Mariela Barriga Peñaloza

Expediente 997/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
997/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Mariela Barriga Peñaloza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de enero del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 997/2022-I, promovido por Mariela Barriga Peñaloza contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Mariela Barriga Peñaloza compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México; en los términos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye la totalidad del oficio 110/F/B/3200/2020, así como el ACUERDO 178/2022 DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE ESPECIFICA EL LAPSO POR EL CUAL DEBEN SUBSISTIR LOS EFECTOS DE LA INCLUSIÓN A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A "********************", INCLUIDO POR EL ACUERDO 74/2020, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 341/2020 POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; por medio del cual se ordena y se hace del conocimiento a él suscrito que me subsiste mi persona dentro de entro en la LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, continuando el bloqueo de la cuenta bancaria de la Institución BBVA BANCOMER CON NÚMERO DE CUENTA 0161009273.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite la demanda bajo el expediente número 997/2022-I, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, el diez de enero de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: De la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: El acuerdo 178/2022, de veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se especifica el lapso por el cual deben subsistir los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según el diverso acuerdo 74/2020, únicamente por lo que respecta a Mariela Barriga Peñaloza, aquí quejosa, como cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 341/2020 de la estadística de éste Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsables, toda vez que en su informe vertió manifestaciones en ese sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con la documental aportada por la mencionada responsable, consistente en acuerdo 178/2022, de veinte de julio de dos mil veintidós, con firma electrónica que avala su autenticidad, que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Documental pública que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, en virtud de que la quejosa debió agotar previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en estricto cumplimiento a la regla de derecho que deriva del principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional resulta improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la fracción citada se estatuye el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer, en contra de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que estima lesivos de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que ahí se prevén. Debe decirse que los medios ordinarios de defensa son creados en las leyes para que el afectado los haga valer, sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En ese contexto, si el acto reclamado en este juicio constitucional se hace consistir en el Acuerdo 178/2022, de veinte de julio de dos mil veintidós, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, un acto unilateral de naturaleza administrativa emitido por una autoridad federal. Se considera que éste es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción V, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se indican, entre los que se encuentran aquellos que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las primeras cuatro fracciones del mencionado numeral. Incluso, cabe destacar que en la jurisprudencia 18/2015, del rubro "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra la inmovilización de cuentas bancarias no procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y, en ambos casos, es posible solicitar la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De modo que la sede jurisdiccional a cargo de ese Tribunal Administrativo es la vía idónea a la que los particulares deben acudir, en primer y necesario lugar, a impugnar los actos, resoluciones u omisiones de las autoridades administrativas del Estado, previamente a acudir a las instancias o recursos constitucionales como lo es el juicio de amparo indirecto. Lo anterior toda vez que el juicio de amparo constituye la vía de control de la jurisdicción constitucional de todos aquellos actos y leyes que vulneren derechos fundamentales; por lo que, al ser el amparo un juicio extraordinario por la materia que regula, resulta evidente que a él pueda acudirse únicamente cuando se haya agotado de manera previa el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se está reclamando. Con base en lo anterior debe señalarse que mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un recurso ordinario o medio de defensa pueda modificar, anular o revocar el acto que impugna el gobernado, el juicio de amparo deberá resultar improcedente. Lo anterior porque el término "poder", hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar o no, un determinado medio de defensa; luego, el hecho de que en la legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de una diversa forma ordinaria de impugnación, no implica que sea optativo o alternativo para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de amparo. Ello es así porque la ley de la materia establece la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las leyes señalan, lo que no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que atañe a la importancia y función del juicio de garantías ya señalado anteriormente. Los anteriores lineamientos fueron tomados de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, la cual resulta aplicable al caso, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito.". También es oportuno señalar que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad; para constatarlo, conviene mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la tesis jurisprudencial cuyo texto y rubro son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Por otro lado, el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone las excepciones al principio de definitividad, a saber: 1. Si el acto reclamado carece de fundamentación. 