Maricela Cacho Barajas

Expediente 717/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
717/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Maricela Cacho Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe el acuerdo que emitió en el juicio laboral de origen a efecto de desahogar las pruebas que fueron ofrecidas en ese litigio. De lo anterior toma nota este órgano jurisdiccional y se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acompaña copia certificada de la totalidad de actuaciones del juicio ordinario laboral número 3D-1611/2019, y del cual se advierte que con fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, se dictó un acuerdo donde giró oficios recordatorios al Instituto Mexicano del Seguro Social subdelegación Zamora y a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para que le remitan la información que les solicitó. Precisión de los efectos del amparo Sin embargo, se estima necesario puntualizar que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo a las autoridades responsables, son las siguientes: " a) En caso de que aún no se haya pronunciado en torno a la admisión o desechamiento de las pruebas identificadas en esta resolución con los incisos 3), 15) y 16) en el juicio ordinario laboral 3D-1611/2019, de inmediato la junta responsable deberá proveer lo conducente; y, en caso de admitirlas, deberá dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento en torno a su desahogo; b) Sí aún no se han desahogado las pruebas identificadas en la presente sentencia con los incisos 6) y 14) en el juicio natural, la autoridad responsable tendrá que dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento laboral, y provea lo que corresponda en torno al desahogo de las pruebas pendientes; c) Deberá la autoridad responsable desahogar todas las pruebas admitidas, a efecto de declarar el cierre de instrucción." Se requiere a la responsable En consecuencia, a fin de que la sentencia de amparo, quede cumplida sin excesos ni defectos, como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que realice lo siguiente: 1.- Remita la constancia donde se acredite que acordó lo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio ordinario laboral 3D-1611/2019 y que se identificaron en la sentencia de amparo con los incisos 3) Confesional a cargo de presbítero Martín Bernal Heredia, de quien se hizo del conocimiento de la responsable su fallecimiento, pero no se ha pronunciado en torno de la prueba ofertada a su cargo; 15) Testimonial a cargo de Hugo Enrique Pérez Martínez y María Guadalupe Higuera Ríos; y 16) Documental consistente en el acta de defunción del citado Martín Bernal Heredia; o bien, en caso de ya haberlas admitido, deberá dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento en torno a su desahogo. 2.- Una vez que desahogue las pruebas pendientes dentro del juicio ordinario laboral 3D-1611/2019 y declare el cierre de instrucción, dentro del término de tres días siguientes, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional y remitir las constancias relativas. Subsisten apercibimientos Se hace del conocimiento de la responsable que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diez de julio de la presente anualidad, en la que SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Maricela Ca********************en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que en consideración al ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la Junta responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para el efecto siguiente: ". a) En caso de que aún no se haya pronunciado en torno a la admisión o desechamiento de las pruebas identificadas en esta resolución con los incisos 3), 15) y 16) en el juicio ordinario laboral 3D-1611/2019, de inmediato la junta responsable deberá proveer lo conducente; y, en caso de admitirlas, deberá dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento en torno a su desahogo; b) Sí aún no se han desahogado las pruebas identificadas en la presente sentencia con los incisos 6) y 14) en el juicio natural, la autoridad responsable tendrá que dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento laboral, y provea lo que corresponda en torno al desahogo de las pruebas pendientes; c) Deberá la autoridad responsable desahogar todas las pruebas admitidas, a efecto de declarar el cierre de instrucción..." NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Por su contenido jurídico e ilustrativo se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 ".JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-717/2023, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo; registrándose con el número de expediente IV-717/2023; y se determinó prevenir a la parte quejosa. Luego, previo cumplimiento de prevención mediante acuerdo de catorce de junio del año en curso; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas en los plazos establecidos y como resultado la falta de cerrar la etapa de instrucción dentro del expediente ordinario laboral 3D-1611/2019. