Marifat Sharipova (Extranjero)

Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
889/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Marifat Sharipova (Extranjero)
  • MARIFAT SHARIPOVA (EXTRANJERO) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado que previa consulta en el sistema computarizado, se encontró que el catorce de noviembre pasado, se recibió vía estafeta el original del oficio 1131/2022, al que se adjuntaron los autos originales del juicio de amparo 1948/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, con motivo de la incompetencia decretada en dicho asunto, y en esa misma fecha se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja california, con sede en esta ciudad, según se advierte de la papeleta que anexa a su oficio, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte y al advertirse de la certificación secretarial de cuenta, que en quince de noviembre del año en curso, se determinó desechar la demanda que dio origen al presente juicio de garantías al haber cesado los efectos del acto que reclamaron los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Oscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, en virtud de que quedó acreditada su salida conforme a los oficios respectivos enviados por las responsables y corroborados posteriormente en la estación migratoria por la actuaria de la adscripción; sin embargo, al haberse admitido el juicio en ocho de noviembre pasado, en razón de la ratificación de los quejosos, que envió adjunta el Juez declinante, lo correcto es determinar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, bajo el mismo fundamento, con excepción de los preceptos citados en cuanto al desechamiento, lo anterior en virtud de que la resolución en definitiva no varía en cuanto al sentido, dado que la misma se emitió por haber cesado los efectos del acto reclamado por los quejosos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos civiles, se regulariza el procedimiento y se determina que el sentido correcto de la determinación emitida en ocho de noviembre de este año, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías y por consecuencia, dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en once de noviembre del año en curso, las autoridades migratorias con sede en esta ciudad, remitieron los oficios de salida número ORBC/EMTIJ/5053/2022, ORBC/EMTIJ/5054/2022, ORBC/EMTIJ/5055/2022 y ORBC/EMTIJ/5056/2022, respectivamente de los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Óscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, motivo por el cual, se ordenó al actuario de la adscripción para que se constituyera en las instalaciones de las autoridades a efecto de dar fe de su contenido, lo cual, ocurrió en catorce de noviembre del año en curso, tal y como se advierte del acta circunstanciada de dicha fecha DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de los quejosos, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior sin haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin haberles cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser una autoridad administrativa la que se señala como responsable, a dicha autoridad deberá de ordenársele por su Señoría la libertad inmediata de los hoy quejosos sin que se excedan de más de 36 horas, al no habérsele empezado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso que se les sometiera algún tipo de procedimiento administrativo a los hoy quejosos, TAMBIEN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LES FIJE ALGÚN TIPO GARANTÍA ECONOMICA O FIANZA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA UNICA FINALIDAD DE QUE LOS IMPETRANTES RECOBREN SU LIBERTAD PERSONAL, lo anterior al no ser personas que se les haya imputado algún tipo de delito y que se les esté instruyendo algún tipo de proceso penal en su contra. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsable respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en tener privados de su libertad a los hoy quejosos, incumplimiento con ello con las garantía fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia." Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, tomando en consideración de que en catorce de noviembre del año en curso, la actuaria de la adscripción asentó que le pusieron a la vista los oficios de salida ORBC/EMTIJ/5053/2022, ORBC/EMTIJ/5054/2022, ORBC/EMTIJ/5055/2022 y ORBC/EMTIJ/5056/2022, que remitió la autoridad responsable anexos a su informe, en los que se advierte que en nueve de noviembre del año en curso, se otorgó hoja de salida de la estación migratoria a los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Óscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez. De ahí que, resulta evidente que, los citados quejosos quedaron en libertad; motivo por el cual se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que se dejaron sin efecto los actos que en esta vía se combaten, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los directamente agraviados Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Óscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La incomunicación Orden de deportación Expulsión Repatriación Restricción a la libertad de libre tránsito Arbitraria detención Actos que han cesado sus efectos, ya que se advierte que el quejoso no se encuentra a disposición de una autoridad migratoria y se encuentra en libertad. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Óscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Óscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En diverso tenor, glósese a los autos sin mayor proveído el oficio que remite la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, en virtud de que en siete de noviembre del año en curso, se proveyó al respecto, tal y como se advierte de las constancias remitidas por el Juzgado Octavo de Distrito en Villahermosa, Tabasco. Notifíquese; y por lista a los quejosos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite vía correo electrónico la autoridad responsable, mediante los cuales, en atención al requerimiento formulado en autos remite las hojas de salida de los quejosos y a su vez, rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, en virtud de que la autoridad anexó los oficios de salida número ORBC/EMTIJ/5053/2022, ORBC/EMTIJ/5054/2022, ORBC/EMTIJ/5055/2022 y ORBC/EMTIJ/5056/2022, respectivamente de los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Oscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad, y solicite el apoyo del personal para el efecto de que: -Se le permita tener acceso al área de alojamiento con el propósito de que puedan vocear a los directamente agraviados Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Oscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, a efecto de verificar que a la fecha ya no se encuentran alojados en dicha estancia. -Se les ponga a la vista los originales de los oficios los oficios ORBC/EMTIJ/5053/2022, ORBC/EMTIJ/5054/2022, ORBC/EMTIJ/5055/2022 y ORBC/EMTIJ/5056/2022, mediante los cuales se les otorgó la salida de dicha estación migratoria. Asimismo, para el caso que con motivo de la carga laboral las autoridades responsables no puedan en dicho momento dar cumplimiento a lo anterior, el personal comisionado se coordine con los Actuarios de la adscripción, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en Villahermosa, con sede en Tabasco, al que anexó el original del juicio de amparo juicio de amparo 1948/2022-IX, de su índice, originado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Oscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, en contra del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Tabasco del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con número 889/2022-C. En mérito de lo anterior, del oficio de cuenta y anexos que remite la autoridad declinante se obtiene que su argumento toral por el cual se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio; en mérito de lo anterior, a fin de no vulnerar el principio de expeditez de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se avoca del conocimiento del presente juicio de amparo, acúsese de recibo correspondiente al órgano oficiante. Admisión Ahora bien, tomando en consideración de que en cinco de noviembre del año en curso, ante la presencia del actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, los quejosos Marifat Sharipova; Masrur Rahimov; Oscar Fernando Ruiz Palacios y Angélica Leticia Quispe Velázquez, ratificaron el escrito inicial de demanda y constancia de notificación en la que esta última precisó que su nombre correcto es Ángela Leticia Quispe Velásquez, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo Suspensión de plano Ahora bien, respecto a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa respecto a los actos reclamados en esencia consistentes en la deportación, privación de la libertad y/o detención fuera de procedimiento judicial e incomunicación, este juzgado convalida la suspensión de plano decretada en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, dentro del juicio de amparo 1948/2022 IX, de su índice. Requerimiento. Ahora, en virtud de que dentro de las actuaciones que obran dentro del expediente que nos ocupa, no se advierte que las autoridades responsables con sede en esta ciudad, hayan dado cumplimiento a la suspensión de plano decretada, requiérase a las mismas para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano de que se trata; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Incidente de suspensión. Sin que proceda tramitar el incidente de suspensión, toda vez que los actos reclamados ya fueron materia de la suspensión de plano. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a las autoridades señaladas como responsables sus informe justificado, que deberán rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remitan copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Solicítese a las responsables, indiquen al rendir su informe con justificación, si tienen conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández. Asimismo, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y número de teléfono que se proporciona. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser0 las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Finalmente, hágase del conocimiento de los quejosos que de acreditarse que con anterioridad tuvieron conocimiento de que ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." De igual manera, requiérase a los directamente agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días lealmente computados señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Solicitud de traductor. Ahora, toda vez que del escrito de demanda el promovente refirió que los directos quejosos -al parecer- son de nacionalidad Tayikistán, por tanto se comisiona al actuario de la adscripción para que en el caso de que no hablen ni entiendan el idioma español, solicite al personal de la Estancia Migratoria en el que se encuentran alojados los quejosos para que por conducto del traductor que designe la autoridad migratoria para tal efecto se realice la encomienda planteada en el presente proveído. Lo que se hace del conocimiento a las autoridades responsables para que realicen las gestiones necesarias para que de manera inmediata se pueda realizar la aludida diligencia Oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Por último, gírese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativa a la demanda de amparo dirigida a este órgano jurisdiccional; lo anterior, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en esta ciudad. Notifíquese y personalmente a los quejosos.

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