Mario Lara Velásquez representante de DKD Advisors, S.C.

Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
971/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Lara Velásquez representante de DKD Advisors, S.C.
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece, para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Procuraduría Fiscal y Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, ambas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del Subprocurador de Asuntos Contenciosos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales procedentes. Por otro lado, como lo solicitan las autoridades responsables, téngase como sus delegados a los mencionados en sus informes, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del precepto 119 de la citada legislación, téngase como prueba documental de las autoridades responsables las copias certificadas y simples que remite la segunda de las mencionadas autoridades y hace suyas la primera de ellas. Ahora bien, del análisis hecho a las referidas documentales, el suscrito advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Cabe precisar, que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado por Mario Lara Velásquez en su carácter de representante legal de la persona moral denominada DKD Advisors Sociedad Civil, consiste en: La omisión de las autoridades responsables Procuraduría Fiscal y Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, ambas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito que presentó ante ellas el uno de julio de dos mil diecinueve, en el que interpuso recurso de revocación en contra de la resolución número DGF/VDyRE2/1393/LIQ/2019, de seis de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de los informes rendidos por las autoridades responsables y de las constancias que remitió la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que dichas autoridades, por auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, acordaron el escrito en el que la parte aquí quejosa interpuso el recurso de revocación, determinación que se le comunicó a través del oficio SAC/131/2019/XXV, que le fue notificado a la moral accionante el pasado catorce de noviembre de la presente anualidad. Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir en la omisión de las autoridades responsables en acordar el escrito que presentó ante ellas el uno de julio de dos mil diecinueve, en el que interpuso recurso de revocación en contra de la resolución número DGF/VDyRE2/1393/LIQ/2019, de seis de mayo de dos mil diecinueve y éste ya fue acordado por dichas autoridades el quince de agosto del presente año y notificado hasta el catorce de noviembre de esta misma anualidad, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional la omisión combatida en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que no se haya dado vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto al contenido de la respuesta que le fue otorgada por la responsable, pues al haberle expresado la responsable los requisitos que debe cumplir para que se le dé el trámite al recurso de revocación que interpuso, es incuestionable que tal respuesta forma parte de un trámite de un recurso, por lo que de existir alguna inconformidad en contra de tal respuesta debe ser combatida a través de la vía ordinaria que la quejosa moral considere conveniente a sus derechos y no a través de la ampliación de la demanda de amparo. Orienta tal consideración la tesis (I Región)7o.1 K (10a.) , que a la letra dice: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA. El Juez de Distrito debe dar vista al quejoso con el informe justificado en el cual se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, así como prevenirlo para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda y lo señale como acto reclamado pues, de no hacerlo, incurriría en una violación a las normas del procedimiento que origina su reposición. Sin embargo, ese cumplimiento no imposibilita al Juez para analizar en la sentencia la procedencia de la ampliación de la demanda, ya que, de estimar lo contrario, podrá sobreseer en el juicio, al considerar que se acredita alguna causa de improcedencia. En este sentido, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto como corresponda y estime conveniente, esto es, mediante la ampliación de la demanda inicial, del medio ordinario de defensa que proceda, o de un nuevo juicio de amparo. Ahora bien, si considera que la vía adecuada es la ampliación de la demanda y desahoga el requerimiento en esos términos, debe soportar las consecuencias de su decisión, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, como puede ser que exista un medio de defensa ordinario en su contra, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto debe sobreseer en el juicio, al ser improcedente dicho acto, por no haberse agotado el principio de definitividad, cuando no se actualice alguna excepción a éste. Lo anterior, porque el quejoso estuvo en condiciones de optar por interponer el recurso ordinario, al encontrarse previsto en la legislación aplicable, y no así por la ampliación de la demanda, pues la vista que se le dio no lo coaccionaba a actuar de determinada manera, ya que podía proceder como estimara conveniente para impugnar el nuevo acto de autoridad, pues el Juez únicamente le dio vista para cumplir con la obligación a la que se encuentra constreñido, lo cual no representa una imposición para el quejoso, por lo que si eligió la vía incorrecta, ello es en su propio perjuicio y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio de amparo". En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    SE ADMITE la demanda de garantías. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

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