MARINA GUERRERO Sánchez
Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- MARINA GUERRERO Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse desechado la demanda, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en consulta. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 644/2023-B. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: 1).- Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo la posible orden judicial de lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria de dicha vivienda identificada como, LOTE ********************, MANZANA ********************, del DESARROLLO URBANO ********************, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de ******************** M2, clave catastral ********************-********************-0******************** y sus construcciones, con domicilio en CALLE ********************, NÚMERO ********************, DEL FRACCIONAMIENTO ********************, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución de la mismo, ya que desde fecha 01 de abril del 2022, la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio ******************** promovido por "********************" ******************** en contra de la C. ********************. 2).- Del C. SECRETARIO ACTUARIO, ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo el posible cumplimiento de la orden judicial del lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria, de dicho bien el cual se encuentra identificada como LOTE ********************, MANZANA ********************, del DESARROLLO URBANO ********************, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de ******************** M2, clave catastral ********************-********************-0******************** y sus construcciones, con domicilio en CALLE ********************, NÚMERO ********************, DEL FRACCIONAMIENTO ********************, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución, ya que desde fecha 01 de abril del 2022 la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio ******************** promovido por "********************" ******************** en contra de la C. ********************. "3).- Del C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad de Tijuana, Baja California, la inscripción en sus registros, de los actos antes dichos." Desechamiento. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior .;" (Lo destacado es propio). Al respecto, la disposiciones invocadas prevén que el juicio de control constitucional en la vía indirecta procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, o después de concluido; así también, que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Para el estudio de este asunto cabe hacer alusión a lo que dispone la fracción V del citado numeral 107, pues establece que el juicio amparo procede en contra de actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente si se generan consecuencias de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al respecto se transcribe ese precepto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Es importante hacer referencia a esa porción normativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la amplitud de la norma contenida en la fracción V, da pauta para interpretar la fracción IV de la Ley de Amparo y no a la inversa, de modo tal, que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así también, determinó que la excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine; pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto cuya ejecución sea irreparable, esto es, de un acto que afecte derechos sustantivos. En ese sentido, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia, el que declara la imposibilidad de cumplirla o que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, conforme la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, por actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, se debe entender aquellos que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordena el archivo definitivo del expediente); Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos, entendidos éstos como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. En ese sentido, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, en el caso concreto, de la narración de los hechos que realiza la parte quejosa, se desprende, por una parte, que ella ya ha participado en el procedimiento de origen, es decir, no es tercera extraña ni en sentido estricto ni equiparado; por otra, que ya fue incoado el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así, ponderando el status procesal en el que se encuentra el procedimiento de origen, se pone en evidencia que los actos reclamados en la vía de amparo indirecto no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución, pues en modo alguno aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del negocio, ni mucho menos fue emitida en la etapa de remate, ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. De ahí que, resulta inconcuso que se torna improcedente la mencionada acción constitucional, pues estimar lo contrario implicaría entorpecer el trámite del procedimiento de ejecución y, consecuentemente, se desatendería el obstáculo legal contemplado en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 167854, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 361, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento." Asimismo, por el criterio que la sustenta, la tesis I.8o.C.22 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2015962, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2115, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Autorizada y domicilio. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con dicho registro. Además, se tiene como domicilio procesal el señalado en la demanda. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual manera, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos ********************8 y ********************9 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
a las nueve horas del quince de junio de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 644/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 644/2023-B. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: 1).- Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo la posible orden judicial de lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria de dicha vivienda identificada como, LOTE ********************, MANZANA ********************, del DESARROLLO URBANO ********************, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de ******************** M2, clave catastral ********************-********************-0******************** y sus construcciones, con domicilio en CALLE ********************, NÚMERO ********************, DEL FRACCIONAMIENTO ********************, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución de la mismo, ya que desde fecha 01 de abril del 2022, la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio ******************** promovido por "********************" ******************** en contra de la C. ********************. 2).- Del C. SECRETARIO ACTUARIO, ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo el posible cumplimiento de la orden judicial del lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria, de dicho bien el cual se encuentra identificada como LOTE ********************, MANZANA ********************, del DESARROLLO URBANO ********************, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de ******************** M2, clave catastral ********************-********************-0******************** y sus construcciones, con domicilio en CALLE ********************, NÚMERO ********************, DEL FRACCIONAMIENTO ********************, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución, ya que desde fecha 01 de abril del 2022 la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio ******************** promovido por "********************" ******************** en contra de la C. ********************. "3).- Del C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad de Tijuana, Baja California, la inscripción en sus registros, de los actos antes dichos." Desechamiento. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior .;" (Lo destacado es propio). Al respecto, la disposiciones invocadas prevén que el juicio de control constitucional en la vía indirecta procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, o después de concluido; así también, que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Para el estudio de este asunto cabe hacer alusión a lo que dispone la fracción V del citado numeral 107, pues establece que el juicio amparo procede en contra de actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente si se generan consecuencias de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al respecto se transcribe ese precepto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Es importante hacer referencia a esa porción normativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la amplitud de la norma contenida en la fracción V, da pauta para interpretar la fracción IV de la Ley de Amparo y no a la inversa, de modo tal, que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así también, determinó que la excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine; pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto cuya ejecución sea irreparable, esto es, de un acto que afecte derechos sustantivos. En ese sentido, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia, el que declara la imposibilidad de cumplirla o que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, conforme la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, por actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, se debe entender aquellos que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordena el archivo definitivo del expediente); Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos, entendidos éstos como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. En ese sentido, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, en el caso concreto, de la narración de los hechos que realiza la parte quejosa, se desprende, por una parte, que ella ya ha participado en el procedimiento de origen, es decir, no es tercera extraña ni en sentido estricto ni equiparado; por otra, que ya fue incoado el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así, ponderando el status procesal en el que se encuentra el procedimiento de origen, se pone en evidencia que los actos reclamados en la vía de amparo indirecto no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución, pues en modo alguno aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del negocio, ni mucho menos fue emitida en la etapa de remate, ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. De ahí que, resulta inconcuso que se torna improcedente la mencionada acción constitucional, pues estimar lo contrario implicaría entorpecer el trámite del procedimiento de ejecución y, consecuentemente, se desatendería el obstáculo legal contemplado en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 167854, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 361, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento." Asimismo, por el criterio que la sustenta, la tesis I.8o.C.22 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2015962, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2115, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Autorizada y domicilio. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con dicho registro. Además, se tiene como domicilio procesal el señalado en la demanda. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual manera, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos ********************8 y ********************9 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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