Maricarmen Chavez Martinez

Expediente 1136/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1136/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Maricarmen Chavez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguense a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite las constancias que le fueron requeridas por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, consistente en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta a su informe de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar los escritos presentados el veintiuno de enero de dos mil veintiuno a través de los cuales solicitó la revocación de diversos apoderados y del domicilio para recibir notificaciones, y la actualización de la planilla de ejecución de laudo, dentro del juicio laboral D-3/208/2009, así como la omisión de desahogar la diligencia de requerimiento de pago y embargo; se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene recordar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar los escritos presentados el veintiuno de enero de dos mil veintiuno a través de los cuales solicitó la revocación de diversos apoderados y del domicilio para recibir notificaciones, y la actualización de la planilla de ejecución de laudo, dentro del juicio laboral D-3/208/2009, así como la omisión de desahogar la diligencia de requerimiento de pago y embargo; no obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe de cuenta, se advierte, lo siguiente: El nueve de agosto de dos mil veintidós, la responsable proveyó los escritos de quince y veintiuno de enero de dos mil veintidós; en ese sentido tuvo a la parte trabajadora revocando el poder conferido y designando nuevos apoderados y señalando domicilio; actualizó la planilla de liquidación de sentencia y ordenó turnar al Actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera el pago para el trabajador y, en caso de que omitiera realizar el mismo, procediera a embargar bienes; no obstante omitió remitir la constancia relativa a la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Mediante diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, ante la falta de pago se trabó embargo respecto de la casa habitación número ocho de la calle Loreta de la colonia fraccionamiento Loreta de la avista castillo número cinco mil novecientos veinticuatro De San Andrés Cholula, Puebla; por la cantidad de $2,241,777.89 (dos millones doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y siete pesos con ochenta y nueve centavos). Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la responsable ordenó girar oficio al Registrador Publico de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, para que realizara la inscripción correspondiente. Como se advierte de lo anterior, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, proveyó los escritos presentados por la parte quejosa; asimismo, el veintitrés del mes y año en curso se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, que culminaron con el embargo que se trabó respecto del inmueble antes mencionado; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa: Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; por medio del cual informa que se señaló el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago en el expediente laboral D-3/208/2009 de su índice; de lo que se toma conocimiento. Requerimiento. En virtud de lo anterior, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, informe a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo dicha diligencia, debiendo remitir las constancias con las cuales acredite su dicho, cuidando que se encuentren debidamente rubricadas, foliadas, entreselladas y legibles, así como en orden progresivo; lo anterior para estar en aptitud de resolver el presente asunto. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir las constancias conducentes a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. ... Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado: Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Vista a las partes: Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada de diversas actuaciones derivadas del juicio laboral D-3/208/2009 la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que del análisis del informe justificado y constancias que adjuntó se advierte que por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós ordenó turnar los autos al Actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera el pago para el trabajador y, en caso de que omitiera realizar el mismo, procediera a embargar bienes; no obstante omitió remitir la constancia relativa a la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En consecuencia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se gire con la transcripción del presente proveído, remita copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago y embargo conforme lo ordenó por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós en el juicio laboral D-3/208/2009 de su índice; cuidando que se encuentren debidamente rubricada, foliada, entresellada y legible, así como en orden progresivo; lo anterior para estar en aptitud de resolver el presente asunto. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir las constancias conducentes a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Apercibimiento. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo establecido en los preceptos 260, fracciones II y IV de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. ... Notifíquese.

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