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le reclama, toda vez que, no se han desahogado la totalidad de las pruebas admitidas en el juicio de origen y por ende no ha cerrado la instrucción. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias del juicio ordinario laboral 3D-1611/2019 de su índice, con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de la que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia. Ahora bien, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación de la solicitante de la tutela constitucional, pues la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente: En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora, del contenido de los artículos 880, 882 y 883de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en el momento en que se inició el juicio de origen se obtiene que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se recibirán en primer orden las ofrecidas por el actor y enseguida las del demandado. De igual forma, que la Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. Lo anterior en el entendido de que en dicho acuerdo la Junta deberá dictar las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la responsable, previamente valoradas, se advierte que las partes ofrecieron las siguientes pruebas, las cuales en su mayoría fueron admitidas, siendo algunas desahogadas, lo cual a continuación se precisará en el siguiente cuadro: No. MEDIOS DE CONVICCIÓN DESAHOGADA PENDIENTE POR DESAHOGAR DESIERTA PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA MARICELA CACHO BARAJAS 1 Confesional a cargo de quien resulte tener facultades para absolver posiciones a nombre de la Arquidiócesis de Morelia, Asociación Religiosa. Sí En diligencia de 23/febrero/2022 se tuvo por confeso por no comparecer persona que acreditara contar con las facultades para absolver posiciones (visible a foja 106 del tomo de pruebas) 2 Confesional a cargo de quien resulte tener facultades para absolver posiciones a nombre de la Parroquia del Señor de La Piedad. Sí En diligencia de 23/febrero/2022 se tuvo por confeso por no comparecer persona que acreditara contar con las facultades para absolver posiciones (visible a foja 106 del tomo de pruebas) 3 Confesional a cargo de Presbítero Martín Bernal Heredia. Sí En auto de 04/noviembre/2021 la junta responsable ordenó acordar lo conducente una vez se diera cumplimiento al proveído de 22/octubre/2021 (en dicho auto se tuvo a la parte demandada hizo del conocimiento que Martín Bernal Heredia falleció); de ahí que ésta prueba no se haya admitido y tampoco desechado (visible a foja 97 del tomo de pruebas) 4 Prueba testimonial a cargo de Juan José Pulido Cacho y Ana Rosa Armendáriz Torres Sí En diligencia de 28/febrero/2022 declaró la deserción (visible a foja 110 del tomo de pruebas) 5 Inspección Ocular a efecto de que el actuario requiera a la parte demandada de todos y cada uno de los documentos a que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo como son: pólizas de cheques; nóminas; listas de raya; listas de asistencia de la actora del periodo comprendido del 12/05/2018 al 11/mayo/2019; y, dé fe de lo que pretende acreditar la actora, bajo apercibimiento legal que de no exhibir la documentación requerida se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actor busca demostrar. Sí En diligencia de 07/abril/2022 se tuvo por desahogada (visible a fojas 111 a 112 del tomo de pruebas) 6 Informe que en vía de requerimiento se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a petición de la parte actora a efecto de que se sirva informar el nombre del patrón que le dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las fechas en que se le dio de alta y baja ante dicha institución de seguridad social. Sí En auto de 19/abril/2022 se tuvo por recibido el oficio 17900140010/1125-A/2022 del Jefe del Departamento de Afiliación Vigencia del IMSS, por medio del cual proporcionó la información solicitada, por lo que la junta ordenó darle vista las partes para que dentro del término de tres días contado de su legal notificación manifiesten lo que sus intereses convengan, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se les tendrá por no hecha manifestación alguna respecto del oficio; además a la parte actora se le tendrá por desahogada dicha prueba. (visible a foja 117 del tomo de pruebas) Mediante auto de 11/agosto/2022 la junta responsable en atención al ocurso de la parte actora ordenó girar oficio a la Subdelegación de Zamora del IMSS a fin de que informe la Clave del Registro Patronal C86 de la demandada a efecto de complementar la información del comunicado 17900140010/1125-A/2022 (visible a