2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta manera, se toma en cuenta que, en su momento, la aquí quejosa accionó en la instancia en contra del diverso Acuerdo 74/2020 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del cual se le incluyó en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa demanda fue radicada ante este Juzgado Tercero de Distrito, en el expediente 341/2020, en el que en ejecutoria de once de febrero de dos mil veintiuno, se le concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I. Deje insubsistente la aplicación del Acuerdo 74/2020 y del oficio 110/F/B/3200/2020, únicamente por cuanto hace a la aquí quejosa Mariela Barriga Peñaloza. II. Emita un nuevo acuerdo en el cual especifique el lapso concreto y prudente durante el cual habrá de surtir sus efectos la inclusión de la aquí quejosa a la lista de personas bloqueadas. III. Gire el oficio correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta retransmita el comunicado respectivo a las instituciones bancarias respectivas, respecto de la determinación tomada. En el entendido de que los efectos del amparo no implican permitir a la persona bloqueada en el sistema financiero, el manejo de la cuenta, ni la realización de cualquier operación; así como tampoco impide al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el emitir, de estimarlo pertinente, los acuerdos o resoluciones procedentes en relación con la cuenta o investigación respecto del quejoso, lo cual podrá hacer de manera fundada y motivada, de satisfacer los requisitos legales del caso.". Luego, una vez que se confirmó por la alzada esa determinación, se requirió a la mencionada autoridad responsable, la que en cumplimiento emitió el diverso acuerdo 178/2022, que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Como se observa, aquella demanda de amparo que originó el citado juicio 341/2020, resultó procedente porque la quejosa acudió cuando aún no había sido notificado sobre la afectación a su cuenta bancaria, esto es, bajo el concepto de tercero extraño, al desconocer el contenido del Acuerdo que la incluyó en la lista de personas bloqueadas. Situación que en este momento no acontece, virtud de haber promovido y al ser notificado del fallo protector del amparo y su cumplimiento por la responsable a la quejosa; a más de que tampoco se actualizan las excepciones enunciadas, porque en su demanda únicamente vierte conceptos relacionados con la afectación a su garantía de audiencia, fundamentación y motivación del acto que ahora señala como reclamado -Acuerdo 178/2022-. Por consiguiente, es patente que se plantean violaciones a normas secundarias, las que son analizables en el juicio administrativo, en el que la afectada tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. De aplicación en lo conducente, resulta el criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene en jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". Por otro lado, el juicio contencioso administrativo federal está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no en un reglamento, además, como se indicó, el referido ordenamiento legal dispone el otorgamiento de la suspensión de los actos controvertidos, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la medida cautelar. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.". Cabe mencionar que en el presente caso no se controvierte la constitucionalidad de algún ordenamiento legal de carácter general, ni se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo expuesto, se concluye que en la especie, la quejosa no se encuentra exenta de cumplir el principio de definitividad, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal. De manera que al no haberse agotado la vía ordinaria, es procedente sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Máxime que, como lo señala la autoridad responsable, también se actualiza la diversa causal contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente contra resoluciones dictada en ejecución de otro juicio de amparo. Pues, como queda reseñado, el acto reclamado en la demanda inicial, tiene su génesis en el Acuerdo 74/2020, que fue materia del juicio de amparo 341/2020, de esta estadística, en el que se concedió al aquí quejoso la protección constitucional solicitada. De modo que, en cumplimiento a los efectos de concesión, la autoridad responsable se limitó a fijar el término por el cual habría de subsistir el bloqueo de la cuenta bancaria, como un acto de molestia que tiene consecuencias jurídicas en la esfera jurídica de la aquí quejosa. En tanto que tampoco se hicieron valer motivos de disenso respecto de dicho lapso, aunque opera el principio de estricto derecho. Por ende, es claro que no se concedió plenitud de jurisdicción a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que hace inviable realizar mayor estudio de regularidad en esta instancia, tal como lo preconiza el artículo y fracción citados. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mariela Barriga Peñaloza contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, hasta hoy once de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo l-997/2022 promovido por ********************, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existen terceros interesados. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México, adjuntó a su informe justificado, así como diversas documentales; pruebas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló alegatos, mediante ocurso de alegato constitucional 487/2022. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos del representante social adscrito y por perdido el derecho al resto de las partes de formularlos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYESCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga del contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable, acordadas en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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