Marina Guerrero Sánchez

Expediente 758/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
758/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Marina Guerrero Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse desechado la demanda, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en consulta. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA MARINA GUERRERO SÁNCHEZ, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 758/2023-B. Desechamiento. Ahora bien, como cuestión previa, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal expone lo siguiente:"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar las constancias que integran el juicio de amparo 644/2023-B, del índice de éste órgano jurisdiccional, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por Marina Guerrero Sánchez, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otras autoridades, de quienes reclamó entre otros, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: 1).- Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo la posible orden judicial de lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria de dicha vivienda identificada como, LOTE 27, MANZANA 301, del DESARROLLO URBANO SAN MATEO, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de 120.000 M2, clave catastral FM-301-027 y sus construcciones, con domicilio en CALLE JUAN DIEGO, NÚMERO 5370, DEL FRACCIONAMIENTO SAN MATEO, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución de la mismo, ya que desde fecha 01 de abril del 2022, la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio 1411/2020 promovido por "ADMINISTRADORA FOME 1" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de la C. MARINA GUERRERO SANCHEZ. 2).- Del C. SECRETARIO ACTUARIO, ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo el posible cumplimiento de la orden judicial del lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en virtud de que la quejosa soy propietaria, de dicho bien el cual se encuentra identificada como LOTE 27, MANZANA 301, del DESARROLLO URBANO SAN MATEO, MUNICIPIO TIJUANA, con una superficie de 120.000 M2, clave catastral FM-301-027 y sus construcciones, con domicilio en CALLE JUAN DIEGO, NÚMERO 5370, DEL FRACCIONAMIENTO SAN MATEO, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución, ya que desde fecha 01 de abril del 2022 la quejosa no tengo conocimiento alguno respecto del mismo, es decir no fui escuchada ni vencida dentro de las actuaciones del juicio 1411/2020 promovido por "ADMINISTRADORA FOME 1" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de la C. MARINA GUERRERO SANCHEZ. "3).- Del C. Registrador Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad de Tijuana, Baja California, la inscripción en sus registros, de los actos antes dichos." Lo anterior, se invoca como hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que para ello sea necesario agregar a los autos copia certificada de las constancias relativas del juicio de amparo antes señalado, en virtud de ser consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., con el título: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., bajo el rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por 1 Publicada en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, con registro digital 172215. 2 Publicada en la página 10, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, con registro digital 2017123 el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Asimismo, del escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de derechos humanos 758/2023-B, fue promovida por Marina Guerrero Sánchez, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otras autoridades, de quien reclamó lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Autoridad Ordenadora: 1).- Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Reclamo la posible orden judicial de lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo, en calidad de propietaria de la vivienda identificada como, LOTE 27, MANZANA 301, del DESARROLLO URBANO SAN MATEO, MUNICIPIO TJUANA, con una superficie de 120.000 M2, clave catastral PM-301-027 y sus construcciones, con domicilio en CALLE JUAN DIEGO, NÚMERO 5370, DEL FRACCIONAMIENTO SAN MATEO, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, debido a la falta de notificación a la quejosa de la reanudación del juicio, y/o la etapa de ejecución, ya que desde el día 01 de abril del 2022, no he sido notificada, ni tengo conocimiento alguno respecto del mismo. . Autoridades Ejecutoras: 2).- Del C. SECRETARIO ACTUARIO, ADSCRITO AL H. JUZGADO CUARTO DE LO CIVGIL DEL PARTIDO JUDICIAL TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, reclamo el posible cumplimiento de la orden judicial del lanzamiento y/o desalojo del bien inmueble que actualmente poseo. 3).- Del C. REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, la inscripción en sus registros, de los actos antes señalados, tales como la inscripción en la partida correspondiente de la posible adjudicación en remate realizada en autos." Ahora bien, en el caso, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Ahora bien, del análisis de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que a fin de que se actualice la misma, deben colmar dos elementos: a) Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que se trate de un caso que se encuentre en los términos de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; es decir, que el otro juicio de amparo en el cual se pronunció ya una ejecutoria, se trate del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es así, pues la causa de improcedencia que establece la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y, al citar las disposiciones mencionadas, las fracciones que le preceden, se contraen exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sobre la base expuesta, es evidente que los actos que pretenden combatir en esta instancia constitucional ya han sido materia de diverso juicio promovido por el mismo quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página mil ciento siete, libro 29, abril de dos mil dieciséis, de la décima época, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Así también la tesis número V.2o.215K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos cincuenta y seis, del tomo XIV, de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, con el siguiente rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos veinticinco, del tomo XII, de julio de mil novecientos noventa y tres, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Es importante precisar que la cosa juzgada no sólo opera cuando en la sentencia de un diverso juicio de amparo se haya analizado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino que también se actualiza por diversas circunstancias, tales como que se haya determinado la inatacabilidad de los mismos a través de un juicio de garantías. Esto, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues esta situación no puede ser desconocida en el nuevo juicio de amparo. Criterio que es de observancia obligatoria, en virtud de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página noventa y uno, del volumen 181- 186, tercera parte, correspondiente a la séptima época, que establece lo siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Circunstancia que opera en el caso, pues en el juicio de amparo 644/2023-B, del índice del este Juzgado, promovido por Marina Guerrero Sánchez, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades, en proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, se determinó desechar la demanda de amparo, en virtud de que los actos que reclamó no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución, anterior determinación que causó estado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, se advierte la actualización de la cosa juzgada, ya que el promovente pretende reclamar los mismos actos atribuidos a las autoridades; situación que ya fue motivo de análisis en el juicio de amparo 644/2023-B, del índice de este Juzgado, en el cual se determinó que desechar la demanda de amparo, en virtud de que los actos que reclamó no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XI, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, la demanda instada en esta vía por la parte quejosa resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la misma. Autorizada y domicilio. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonia Félix Mendívil y Jessica Silva Morales, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ramón Villarreal Campos y Francisco Díaz Ponce. Además, se tiene como domicilio procesal el señalado en la demanda. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/2020, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual manera, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese personalmente

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