Mario Hinojos Garrido
Expediente 1518/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Mario Hinojos Garrido
- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la moral parte quejosa quien es la facultada para hacerlo, interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y provéase el destino de los cuadernos incidentales derivado del presente juicio de amparo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las suspensiones provisional y definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1518/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dieciocho minutos del once de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por dos de las responsables. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1518/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, al día siguiente hábil, Mario Hinojos Garrido, en su carácter de apoderado de Operadora y Administradora Garrido Fresh Water, sociedad anónima de capital variable solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó dicha demanda, registrándose con el número 1518/2021, del índice de este juzgado, mandándose prevenir al promovente para que la aclarara. Una vez cumplida la prevención, por auto de veintinueve siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuando con el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: Del Gobernador del Estado de Sonora y del Congreso del Estado de Sonora, ambos con residencia en Hermosillo, se reclaman en su respectivo ámbito de competencia la discusión, la aprobación y la orden de publicación de: La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, en específico sus dispositivos 11, 168, 169 y 181. Del Director y del encargado del despacho de la Dirección Comercial, ambos del Organismo Operador Municipal de Agua de Hermosillo, con sede en esta ciudad: El corte del suministro de agua potable efectuado en el domicilio ubicado en Revolución número 9, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora. Certeza de los actos reclamados El acto atribuido al director del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, Agua de Hermosillo es cierto, toda vez que así lo manifestó el Coordinador de asuntos jurídicos de esa dependencia al rendir su informe justificado en su representación. También son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo comunicó el director General de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora al rendir su informe justificado en representación de esa autoridad. Por otra parte, el Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe con justificación, no obstante encontrarse notificado para tal efecto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, los actos que se le reprochan se presumen ciertos. Máxime que cuando se trata de ordenamientos legales éstos no son objeto de prueba, acorde con el principio reconocido por los dispositivos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo previsto por el arábigo 2 de la Ley de Amparo, así como con apoyo en la tesis V.2o.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV-1, febrero de mil novecientos noventa y cinco, que reza: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, visible en la página doscientos sesenta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Análisis de causales de improcedencia Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 observable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, de contenido: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de inejercicio de la acción constitucional prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente medio de control constitucional. Para demostrar la anterior afirmación es necesario tener presente el contenido de la disposición legal invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del arábigo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del inconforme en los términos establecidos por el cardinal 5, fracción I, de la ley de la materia y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los ordinales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo prescriben: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional invocada establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto controvertido viola los derechos reconocidos por la Constitución General de la República y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. En otro punto se precisa destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el órgano reformador de la Máxima Norma Jurídica del País en el citado normativo constitucional, para establecer que el disidente es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Además, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el cardinal transcrito en último orden dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 582 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, octava época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Acorde con lo expuesto es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, toda vez que a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la legislación de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de protección de los derechos fundamentales. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 consultable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, materia común, novena época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora, debe subrayarse que los principios y las reglas de carácter adjetivo que regulan al juicio de amparo, como son los previstos por los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del derecho, que en una de sus vertientes alude al carácter reglamentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del derecho funcione es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada, ya que de lo contrario el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Consecuentemente, la causal de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga una obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y en todo caso porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Por lo tanto, para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas invocadas es necesario que el acto o la ley reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Ahora, en la especie Operadora y Administradora Garrido Fresh Water, sociedad anónima de capital variable acude a este juicio de derechos fundamentales en el que en esencia reclamó el corte del suministro de agua potable y drenaje respecto del domicilio ubicado en calle Revolución número 9, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora. Asimismo, bajo protesta de decir verdad la solicitante del amparo aseguró que es arrendataria en pleno uso, goce y disfrute del mencionado inmueble en el cual tiene establecido un negocio de venta de agua purificada; luego, para acreditar tal carácter ofreció la copia simple de un contrato de arrendamiento del mencionado inmueble celebrado el veinticinco de julio de dos mil diecisiete con la arrendadora Nora Belem Girón Domínguez. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, tal documental carece de valor probatorio pleno por tratarse de una copia simple, la cual únicamente genera la presunción de la existencia del documento que se reproduce, pero es insuficiente para demostrar el hecho o derecho que se pretende acreditar, esto es, la afectación real y directa a los derechos fundamentales de la quejosa como arrendataria del inmueble ubicado en calle Revolución número 9, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, donde asegura se efectuó el corte del suministro de agua potable y de drenaje que se combate. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 21/98, consultable en la página 213, tomo VII, abril de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Así como la tesis visible en la página 919, tomo I, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación que señala: "COPIA SIMPLE. La de un contrato de arrendamiento exhibida en un juicio de desocupación, carece de todo valor probatorio." Asimismo se invoca por identidad la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, consultable en la página 11, tomo XXVII, abril de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que reza: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, no pasa inadvertido que de la copia simple del referido documento se advierte que el contrato de arrendamiento tuvo una vigencia contada a partir del uno de agosto de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el aludido contrato de arrendamiento se encontraba vencido. De ahí que la citada documental exhibida por la quejosa con su demanda resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, esto es, que el acto que combate incide de forma alguna en su esfera jurídica como arrendataria del inmueble ubicado en calle Revolución número 9, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, máxime que la carga de la prueba para evidenciar tal extremo correspondía a la propia inconforme. Resulta aplicable la tesis III. 1o.A.25K, visible en la página 401, tomo VI, julio de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Así como la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, consultable en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Consecuentemente, al no haberse probado el derecho de posesión que la quejosa afirma tener del inmueble ubicado en calle Revolución número 9, colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, como arrendataria es claro que no demostró su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal respecto del mencionado acto reclamado. Por otra parte se debe destacar que la parte quejosa también reclamó la discusión, la aprobación y la orden de publicación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, en específico sus dispositivos 11, 168, 169 y 181. Sin embargo, el juicio de amparo en su contra también es improcedente ante el sobreseimiento decretado respecto del acto de aplicación al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que tales disposiciones por sí solas no causan perjuicio a la inconforme. Máxime que no se puede desvincular el estudio de las normas impugnadas del que concierne a su acto de aplicación; por lo tanto, como su procedencia no se encuentra acreditada ello impide estudiar la constitucionalidad de los artículos controvertidos. En consecuencia, al resultar improcedente el juicio constitucional respecto del acto de aplicación de la normatividad reclamada esa determinación prevalece también sobre la discusión, la aprobación y la orden de publicación de los cardinales 11, 168, 169 y 181 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la novena época, consultable en la página doscientos treinta y cinco, tomo XIII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por otra parte, resulta innecesario el estudio de las diversas hipótesis de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, toda vez que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, ya que no cambiaría el sentido de lo aquí resuelto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 54/98, consultable en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por razones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También se invoca en respaldo de la determinación adoptada la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página ochenta y ocho, que informa: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundamentado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Operadora y Administradora Garrido Fresh Water, sociedad anónima de capital variable, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta firmados por el juez del Juzgado Decimoprimero y el actuario adscrito al Juzgado Decimotercero, ambos del Distrito en el Estado de Sonora, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído nueve de marzo anterior, remiten las constancias solicitadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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