Mario Gutiérrez Rivera

Expediente 1445/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1445/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Mario Gutiérrez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintidós. Pruebas. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el presidente y secretario general en funciones de presidente por ministerio de ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido el requerimiento que se les hizo a la autoridad responsable por acuerdo de catorce de diciembre pasado, para lo cual exhiben copia certificada de las documentales que anexan; para los efectos legales conducentes. Se ofrecen pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas la documental que anexan las autoridades oficiantes, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las que se desprende que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: De la Junta responsable, el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los autos del expediente laboral 2898/2020; y, haber omitido emplazar a los demandados en dicho juicio. Al respecto, la parte quejosa expuso que el doce de noviembre de la pasada anualidad, la junta responsable señaló como fecha para la audiencia laboral, el cuatro de marzo de dos mil veintidós. En relación con lo anterior, las autoridades responsables admitieron en sus informes justificados la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, al rendir su respectivo informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Hermosillo, Sonora, exhibió copia certificada del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, del que se desprende que corrigió el procedimiento y procedió a señalar como fecha para la audiencia laboral de ley, las diez horas del diecinueve de enero de dos mil veintidós; además, de dicho acuerdo se advierte que la junta responsable ordenó notificar al demandado SERVICIOS AGNICO DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de sus apoderados legales y/o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, lo que supone que dicha parte ya fue emplazada a juicio; en tanto, que a la diversa demandada EQUIPOS Y EXPLOSIVOS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE ordenó emplazarle a juicio, corriéndole traslado con copia de ese acuerdo, copia cotejada de la demanda y de la radicación respectiva del asunto. Ese informe con justificación y anexo comentado, se agregó en los presentes autos mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, y en el mismo, se requirió a las autoridades responsables para que remitieran copia certificada de las constancias relativas al emplazamiento de la parte demandada, a lo cual las autoridades oficiantes de cuenta dieron contestación remitiendo con los oficios que se agregan en esta data, copia certificada del mencionado auto nueve de diciembre pasado, en cuyo reverso, consta plasmada la notificación a una de las partes demandadas, en tanto que en relación con la diversa pasivo "Equipos y Explosivos del Noroeste", sociedad anónima de capital variable, remitieron razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se advierte que no fue posible emplazar a dicha demandada en virtud de que no fue posible ubicar el domicilio para tal efecto. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del auto reclamado en el que se indicó la fecha señalada para la audiencia laboral de ley, señalada fuera de los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo -fecha lejana-, la cual estaba programada para el cuatro de marzo de este año; sin embargo, la junta responsable emitió diverso acuerdo el nueve de diciembre pasado (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de la audiencia laboral a que se refiere el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, las diez horas del diecinueve de enero del presente año. De modo que aquél auto en el que se fijó la fecha lejana para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado, pues los efectos del acuerdo reclamado cesaron, ya que la junta laboral estableció diversa fecha para la audiencia y, en el auto de diecisiete de este mes, por las razones que expuso en el mismo, corrigió el procedimiento y fijó como hora y fecha para la audiencia de ley las diez horas del diecinueve de enero en curso; asimismo, ordenó al fedatario de su adscripción, que notificara personalmente ese acuerdo al demandado que tiene domicilio reconocido en autos, en tal lugar o por medio de su representante legal (acuerdo que le fue notificado el quince de diciembre pasado); en tanto que, en relación con el diverso demandado ordenó su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, pero por causas ajenas a su voluntad. De ahí, que con tal actuación desplegada por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la demandada "Equipos y Explosivos, sociedad anónima de capital variable, aún no ha sido emplazada a juicio; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte éste acató la orden de la junta de trabajo y pretendió emplazar a dicha parte demandada; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de la parte pasivo o, bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de enero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para esta fecha, toda vez que no obra constancia alguna que acredite que las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y actuario Notificador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ambos con residencia en esta ciudad, hayan sido notificadas de los oficios 28847/2021 y 28848/2021 por el que se les solicita copia certificada de las constancias relativas al emplazamiento de la parte demandada, toda vez que se encontraban gozando de su periodo vacacional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y actuario adscrito a dicha junta, ambos con residencia en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, que en su caso, tenga verificativo en ese sumario. Requerimiento de Constancias. Ahora bien, teniendo en consideración que del contenido de los informes justificados referidos con antelación, se advierte que en el caso pudiera actualizarse una causal de improcedencia en el presente juicio, cuyo estudio es un aspecto de orden público y estudio preferente; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirvan remitir a este juzgado las constancias relativas al emplazamiento de la parte demandada; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo decretado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, salvo impedimento legal debidamente acreditado. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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