Marilizet Puerto Fernandez

Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1019/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Marilizet Puerto Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio 7552, remitido vía interconexión por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del oficio con el que se le envió el original de este juicio de amparo al rubro citado, así como el escrito de expresión de agravios de la parte quejosa, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte impetrante, contra la sentencia de veinticinco de julio inmediato anterior; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 521/2023. De lo que esta Juzgadora Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MÉRIDA, YUCATÁN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ____________________________________________________________ OFICIO. 23323/2023. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. MÉRIDA, YUCATÁN. Constante de (230) doscientas treinta fojas útiles y de conformidad con lo acordado en proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 1019/2023-VII, promovido por la quejosa Marilizet Puerto Fernández contra un acto de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; me permito remitirle el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por Gabriel de Jesús Cobos Erosa, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra la sentencia emitida el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en el aludido juicio de amparo, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 89 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se da acceso al expediente electrónico, para que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar la legalidad de la sentencia impugnada. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. A T E N T A M E N T E. MIGUEL ÁNGEL SOSA CALDERÓN. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. (FIRMA ELECTRÓNICA

  3. Principal

    Mérida, Yucatán a once de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por Gabriel de Jesús Cobos Erosa, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el veinticinco de julio del año en curso, adjuntando un diverso ocurso en que expresa sus agravios. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la admisión del recurso a la parte tercero interesada, así como a la autoridad responsable, y entrégueseles copia simple del escrito de expresión de agravios. En tal virtud, una vez notificadas las partes de la interposición del recurso de referencia, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, junto con una copia del escrito de interposición del recurso de mérito y en el que se expresan los agravios, así como la copia que de éstos que corresponden al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. De igual forma, se ordena dar acceso al expediente electrónico, a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente asunto mediante el expediente electrónico. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1019/2023-VII, promovido por Marilizet Puerto Fernández, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y a la tercero interesada; y, d) Informe justificado de las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las documentales remitidas por la Sala responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte tercero interesada. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta, con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1025/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Marilizet Puerto Fernández, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial, ambas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, el que hizo consistir en la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca 20/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 673/2022, y su ejecución. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda primigenia fue interpuesta ante la Sala responsable, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la vía directa. Por tal motivo, la misma fue remitida al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mismo que por determinación de seis de junio de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma, declinando competencia a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán. En esa virtud, la demanda de marras fue turnada a este órgano de control constitucional, el veinte de junio de dos mil veintitrés. Siendo que mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; sin necesidad de solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, en virtud de que ya obraban en autos; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente, como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La determinación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca 20/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 673/2022, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial, ambas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el original del toca 20/2023, mismo que remitió la Sala responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la parte quejosa fue notificada de la resolución impugnada, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante publicación realizada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; por lo que si la demanda se presentó ante la Sala responsable, el veinticinco de mayo siguiente, es inconcuso que fue dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio. Por cuanto al acto combatido, no se actualiza, en criterio de la suscrita, ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Sin embargo, para una mejor comprensión del caso, se procede a la síntesis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa respecto de la determinación impugnada, los que hizo consistir en lo siguiente: Aduce en su primer concepto de violación la parte impetrante, medularmente, que la resolución en cuestión es ilegal, cuenta habida que carece de fundamentación y motivación, además de que omitió dar contestación a los argumentos planteados al oponer la excepción de incompetencia por declinatoria. En el segundo concepto de violación, hace valer una violación procesal en el trámite del recurso que motivó la emisión del acto reclamado, aduciendo, en esencia, que en el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, la Sala responsable aplicó indebidamente los artículos 366 y 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues no estaba obligada a señalar agravios o argumentos al interponer dicho recurso, e incluso, no estaba obligada siquiera a hacerlos valer, ya que esos numerales no prevén tal obligación. