Maricela Hernández Gómez
Expediente 1632/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1632/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2019
Partes del expediente
- Maricela Hernández Gómez
- Ernesto Martínez Clerke, Apoderado de Maricela Hernández Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, la copia certificada del incidente de lanzamiento promovido en el juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento y pago de rentas 384/2018 de su índice, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de este. Finalmente, ***. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido en el auto del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la parte quejosa a efecto de que que compareciera a ratificar el contenido y reconocer la firma que calza en la promoción recibida en este Juzgado Federal el veintisiete del mismo mes y año, la cual fue registrada con el número de control interno 19184, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hac e efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y, por ello, se tiene por no presentado el ocurso en comento. Asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto de veintitrés de agosto del año en curso, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene únicamente como acto reclamado el auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de lanzamiento y pago de rentas promovido en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en el que en cumplimiento a lo resuelto en la incidencia se ordena lanzar a la quejosa con auxilio de la fuerza pública. No se desatiende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda sin cumplir con la prevención que se le hizo, el juez de amparo debe emitir un acuerdo en el que determine que no se acató, dando oportunidad de subsanar las omisiones en el mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, tal y como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente:" ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha hipótesis, dado que al haberse tenido por no presentado el escrito aclaratorio, es evidente que el término que se le concedió el veintitrés de agosto de la presente anualidad, no es susceptible de suspenderse. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta ***, por conducto de su apoderado ***, deriva del hecho que respecto al acto reclamado consistente en el auto del nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de lanzamiento promovido en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en el que en cumplimiento a la interlocutoria ahí dictada se ordenó lanzar a la quejosa del inmueble materia de la litis, autorizando el auxilio de la fuerza pública, oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, cuyo contenido dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En efecto, la causa de improcedencia del juicio constitucional, se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa; en consecuencia, tal causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es así, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese contexto, la causa de improcedencia del juicio constitucional que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, prevé que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del citado quejoso. Sentado lo anterior, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene relatar los antecedentes más relevantes del incidente de lanzamiento promovido en el juicio de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega del inmueble arrendado por falta de pago de rentas ***, del índice del Juez responsable, que son del tenor siguiente: a) Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho la parte actora promovió incidente de lanzamiento dentro del juicio de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega del inmueble arrendado por falta de pago de rentas ***. b) En auto del veintisiete de septiembre siguiente, el Juez responsable admitió a trámite la incidencia, por lo que se ordenó dar vista a la parte demandada. c) El veinticuatro de octubre de ese año se tuvo a la demandada dando contestación a la incidencia. d) Agotada la secuela procesal, el tres de mayo de dos mil diecinueve se emitió la resolución correspondiente, en la que se declaró fundado el incidente y se ordenó el lanzamiento de la quejosa del inmueble materia de la litis, tal como lo revela la siguiente transcripción: "(.) PRIMERO. Esta autoridad fue competente para conocer y fallar dentro del presente incidente de lanzamiento. SEGUNDO. La parte actora incidental ***, en su carácter de abogado patrono de ***, por su representación, probó la acción incidental de lanzamiento que ejercitó en esta instancia. TERCERO. En consecuencia, se decreta el lanzamiento en contra de *** en su carácter de arrendataria, respecto del inmueble rentado ubicado en ***; tal y como se detalla el contrato de arrendamiento fundatorio de la acción; condenando a dicha parte demandada a la desocupación material y entrega del inmueble materia del presente juicio a la parte actora, lo que deberán hacer en el término de tres días siguientes a aquel en que sea requerida y notificada de la presente resolución, con el apercibimiento que no hacerlo, se decretará a su costa el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública y además, con autorización de rompimiento de chapas y cerraduras, si fuera necesario. Ello sin perjuicio de que se suspenda la diligencia, en términos del artículo 637 y 638 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, si el arrendatario paga la rentas a partir de mayo de dos mil dieciocho y sus subsecuentes que se encuentren vencidas y que se venzan hasta la total desocupación del inmueble, a razón cada una de diez mil pesos cero centavos moneda nacional mensuales, apercibida de que el lanzamiento se continuará si se deja nuevamente de depositar una o más rentas, según lo preceptuado por el diverso 639 de la ley adjetiva civil local. CUARTO. Se condena a la parte demandada incidental al pago de los gastos y costas originados por la tramitación del presente incidente, previa su justificación. (.)" e) En