Marilizet Puerto Fernandez

Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
800/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Marilizet Puerto Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    En treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, doy cuenta a la Jueza con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Pamela Medina Sánchez, Secretaria que autoriza. Doy fe. AGC*

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 4113, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el juicio de amparo directo 323/2023, de su índice, promovido por ********************, contra actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables. Del oficio de cuenta, se advierte que dicho órgano jurisdiccional, mediante acuerdo dictado el veintisiete de abril del presente año, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo antes referida, por los motivos expuestos en el auto de mérito; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo, 45 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta juzgadora se avoca al conocimiento del asunto en comento y acepta la competencia para dar trámite al mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Al respecto, fórmese expediente; y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 800/2023-lII-A. Ahora bien, en el caso, se aprecian diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de los que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente: La inconstitucionalidad de los artículos 366 y 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Decreto 373 emitido por el Congreso del Estado, que contiene el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual lo constituye la resolución de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de revocación, dictado por la responsable Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, en el toca civil ********************en la que, entre otras cosas, resolvió que el recurso de revocación devenía infundado, quedando firme el diverso auto de trece de febrero en curso, en el que no se admitieron las pruebas de confesión y testimonial ofrecidas por la quejosa en el toca anteriormente citado, formado con motivo de la incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la ahora quejosa. En ese sentido, en principio, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y solo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la resolución de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación dictado por la responsable Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, en el toca civil ******************** en la que, entre otras cosas, resolvió que el recurso de revocación devenía infundado, quedando firme el diverso auto de trece de febrero en curso, en el que no se admitieron las pruebas de confesión y testimonial ofrecidas por la quejosa en el toca anteriormente citado, formado con motivo de la incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la ahora quejosa. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que la resolución reclamada por la quejosa, en el que se resolvió que el recurso de revocación devenía infundado, quedando firme el diverso auto de trece de febrero en curso, en el que no se admitieron las pruebas de confesión y testimonial ofrecidas por la quejosa en el toca civil ********************no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales; esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción en la resolución del recurso de revocación, instado por la parte quejosa, contra el auto de tres de marzo del año en curso, en el que se determinó confirmar el auto de trece de febrero de la presente anualidad, que no admitió las pruebas de confesión y testimonial ofrecidas por la quejosa dentro del toca ********************del índice de la Segunda Sala Colegiada y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, derivado de la incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la quejosa en el juicio de origen, ello, constituiría violaciones al procedimiento, susceptibles de ser reparadas en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Lo anterior, considerando en primera instancia, que la resolución de trece de febrero del año en curso, que fue confirmada por la que constituye el acto reclamado, es emitida en el toca ********************que únicamente dirime una cuestión competencial, planteada dentro del juicio ordinario civil ********************, en el que la quejosa es parte demandada, constituyendo por ende, aspectos procesal que no son de imposible reparación. En todo caso, dichas violaciones solo son reclamables mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos del artículo 172, de la fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Consecuentemente, el acto reclamado no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Ilustra las consideraciones anteriores la jurisprudencia 3a. 20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 207226 de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, el acto reclamado no produce a la parte quejosa de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que el quejoso obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta infracción que señala y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva, y no como en el presente caso, que dirime una cuestión como la incompetencia planteada, cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que obtenga una sentencia favorable a sus intereses en la causa judicial de origen; circunstancia que, demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Igualmente, resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia VI. 1o. J/36, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 224833 de título: "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Desechamiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 366 y 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Decreto 373 emitido por el Congreso del Estado, que contiene el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, toda vez que no procede el examen de su constitucionalidad, atento a que, cuando se promueve un amparo en contra de una disposición de observancia general con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa, no puede desvincularse el estudio de dicha disposición de su acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al quejoso y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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