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son infundados, atentas las consideraciones siguientes. En el presente caso, se insiste, la quejosa impugna la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca 20/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 673/2022, y su ejecución; sin embargo, también se duele de una violación procesal ocurrida en el trámite de dicha excepción. Por lo anterior, a efecto de dar claridad a esta determinación, se estima necesario narrar los siguientes antecedentes: 1) En el juicio 673/2022 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al dar contestación a la demanda formulada en su contra, la quejosa opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. 2) Derivado de dicha excepción, se formó el toca 20/2023. 3) Mediante presentado el dos de febrero de dos mil veintitrés, la parte excepcionista, aquí quejosa, ofertó diversas pruebas para acreditar la procedencia de su excepción. 4) En acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, la Sala responsable admitió a trámite la excepción de marras, fijó las nueve horas de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia relativa, y desechó las pruebas confesional y testimonial hechas valer por la excepcionista. 5) Inconforme con lo anterior, la incidentista, aquí quejosa, interpuso el recurso de revocación en su contra, aduciendo, de modo textual, "ya que el mismo no se encuentra ajustado a derecho, tal y como lo haré valer con los argumentos que esgrimiré en el momento procesal oportuno". 6) Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la Sala responsable admitió a trámite el recurso en cuestión. 7) En audiencia de tres de marzo de dos mil veintitrés, la Sala responsable resolvió el recurso de marras, declarándolo improcedente. Al respecto, como se dijo, la quejosa aduce, en su segundo concepto de violación, que la resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desecharon diversas pruebas ofertadas que ofertó al oponer la excepción de incompetencia por declinatoria antes ponderada, deviene inconstitucional, puesto que se si bien es cierto no formuló los agravios relativos a dicho recurso, ello no resultaba obligatorio a fin de resolver el mismo, puesto que los artículos 364 a 368 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no lo contemplan. Dicho motivo de inconformidad se reputa infundado; ello, cuenta habida que el numeral 367 de la codificación en cita, dispone lo siguiente: "Artículo 367. Interpuesta la revocación en tiempo, el tribunal oirá a las partes en audiencia verbal dentro de los tres días siguientes, en la que ocurran o no aquéllas, dictará la resolución que corresponda." En esa virtud, una interpretación sistemática e integral del artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, conduce a determinar que los agravios pueden formularse de manera verbal o escrita. Se afirma lo anterior, porque interpretar dicho numeral, en el sentido de que puede revisarse la resolución recurrida aún y ante la ausencia total de agravios, implicaría soslayar los principios de instancia de parte agraviada y la causa de pedir, lo que conllevaría a una suplencia de la queja total, por parte de la autoridad judicial, a efecto de resolver lo que correspondiera, situación que desnaturalizaría totalmente el recurso. Por tanto, si bien no constituye elemento esencial para la celebración de la audiencia relativa, la presencia física de las partes, al establecer el precepto que concurran o no, se resolvería el recurso; lo cierto es que son indispensables los agravios para resolver el recurso, por lo que aquéllos deben presentarse ya sea por escrito o formularse de manera verbal al celebrarse la audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 1410, del Tomo XXXIII, Abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "REVOCACIÓN. FORMA EN QUE PUEDEN FORMULARSE LOS AGRAVIOS EN DICHO RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Una interpretación sistemática e integral del artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, conduce a determinar que los agravios pueden formularse de manera verbal o escrita. Es así, porque interpretarlo en el sentido de que deben proponerse de forma verbal en la audiencia de ley sólo porque así se celebra dicha diligencia, implicaría soslayar que no constituye elemento esencial para su celebración la presencia física de las partes, al establecer el precepto que concurran o no, se resolvería el recurso, lo cual es indicativo de que no necesariamente deben comparecer a ella por sí mismas o a través de apoderado, procurador o quien sus derechos represente en el juicio. Con otra interpretación, lejos de buscar el mayor beneficio para el recurrente se obstaculizaría la verdadera intención del legislador. Luego, sobre la base de que son indispensables los agravios para resolver el recurso, si aquéllos se presentan por escrito deben considerarse y resolver de fondo el recurso; al igual que si se formulan de manera verbal al celebrarse la audiencia." Atento a lo anterior, si bien la parte demanda, hoy quejosa, al interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo de desechamiento de pruebas de trece de febrero de dos mil veintitrés, no estaba obligada, en ese mismo momento, a expresar los agravios correspondientes; lo cierto es que, conforme a lo antes ponderado, sí estaba obligada a expresarlos, como máximo, en la audiencia verbal celebrada con motivo del indicado recurso. En ese sentido, si como acontece en la especie, la demandada omitió comparecer a la indicada audiencia, a pesar de encontrarse notificada para tal efecto, omitiendo, además, expresar, ya sea por escrito o de modo verbal en esa audiencia, los agravios correspondientes al recurso interpuesto; resulta correcto, como así lo concluyó la Sala responsable, decretar la improcedencia del recurso de revocación en contra del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el toca 20/2023, por el cual, entre otras cosas, se desecharon las pruebas confesional y testimonial ofertadas por la parte excepcionista, ante la falta de motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente. Máxime, que la citada demandada, al interponer el aludido recurso, en su escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, expresó, de manera literal, "el auto de fecha trece de febrero del año dos mil veintitrés dictado en el presente toca, ya que el mismo no se encuentra ajustado a derecho, tal y como lo haré valer con los argumentos que esgrimiré en el momento procesal oportuno." En esa tesitura, es evidente que la parte demandada, sabedora de la obligación de expresar los motivos de agravio relativos al recurso de revocación interpuesto, se comprometió a esgrimirlos "en el momento procesal oportuno"; empero, ello no aconteció, ya que no los vertió con antelación a la celebración de la audiencia, ni tampoco acudió al desahogo de la misma, donde, vía verbal, estuvo en aptitud de hacerlos valer. Ello encuentra sustento en la tesis visible en la página 1411, del Tomo XXXIII, Abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "REVOCACIÓN. MOMENTO EN QUE DEBEN FORMULARSE LOS AGRAVIOS RELATIVOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 366 Y 367 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE YUCATÁN. Una