foja 129 del tomo de pruebas) Mediante ocurso presentado el 04/julio/2022 por la parte demandada se tuvo objetando el oficio 17900140010/1125-A/2022 (visible a foja 127 del tomo de pruebas) 7 Instrumental pública de actuaciones consistente en todas las constancias que obran en autos y que favorezcan a la actora. Si (desahogada el 04/noviembre/2021) 8 Presuncional legal y humana Si (desahogada el 04/noviembre/2021) PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA ARQUIDIÓCESIS DE MORELIA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA 9 Instrumental pública de actuaciones consistente a todo lo actuado dentro del juicio natural. Si (desahogada el 04/noviembre/2021) 10 Presuncional legal y humana Si (desahogada el 04/noviembre/2021) 11 Documental pública consistente en el certificado de derecho de uso expedido por el Director General del Patrimonio Inmobiliario Federal otorgado a favor de la demandada en la que se hace constar que la Parroquia denominada Señor de La Piedad, ubicada en la Calle Juárez, sin número, colonia centro de La Piedad, Michoacán; documental con la cual se pretende acreditar que la parroquia y la arquidiócesis es de Morelia, es la misma patronal. Si (desahogada por obrar en el expediente de origen en auto de 04/noviembre/2021 ) 12 Documentales públicas, consistentes en los avisos de inscripción de la trabajadora actora, expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las siguientes fechas: 01/09/1995; 30/09/1996; 03/12/1996; 01/01/1998; 18/12/1998; 16/01/2000; 01/01/2001; 28/01/2002; 06/09/2004; 12/06/2006; 12/01/2011; 13/10/2012. Si (desahogadas por obrar en el expediente de origen en auto de 04/noviembre/2021 ) 13 Confesional a cargo de la actora ********************. Sí En diligencia de 24/febrero/2022 se desahogó dicha prueba a cargo de la actora (visible a foja 109 del tomo de pruebas) 14 Requerimiento a la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Zamora, Michoacán, a efecto de que remita la documental pública consistente en la ratificación de convenio celebrado ante la Junta Local Permanente de Conciliación de La Piedad, Michoacán de data dos de marzo de 1995 en donde la actora da por terminada la relación laboral de la fuente de trabajo Parroquia del Señor de La Piedad. Sí Pendiente de desahogar, pues en auto de 04/noviembre/2021 ordenó girar comunicado a la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Zamora, Michoacán, a efecto de que remitiera copia de la ratificación de convenio. Asimismo, se advierte a fojas 121 a 124 del tomo de pruebas que la Junta requerida devolvió sin diligenciar el exhorto, toda vez que la junta responsable no adjuntó el escrito de ofrecimiento de pruebas que mencionó. 15 Testimonial a cargo de Hugo Enrique Pérez Martínez y María Guadalupe Higuera Ríos Sí Mediante ocurso visible a foja 93 del tomo de pruebas la parte demandada ofertó ésta prueba; sin embargo, la junta responsable fue omisa en proveer lo conducente (si es admitida o desechada). 16 Documental consistente en acta de defunción de Martín Bernal Heredia Mediante ocurso visible a foja 93 del tomo de pruebas la parte demandada ofertó ésta prueba; y, la junta responsable mediante auto de 22/octubre/2021 como tal no la admitió simplemente ordenó darle vista a la actora Ahora bien, del anterior cuadro, se desprende que la autoridad responsable no ha acordado lo conducente en cuanto a la admisión o desechamiento de las pruebas identificadas con los incisos 3), 15) y 16). Por otra parte, se advierte que se encuentran pendientes de desahogar los diversos medios de convicción identificados con los números 6) y 14). En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: a) En caso de que aún no se haya pronunciado en torno a la admisión o desechamiento de las pruebas identificadas en esta resolución con los incisos 3), 15) y 16) en el juicio ordinario laboral 3D-1611/2019, de inmediato la junta responsable deberá proveer lo conducente; y, en caso de admitirlas, deberá dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento en torno a su desahogo; b) Sí aún no se han desahogado las pruebas identificadas en la presente sentencia con los incisos 6) y 14) en el juicio natural, la autoridad responsable tendrá que dictar todas las medidas necesarias a efecto de dar celeridad al procedimiento laboral, y provea lo que corresponda en torno al desahogo de las pruebas pendientes; c) Deberá la autoridad responsable desahogar todas las pruebas admitidas, a efecto de declarar el cierre de instrucción. Cobra aplicación la tesis aprobada por la Segunda Sala en la Sesión del 20 de Noviembre de 2013 2ª. CV/2013 (10ª.), del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACION DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITUA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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