal que se prolonga en forma excesiva, al grado de hacer nugatorios los derechos fundamentales de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, donde se prevé el deber de los autoridades jurisdiccionales de impartir justicia en los plazos y términos fijados por el legislador en la ley procesal ordinaria. Bajo esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado en la especie, no encuadra en el supuesto de excepción que previó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada jurisprudencia; toda vez que el propio promovente manifiesta en su escrito aclaratorio que el estado que actualmente guarda el juicio de origen es que con fecha uno de marzo interpuso el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, siendo la última actuación en el juicio de origen previo a presentar la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, recayéndole el acuerdo de veinticuatro de marzo de los cursantes, en donde se tiene por interpuesto el recurso de queja. Ello implica que a la fecha de la presentación de la demanda de cuenta, donde se reclama la paralización total del expediente de origen (veintidós de marzo de los corrientes), habían transcurrido trece días hábiles, descontando los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno, todos de marzo de este año, por ser sábados y domingos y este último por ser día inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; lapso el anterior que no se considera excesivo al grado de constituir una abierta dilación del procedimiento de origen y menos su paralización total, máxime que como lo informa el promovente, el veinticuatro de marzo del año en curso, fue proveída su última solicitud que realizó al juez que señala como responsable, lo que conlleva a que no pueda justificarse la existencia de la paralización total del procedimiento, ni supone un retardo de tal magnitud que, por sí mismo, torne nugatorio el derecho fundamental de justicia pronta, aunado a que la juez señalada como responsable ha emitido los pronunciamientos relativos a la solicitud de emplazamientos de las personas vinculadas al proceso natural, las que si bien no han sido favorables a los intereses del promovente, ello no significa que exista la paralización del procedimiento del que deriva su inconformidad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V, del numeral 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA que se provee. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE FIRMA

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