interpretación sistemática e integral de dichos preceptos, conduce a determinar que el momento procesal oportuno para formular los agravios es al celebrarse la audiencia de ley, establecida en el segundo numeral. Es así, porque interpretar al primero, en el sentido de que con la interposición del recurso deben formularse los agravios, implicaría obligar al recurrente a expresar agravios cuando ni siquiera ha tenido el tiempo suficiente de reflexionar detenidamente sobre el contenido del auto o decreto que se le notifica, mucho menos -lo más importante- sobre el sustento de su inconformidad, por lo que lejos de constituir un medio o instrumento de defensa, se traduciría en un obstáculo para ello. De otro modo no se garantizaría a la parte interesada preparar su defensa en forma adecuada y oportuna. Corrobora lo anterior, o sea, que el artículo 366 sólo prevé el plazo de interposición del recurso, el hecho de que el diverso 367 refiera que interpuesto en tiempo, se fijará la celebración de una audiencia, lo cual constituye una razón de más para interpretar que en el primer numeral la intención del legislador fue únicamente regular el plazo de interposición del recurso, por lo que no cabe sino esa conclusión, que los agravios deben formularse al celebrarse la audiencia que prevé el artículo 367." Por tanto, es evidente que si la parte recurrente, hoy amparista, no formuló agravios en el recurso aludido, estando obligada a ello, conforme a los argumentos antes vertidos; deviene que la Sala responsable actuó de modo correcto al decretar la improcedencia de ese recurso, precisamente ante la ausencia de motivos de inconformidad. Una vez sentado lo anterior, procede a continuación analizar la determinación emitida por la Sala responsable, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte quejosa; misma se estima ajustada a derecho, atentas las siguientes consideraciones. Ahora, del análisis de la demanda natural, se desprende que la parte actora Perla Rubí de Jesús Morales Pérez, aquí tercero interesada, pretende, mediante la vía ordinaria civil, que se le restituya la posesión del predio doscientos treinta, de la calle treinta y cuatro, del fraccionamiento "Montecarlo", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como el pago de las rentas relativas, a partir de la indebida ocupación del mismo, de los daños y perjuicios, así como de los intereses moratorios correspondientes. Siendo que, en dicha demanda, se precisó que la demandada, hoy quejosa, tenía su domicilio en el predio doscientos treinta, de la calle treinta y cuatro, cruzamiento con la calle diecisiete, del fraccionamiento "Montecarlo", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. E incluso, de la constancia actuarial de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se desprende que la citada demandada fue emplazada a juicio en el predio señalado por la actora en la demanda primigenia. En ese sentido, es pertinente precisar que el numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala de manera textual, lo siguiente: "Artículo 73. Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por orden a cualquier otro juez: .III. El del domicilio del deudor; si éste tuviere varios, el que elija el actor." Por tanto, atento al domicilio de la parte deudora, mismo que se encuentra sito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es evidente que, como acertadamente estimó la Sala responsable, resultaba competente para conocer de la demanda en cuestión, un Juez del orden Civil con asiento en esta propia localidad. Ello, precisamente en estricta aplicación de la regla competencial contenida en el precitado numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que, como quedó visto, preceptúa que será competente para conocer de un juicio, sea cual fuere su naturaleza, el del domicilio de la parte deudora. En esa virtud, si como quedó visto, la parte demandada, aquí impetrante, tiene su domicilio en el predio doscientos treinta, de la calle treinta y cuatro, cruzamiento con la calle diecisiete, del fraccionamiento "Montecarlo", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; es notorio y manifiesto que resulta competente para conocer del reclamo inicial, la Juez Tercero Civil del Estado de Yucatán, sita en esta propia ciudad capital. Corolario de lo anterior, deviene que los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa resulten infundados, precisamente porque si en la demanda presentada por la parte actora, se ejerce una acción reivindicatoria de posesión respecto a un predio, contra la parte demandada, quien tiene su domicilio en esta propia ciudad capital, es evidente que, conforme al numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la competencia para conocer de esa demanda debe recaer, como así aconteció, en un Juez Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Deviniendo también infundado el argumento vertido por la parte quejosa, en el sentido de que la Sala responsable no dio contestación a los planteamientos que vertió al oponer la excepción en análisis. Ello, pues de la lectura integral de la determinación impugnada, se desprende que la Sala responsable, en atención a la presunta existencia de un pacto de voluntades argüido por la parte demandada, en el que convino con la parte actora que sería un Juez sito en Progreso, Yucatán, quien conocería del conflicto relativo al inmueble multicitado; determinó que la excepcionista no ofertó prueba alguna que demostrara la existencia de ese presunto acuerdo. En esa virtud, es evidente que, contrario a lo esgrimido por la quejosa, la Sala responsable dio cabal respuesta al planteamiento realizado en la excepción de marras, pues, se reitera, indicó, acertadamente, que ante la ausencia de pruebas que demostraran la existencia del pacto celebrado entre las partes, referente a la competencia de un Juez sito en Progreso, Yucatán, para dirimir el conflicto, debía aplicarse la regla prevista en el mutirreferido numeral 73 de la codificación procesal de la materia y, por ende, correspondía conocer del juicio natural, como así se hizo, a un Juez del orden Civil con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En mérito de lo antes expuesto, se reitera, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta alguna deficiencia que suplir, por lo que lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetró contra la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, en el toca 20/2023, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la directa impetrante. Misma negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al no haber sido impugnados por vicios propios. Al respecto, se cita la tesis visible en la página 357, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marilizet Puerto Fernández, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos plasmados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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