auto del nueve de agosto de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la interlocutoria del incidente de lanzamiento, se ordenó requerir a la demandada para que desocupara el inmueble materia de la litis, autorizando el uso de la fuerza pública para el caso de que se negara a hacerlo -resolución que constituye el acto reclamado-, la cual es del tenor siguiente: "(.) En San Pedro Cholula, Puebla a nueve de Agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito del licenciado ***, visto su contenido con fundamento en los artículos 429 y 437 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como lo solicita el ocursante, se hace efectivo el apercibimiento decretado en resolución de tres de Mayo de dos mil diecinueve y se ordena la entrega de posesión a la parte actora, del inmueble identificado como ***, lanzamiento que debe llevarse con el auxilio de la fuerza pública, autorizándose la ruptura de chapas y cerraduras de las puertas principales del inmueble en caso de ser necesario por lo que se ordena turnar las actuaciones a la Ciudadana Diligenciaria Par adscrita este Juzgado a fin de que asociado de la parte actora se constituyan en el inmueble materia del presente juicio y cerciorado previa y plenamente de ser este el domicilio, proceda a dar cumplimiento a la ejecución ordenada en líneas anteriores en los términos establecidos, debiendo contar en el momento de la diligencia con el auxilio de la fuerza pública para el único fin de salvaguardar la integridad física del persona judicial actuante, debiendo levantar acta circunstanciada de la misma para constancia. En consecuencia se ordena girar atento oficio al Comisario de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, Puebla a fin de que se sirva proporcionar elementos a su mandato para dar cumplimiento a lo ordenado en líneas anteriores. (.)." f) Finalmente, en cumplimiento a lo anterior, mediante diligencia del veintisiete de agosto del presente año, el Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, requirió a la quejosa *** para que desocupara el bien inmueble en comento; sin embargo, en ese momento liquidó el pago de las rentas adeudadas entregando al actor la cantidad de ciento setenta mil pesos cero centavos, con lo que evitó el lanzamiento, y se le comunicó que éste se podría efectuar si dejaba de pagar nuevamente las pensiones rentísticas, tal y como se muestra de la siguiente transcripción: "(.) Por lo que en cumplimiento a dicho auto; procedo a requerir a la demandada, para que desocupe el inmueble materia de la presente diligencia, a lo que manifiesta que en cumplimiento al punto Tercero de la resolución de fecha Tres de mayo de dos mil diecinueve, y en términos de lo dispuesto por los artículos 637 y 638 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su carácter de arrendataria va a pagar las rentas a partir del mes de mayo de dos mil dieciocho y las subsecuentes que se encuentren vencidas y que se venzan hasta la total desocupación del inmueble a razón de diez mil pesos cero centavos moneda nacional mensuales, pagando en este momento la Cantidad de Ciento Sesenta mil pesos Cero Centavos moneda nacional, apercibiéndola que el lanzamiento se continuara si deja nuevamente de depositar una o más rentas, según lo preceptuado por el diverso 639 de la Ley Adjetiva Civil, recibiendo dicha cantidad de dinero en este momento la parte actora, con quien me constituyo de nombre ***. (.)." De lo narrado, se advierte que se promovió en contra de la quejosa un incidente de lanzamiento derivado del juicio de terminación de contrato de arrendamiento, desocupación y entrega del inmueble arrendado por falta de pago de rentas ***, del índice del Juez responsable, mismo que se resolvió el tres de mayo de dos mil diecinueve, decretandose su lanzamiento respecto del inmueble ubicado en ***, especificándose que en términos de los artículos 637 y 638 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, podría evitar el lanzamiento si pagaba las rentas adeudadas. En cumplimiento a la resolución anterior, en auto del nueve de agosto de dos mil diecinueve se ordenó lanzar a la demandada del predio, e incuso se autorizó el auxilio de la fuerza pública para el supuesto en que se negara a hacerlo. No obstante, en diligencia del veintisiete de agosto del presente año, en la que se pretendió dar cumplimiento a lo anterior, la quejosa evitó el lanzamiento en virtud de que liquidó las pensiones rentísticas que adeudaba. Lo relatado, pone de relieve la actualización de la causa de improcedencia en estudio, pues si bien subsiste el acuerdo reclamado en el que se ordenó el lanzamiento de la quejosa del inmueble en controversia, ya que no existe proveído o resolución alguna que lo haya dejado insubsistente, lo cierto es que ya no puede surtir efectos en virtud de que al pretender realizar la diligencia respectiva la impetrante liquidó el adeudo de las rentas, por lo que se suspendió el lanzamiento. Por tanto, el acuerdo en el que se ordenó el lanzamiento de la quejosa con auxilio de la fuerza pública ya no incide en su esfera jurídica, pues a pesar de que subsiste ya no puede ejecutarse, toda vez que la quejosa liquidó el adeudo de las rentas que tenía, lo que impide realizar tal lanzamiento; en consecuencia, en el supuesto que se resolviera el fondo del amparo y se concediera la protección constitucional resultaría nugatorio restituirla en el goce de su derecho que estima violado, pues al haber realizado el aludido pago ya no puede surtir efectos la orden de lanzamiento. Entonces, aun cuando subsiste el acuerdo reclamado, ha dejado de existir su materia u objeto, que consistía en lanzar a la quejosa del inmueble en controversia, ya que de haber liquidado las rentas adeudadas no es posible realizar tal acción según se desprende de los artículos 637 y 638 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del tomo XXIV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2006, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No se soslaya que en términos del artículo 639 de la ley adjetiva civil, en caso de que se dejara de pagar nuevamente las rentas se podrá lanzar a la quejosa; sin embargo, eso no puede dar pauta a la procedencia del presente juicio de amparo, ya que, en su caso, constituye un acto de realización futura incierta, -pues dependería de la conducta que tome la impetrante-, lo que torna improcedente el amparo en su contra , aunado a que en ese escenario se dictará un diverso acuerdo en el que se declarará el no pago de las rentas subsecuentes y ahí se ordenará el lanzamiento, lo que significa que esa acción ya no derivará de lo ordenado en el acuerdo reclamado. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su apoderado ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el telegrama de cuenta de la Dirección General Adjunta del Director General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual, en atención al requerimiento de doce de agosto del año en curso, informa que el oficio 23336/2019, a través del cual se hizo de su conocimiento la ampliación de demanda de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, fue recibido por dicha autoridad el ocho de julio del año en curso, de lo que se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado en dicho proveído. Acuerdo General del CJF. En el Acuerdo General 9/2019 aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de agosto de dos mil diecinueve, publicado hoy veintitrés de agosto siguiente en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir de esta fecha, conforme a su primer transitorio, se ordenó, en esencia, lo siguiente: 1. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y eventual cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se controvierta el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como disposiciones normativas, actos u omisiones relacionados con el referido programa o asignación de recursos a estancias infantiles o sus beneficiarios. 2. Los asuntos referidos en el punto anterior que se encuentren en trámite en los juzgados de Distrito de la República Mexicana, deberán remitirse a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento. 3. El egreso correspondiente deberá ser reportado como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. Los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región conocerán de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones dictadas en esos juicios de amparo. 5. Los recursos interpuestos, que a la fecha de aprobación del presente Acuerdo se encuentren turnados a los Tribunales Colegiados de Circuito correspondientes al lugar donde se haya promovido la demanda de amparo, serán resueltos por éstos. Litis constitucional. En este caso, la parte quejosa reclama el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, así como disposiciones normativas, actos y omisiones relacionados con ese programa y la asignación de recursos. Envío del amparo a los juzgados auxiliares. En consecuencia, considerando que en este asunto se reclaman actos que son materia del Acuerdo General 9/2019 aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y que está en trámite, se ordena lo siguiente: A) Remitir el presente asunto a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno les corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la continuación de su trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento de la sentencia. B) Enviar también los cuadernos del incidente de suspensión. C) Formar un cuaderno de antecedentes del asunto, con las constancias relevantes del expediente principal y su incidente de suspensión. D) Reportar el egreso correspondiente como "Egreso por Acuerdo General", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. E) Dejar sin efectos la audiencia constitucional programada en los presentes autos para esta fecha. F) Notificar a las partes la remisión del asunto al juzgado auxiliar. Estado procesal del principal. Se informa al Juzgado Auxiliar que el juicio de amparo indirecto fue admitido y actualmente se encuentra en trámite e integración. Estado procesal del incidente. Se informa al Juzgado Auxiliar que en el incidente de suspensión se dictó sentencia interlocutoria sobre la suspensión definitiva y existe trámite pendiente. Recursos Se informa al Juzgado Auxiliar que existen los siguientes recursos: Pendientes de integración y remisión. I. Recurso de revisión interpuesto por la quejosa, en contra de la interlocutoria del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se negó la suspensión definitiva. II. Recurso de queja interpuesto por el Director de Procesos y Amparos de la Secretaría de Bienestar, en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por ampliada la demanda de amparo. Los recursos citados se encuentran pendientes de integración, toda vez que aún no se cuenta con la totalidad de los acuses de notificación del auto recurrido y por el que se tuvo por interpuesto respectivamente. En vista de lo anterior, se le remite los agravios originales respectivos. Presentación de nuevas promociones. Se informa a las partes que las subsecuentes promociones que se formulen en este asunto, dirigidas al expediente principal, o bien, al incidente de suspensión, deberán referenciarse al Juzgado Auxiliar que se avoque al conocimiento del sumario constitucional y presentarse directamente en su Oficialía de Partes, o bien, en su Oficina de Correspondencia Común, de acuerdo con el horario respectivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 9053/19 de doce de agosto de la presente anualidad, al cual adjuntó copia certificada del acuse de envío del exhorto que remitió para emplazar a los demandados dentro del juicio laboral ... En consecuencia, requiérase nuevamente a la junta responsable, para que dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas contado a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional el seguimiento dado al referido exhorto, y remita las constancias donde se adviertan las gestiones que se estén realizando para que se lleven a cabo la referida diligencia de emplazamiento, lo anterior para que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
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