Marina Encarnacion Martinez Gonzalez
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marina Encarnacion Martinez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el cual contiene la evidencia criptográfica correspondiente, con el que remite el testimonio judicial electrónico de la ejecutoria de dieciséis de noviembre del año en curso, pronunciada en la queja ********************, del índice del Tribunal ocursante, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de treinta y uno de agosto del presente año que desechó la demanda; resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO.- SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa ********************. SEGUNDO.- SE CONFIRMA el auto recurrido de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán." De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos a que haya lugar, y acúsese el recibo solicitado. Ahora bien, en atención a lo resuelto por el Tribunal ocursante, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio remitido electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del informe con justificación y del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja interpuesto por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 318/2023. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interponen recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1386/2023-VIII. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La jurisprudencia que contiene el citado criterio es P./J. 37/2014 (10a.) Época: Décima Época, Registro: 2006589, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que señala "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 24/1992, publicada en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del juicio extraordinario hipotecario ********************, en la que declaró improcedente el recurso de revocación promovido contra el auto que decretó la acumulación de los expedientillos de prueba de la parte demandada y citación para presentar alegatos. Ahora bien, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que tal acto no encuadra en la hipótesis prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues no se trata de alguno cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impactan en algún derecho sustantivo de la parte quejosa; en cambio, constituye una violación de naturaleza intraprocesal, durante la substanciación del juicio que no afecta alguno de sus derechos fundamentales. Esto es así, porque los elementos de dicha definición "imposible reparación" no se dan en el acto reclamado, ya que en éste sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte quejosa y no aquellos de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En efecto, se aprecia como antecedentes del acto reclamado que en el juicio de origen ********************, en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se admitieron y desecharon pruebas en el cuaderno correspondiente, contra dicho auto se interpuso recurso de apelación. Luego en auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se dictó auto de acumulación de expedientillos de prueba de la parte demandada y se fijó término para alegatos contra dicho auto, la demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente en sentencia interlocutoria de catorce de julio de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado. En ese tenor, la resolución reclamada que decretó la improcedencia del recurso de revocación, únicamente tiene efectos procesales, que consisten en continuar el juicio y en su caso desahogar la etapa de alegatos, pero sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en su caso únicamente producirá una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues el quejoso se encuentra en aptitud de obtener una sentencia favorable al resolverse el juicio y de ser así, la lesión o violación ahora alegada por el hecho de estar pendiente un diverso recurso de apelación y haberse citado para alegatos, desaparecerá sin dejar huella en su esfera jurídica y por el contrario de no obtener una favorable a sus intereses podrá combatir dicha determinación en amparo y señalar como violaciones formales o adjetivas las contenidas en el acto reclamado. A mayor abundamiento, es dable destacar que el acto reclamado es una actuación que fue emitida dentro del trámite procedimental de un juicio civil (hipotecario) por lo que la improcedencia del recurso contra la citación para la etapa de alegatos, así como la acumulación de los cuadernos de pruebas, dada su naturaleza, no conlleva la afectación a un derecho sustantivo, pues no afecta la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, por lo que únicamente tiene la característica de ser un acto meramente procesal que forma parte de la secuela de ese juicio y por tanto, no le causa un perjuicio de imposible reparación al peticionario de amparo, pues lo cierto es que el asunto seguirá su curso y el quejoso indefectiblemente estará en posibilidad de obtener resolución favorable a sus intereses a pesar de la improcedencia de ese recurso, que podría conllevar la continuación del juicio para que se desahogue la etapa de alegatos, pero de cualquier forma las violaciones formales y procesales que ahora alega desaparecerán sin haberle causado perjuicio. Ello, pues para ser calificado como irreparable, el acto reclamado necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En tal virtud, las violaciones que en su caso se cometan a las normas de procedimiento, durante el trámite del juicio promovido contra la quejosa, no procede su reclamo como actos destacados en el presente juicio de amparo, sino en su caso a través de los conceptos de violación que se esgriman contra la sentencia definitiva en función de dicha violaciones, si es que no obtiene una determinación favorable a sus intereses. En tal virtud, toda vez que el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución y tal circunstancia no acontece en la especie, debido a que el acto no afecta derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, se actualiza el anunciado motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar de plano la demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Por otro lado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a la parte quejosa para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, así como los diversos medios electrónicos que proporciona. De igual forma, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado de la parte quejosa con las imitaciones de dicha disposición a las personas que señala en el escrito de demanda; asimismo, se le autoriza el uso de medios electrónicos, con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que únicamente serán objeto de ello, las constancias que obren de manera física en el expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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