Mario Figueroa Estrella

Expediente 1306/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1306/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Mario Figueroa Estrella

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Demanda de derechos improcedente. Vista la demanda de amparo que promueve Mario Figueroa Estrella, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, de la cual se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que del contenido de la demanda de amparo en cuestión, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: - El decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en específico en relación con la aplicación del pago de su pensión por medio de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con base a la reforma de la fracción VI del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la resolución contenida en el oficio SP/1229/2022 que le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se le aplican las reformas del Decreto anteriormente señalado. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" De la transcripción anterior se obtiene, que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando el acto reclamado provenga de una adición o reforma a la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es en el caso, en virtud de que los actos reclamados por el aquí quejoso se fundan en la reforma a la fracción IV, del apartado A, del artículo 123 Constitucional, tal y como queda evidenciado de la sola lectura del contenido de la demanda de amparo que nos ocupa. En ese tenor, nuestro máximo tribunal del País, ha sostenido que una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado poder reformador o constituyente permanente, conformado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en términos de lo previsto en el artículo 135 de la propia Constitución, dicha reforma conforma la parte estructural que le corresponde en dicha ley fundamental, misma que es la norma suprema de la Nación, de acuerdo con el numeral 133 de la misma. De donde deviene la simetría jurídica que de ninguna forma puede ser materia de análisis en cuanto a su declaración de inconstitucional como lo propone el impetrante, ya que únicamente podrá ser corregida la existencia de alguna eventual reforma que se estime contraria al espíritu del constituyente de Querétaro, por medio de otra reforma y por el órgano de referencia. Además, el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, solo procede contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que vulneren o restrinjan derechos humanos conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la citada carta magna, tal y como así se previene, a su vez, en el numeral 1, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente vulnerar los derechos humanos que ella misma establece, consagrado desde sus orígenes como una Constitución rígida atendiendo a las reglas que la misma previene para que procedan sus reformas en casos de extrema excepcionalidad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 39/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1136, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia Constitucional, Novena Época, Registro digital 185941, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." Asimismo, es aplicable, la jurisprudencia 18/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 420, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, Registro digital 2002264, Materias Común, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." De igual manera, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página 244, Octava Época, Materia Común, Constitucional, con número de registro digital 216167, de rubro y contenido siguiente: "CONSTITUCION, REFORMA A LA. AMPARO IMPROCEDENTE. Una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado poder reformador o constituyente permanente, que lo conforman el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, conforme al artículo 135 de la Carta Magna, pasa aquella reforma a formar parte del texto mismo de la ley fundamental, que es la norma suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133; y como tal norma nunca puede ser inconstitucional, sólo deberá ser corregida la existencia de alguna eventual reforma que se estime contraria al espíritu del constituyente de Querétaro, por medio de otra reforma y por el órgano de referencia. Sostener lo contrario, sería tanto como admitir que un poder constituido, como lo es el Judicial de la Federación, asumiera funciones de poder constituyente. Además, el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, sólo procede contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que vulneren o restrinjan garantías individuales y es evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente hablando, vulnerar las garantías individuales que ella misma establece." Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en la fracción I del artículo 61, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 4. Domicilio. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la parte promovente para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture las el fallo que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Demanda de derechos improcedente. Vista la demanda de amparo que promueve Mario Figueroa Estrella, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados al Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, de la cual se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que del contenido de la demanda de amparo en cuestión, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: - El decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en específico en relación con la aplicación del pago de su pensión por medio de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con base a la reforma de la fracción VI del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la resolución contenida en el oficio SP/1229/2022 que le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se le aplican las reformas del Decreto anteriormente señalado. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" De la transcripción anterior se obtiene, que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando el acto reclamado provenga de una adición o reforma a la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es en el caso, en virtud de que los actos reclamados por el aquí quejoso se fundan en la reforma a la fracción IV, del apartado A, del artículo 123 Constitucional, tal y como queda evidenciado de la sola lectura del contenido de la demanda de amparo que nos ocupa. En ese tenor, nuestro máximo tribunal del País, ha sostenido que una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado poder reformador o constituyente permanente, conformado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en términos de lo previsto en el artículo 135 de la propia Constitución, dicha reforma conforma la parte estructural que le corresponde en dicha ley fundamental, misma que es la norma suprema de la Nación, de acuerdo con el numeral 133 de la misma. De donde deviene la simetría jurídica que de ninguna forma puede ser materia de análisis en cuanto a su declaración de inconstitucional como lo propone el impetrante, ya que únicamente podrá ser corregida la existencia de alguna eventual reforma que se estime contraria al espíritu del constituyente de Querétaro, por medio de otra reforma y por el órgano de referencia. Además, el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, solo procede contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que vulneren o restrinjan derechos humanos conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la citada carta magna, tal y como así se previene, a su vez, en el numeral 1, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente vulnerar los derechos humanos que ella misma establece, consagrado desde sus orígenes como una Constitución rígida atendiendo a las reglas que la misma previene para que procedan sus reformas en casos de extrema excepcionalidad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 39/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1136, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia Constitucional, Novena Época, Registro digital 185941, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." Asimismo, es aplicable, la jurisprudencia 18/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 420, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, Registro digital 2002264, Materias Común, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." De igual manera, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página 244, Octava Época, Materia Común, Constitucional, con número de registro digital 216167, de rubro y contenido siguiente: "CONSTITUCION, REFORMA A LA. AMPARO IMPROCEDENTE. Una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado poder reformador o constituyente permanente, que lo conforman el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, conforme al artículo 135 de la Carta Magna, pasa aquella reforma a formar parte del texto mismo de la ley fundamental, que es la norma suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133; y como tal norma nunca puede ser inconstitucional, sólo deberá ser corregida la existencia de alguna eventual reforma que se estime contraria al espíritu del constituyente de Querétaro, por medio de otra reforma y por el órgano de referencia. Sostener lo contrario, sería tanto como admitir que un poder constituido, como lo es el Judicial de la Federación, asumiera funciones de poder constituyente. Además, el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, sólo procede contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que vulneren o restrinjan garantías individuales y es evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente hablando, vulnerar las garantías individuales que ella misma establece." Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en la fracción I del artículo 61, de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 4. Domicilio. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la parte promovente para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture las el fallo que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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