Maricsa Valencia Partida

Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Maricsa Valencia Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante que había remitido copia certificada del acuse de recibo de la comunicación girada al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le informara si la autoridad demandada dio de alta ante esa institución a la aquí quejosa y si cumplieron con el pago de cuotas obrero-patronales. Se requiere a la responsable En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos. Para tal efecto, se reitera que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, son las siguientes: "1. Adopte todas las medidas necesarias para que se logre el desahogo de la prueba de informes a cargo de a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con el número III.E. en el acuerdo de admisión de pruebas de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. 2. Para lo cual, deberá hacer uso de los apercibimientos y sanciones que la ley le otorga para hacer cumplir sus determinaciones, contenidos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, tales como la imposición de multas y el arresto.". Subsiste apercibimiento para la responsable En el concepto de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de dos de junio de dos mil veintitrés; y por ende, en el caso de persistir en su conducta omisiva, este órgano jurisdiccional procederá a analizar sobre la aplicación de los medios de apremio que establece la Ley de Materia y que pudieran hacerse efectivos en su perjuicio, de una forma escalonada y progresiva, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, a saber: 1) La imposición una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y b) Si aún así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación, el cual podrá culminar con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables y de su superior jerárquico. Por consiguiente, se ordena a la responsable que cumpla con la ejecutoria, ya que de no hacerlo, el suscrito juzgador procederá a analizar con las constancias que obran en autos, si la responsable ha incurrido en lo siguiente: a) Desacato total de la ejecutoria; o, b) Una actitud evasiva para cumplir con la ejecutoria (la cual se actualiza cuando la autoridad responsable o vinculada lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo); o c) La práctica de procedimientos ilegales que generen el retraso en el cumplimiento de la sentencia, entendiéndose estos como procedimientos ilegales que se lleven a cabo so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida de que no son exigibles por el fallo. Hecho lo anterior, de considerarse necesario, se hará efectivo el apercibimiento relativo, girándose las comunicaciones respectivas a la autoridad competente para su aplicación. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis P./J.58/2014 (10a), localizable en la página 11, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo de la comunicación girada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que le informe si la autoridad demandada dio de alta ante esa institución a la aquí quejosa y sí cumplieron con el pago de cuotas obrero-patronales, por lo que una vez que desahogue el requerimiento lo informará a este órgano jurisdiccional. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Maricsa Valencia Partida. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a dichas autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "1. Adopte todas las medidas necesarias para que se logre el desahogo de la prueba de informes a cargo de a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con el número III.E. en el acuerdo de admisión de pruebas de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. "2. Para lo cual, deberá hacer uso de los apercibimientos y sanciones que la ley le otorga para hacer cumplir sus determinaciones, contenidos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, tales como la imposición de multas y el arresto.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 443/2023-X, promovido por Maricsa Valencia Partida, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Maricsa Valencia Partida, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; ocurso en el que narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de trece de abril dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose la misma con el número de expediente X-443/2023; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello en atención a que la parte quejosa reclama actos de una autoridad en materia laboral, con sede en la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa los actos que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, los cuales consisten en: La omisión de desahogar el medio de prueba consistente en el informe solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social, admitida dentro del juicio ordinario laboral 186/2017. TERCERO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó implícitamente la existencia de la omisión reclamada, al referir que efectivamente a la fecha aún no se había desahogado en el juicio laboral de origen el medio de prueba referido por la peticionaria de amparo. Es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que además se corrobora con las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado; a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación formulados por la quejosa respecto de la omisión atribuida al tribunal responsable resultan esencialmente fundados y por ende suficientes para conceder el amparo, para el efecto que se precisará al final de este apartado. En su demanda, respecto de las omisiones atribuidas a la responsable, la quejosa refiere que no se ha proveído para lograr el desahogo de la prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, admitida en el juicio labora de origen, bajo el número III.E. Motivo de disenso que como ya se adelantó resulta esencialmente fundado, tal como se explica enseguida. En efecto, si bien el tribunal responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ha realizado diversas gestiones para lograr el desahogo de dicha prueba, éstas no han sido del todo efectivas, porque si bien ha emitido diversos oficios con esa finalidad, no ha aplicado las medidas de apremio que tiene a su alcance para lograr el cumplimiento de sus determinaciones. Lo que, como lo afirma la parte quejosa, provoca una dilación en la tramitación del juicio laboral de origen y que se traduce en una vulneración en perjuicio del quejoso de los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen: "Artículo 17. [.]. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Sobre el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción en su vertiente de justicia pronta, la Suprema Corte de Justicia, al resolver amparo en revisión 522/2007, estableció que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver la controversia sometida a su jurisdicción dentro de los plazos que para tal efecto se establezca en las leyes, a fin que los actos que integran el procedimiento judicial, no se prolonguen indefinidamente, lo cual implica exigir que la solución de un asunto se produzca en un plazo razonable. Por ello las autoridades formal o materialmente judiciales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos en la ley. De tal suerte que la finalidad de este derecho no se logra si entre su ejercicio y su obtención se generan retardos injustificados en los plazos previstos en el texto constitucional, así como en las leyes secundarias. Las consideraciones anteriores se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales" . Por su parte, la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso (1), a que se dicte una decisión ajustada a la ley (2), a recurrir la decisión (3) y a la ejecución (4). Respecto a dichos rubros, debe indicarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al debido proceso estableció al menos, cinco modalidades de violación del derecho a un recurso, derivadas de: vacíos o disposiciones legislativas que privan de competencia a los tribunales para examinar recursos para un determinado tipo de violación (1); la obstaculización de la acción de la justicia por la vía de los hechos (2); el rechazo de recursos por razones procesales (3); la denegación de un recurso por razones arbitrarias, discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales de la persona (4); y, el incumplimiento de una decisión de la autoridad competente (5). Las consideraciones anteriores, además, son armónicas con las que sustentó el más alto tribunal del país, en las tesis siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.". "Registro digital: 2019663 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. XXI/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1343 Tipo: Aislada DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." En conclusión, para que un recurso judicial sea efectivo, requiere no solo de existir a nivel normativo, ser accesible y de fácil tramitación; sino que, de igual forma, exige que, sustancialmente, el poder judicial del Estado parte, disponga de todas las garantías y mecanismos legales a su alcance, para remover obstáculos generales (del Estado) o particulares del asunto, a fin de procurar que las determinaciones dictadas en un procedimiento jurisdiccional, sean plenamente realizables en la realidad, a fin que de no se tornen ilusorias. Ahora bien, es menester invocar el contenido del numeral 731 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso que nos ocupa. "Artículo 731. El juez podrá emplear, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, que no podrá exceder de 200 veces la Unidad de Medida y Actualización en el momento en que se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los apoderados ni a los funcionarios públicos que incumplan o sean omisos con un requerimiento u orden judicial. II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas." De dichos numerales se advierte que en los juicios laborales seguidos ante la autoridad responsable, esta tiene a su alcance una serie de medidas de apremio para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, tales, como multa, presentación forzosa y arresto. Ahora, debe indicarse que el tribunal responsable a efecto de lograr el desahogo de la referida prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, requirió en un primer momento su desahogo mediante oficio de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. En respuesta a dicha misiva, dicha institución se salud informó que a efecto de desahogar el requerimiento apuntado se le debían proporcionar diversos datos respecto a la aquí quejosa, actora en el juicio natural, tales como su número de seguridad social y registro único de población., En consecuencia, en proveído de trece de junio de dos mil dieciocho se ordenó remitirle dicha información al referido instituto, y requerirle nuevamente rindiera la información solicitada en autos, con el apercibimiento de hacer efectivos los medios de apremio contenidos en el referido numeral 731; sin que se obtuviera respuesta. Virtud de lo anterior, mediante oficio de veintiuno de octubre de dos mil veintidós se reiteró el requerimiento apuntado y se formuló el mismo apercibimiento, el cual se recibió por su destinatario el quince de noviembre de ese mismo año, según obra en el sello de recepción visible a foja treinta y uno del juicio de amparo; petición que se reiteró a través del diverso oficio de veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Finalmente debe hacerse notar que a la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido omiso en desahogar la prueba de informes que le fuera requerida con anterioridad a través de diversas misivas. Con esas bases, este juzgador considera que las gestiones realizadas por el tribunal responsable para lograr el desahogo de la prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social son insuficientes para concluir que se brindó a la aquí quejoso un acceso efectivo a la justicia. Es así porque de las constancias procesales que integran el juicio laboral de origen, se advierte que a efecto de lograr el desahogo de dicho medio de prueba, la autoridad responsable realizó diversos requerimientos a la referida institución de salud y ante su omisión de atenderlos omitió hacer efectivos los apercibimientos formulados, consistentes en aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, tales como la imposición de multas o incluso el arresto del titular de dicha dependencia. Omisión que se traduce en una violación en contra de los quejosos su derecho de acceso a la jurisdicción en sus vertientes de justicia pronta y efectiva, salvaguardado en los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que el no desahogo de la prueba de informes referida se traduce en una clara dilación en la tramitación del juicio laboral de origen. Es así porque los medios de apremio tienen la finalidad de garantizar la eficacia de las determinaciones judiciales, que en el caso lo es el desahogo de la prueba de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con el número III.E. De ahí que su uso no constituya una facultad discrecional de la autoridad responsable, sino una obligación, tal como lo determinó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.1o.46 C, de rubro y texto: "MEDIOS DE APREMIO. SU EMPLEO NO CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, SINO UNA OBLIGACION. Cuando se dan los supuestos establecidos en la ley para el empleo de los medios de apremio a fin de lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales, deben decretarse los mismos previa petición del interesado, ya que no es una facultad discrecional del Tribunal hacerlo si se atiende a que para proceder penalmente contra el rebelde por el delito de desobediencia, se requiere que previamente se agoten los medios de apremio" . Por ende, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Maricsa Valencia Partida. QUINTO. Efectos. Por tanto, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: Adopte todas las medidas necesarias para que se logre el desahogo de la prueba de informes a cargo de a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con el número III.E. en el acuerdo de admisión de pruebas de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Para lo cual, deberá hacer uso de los apercibimientos y sanciones que la ley le otorga para hacer cumplir sus determinaciones, contenidos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, tales como la imposición de multas y el arresto. SEXTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Maricsa Valencia Partida, contra los actos reclamados Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el considerando cuarto de este fallo y para los efectos precisados en el penúltimo considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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