Maricela López Yang

Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Maricela López Yang

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de diez de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que por una parte se determinó sobreseer y por otra conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó tanto la medida provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, devuélvase al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas constantes en los tomos de pruebas I y II, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la partes no desahogaron la vista que le fue otorgada mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN 112. Dada la inexistencia de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 113. Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 114. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 115. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre la quejosa y el restante demandado en el procedimiento de origen -Rafael Gerardo Gálvez Martínez-, existe tal institución porque se trata de un juicio oral mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza al codemandado, pero con una modalidad distinta a la quejosa." Mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causo ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 1177 informó el contenido del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento de siete de noviembre de dos mil once, realizado a la quejosa Maricela López Yang, la sentencia definitiva, auto de adjudicación y todas las consecuencias jurídicas derivadas de la concesión dentro del juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice. 2. Ordenó levantar el embargo trabado en la diligencia de requerimiento pago y embargo [siete de noviembre de dos mil once], respecto del 50% de los derechos que le correspondan a la quejosa, respecto del inmueble identificado como vivienda marcada con el número oficial dos mil setecientos diecinueve "B", de la Calle Ciento Veintinueve Poniente, lote trece, del Condominal "D" de la manzana uno del Conjunto Habitacional denominado Hacienda Santa Clara, ubicado en la Avenida Veintisiete Sur, número trece mil setecientos diecisiete, de la Colonia San Antonio Cacalotepec, actualmente Castillotla, de la Ciudad de Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, bajo el número de índice de predio mayor "361408". 3. Ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, para que cancele la inscripción del embargo trabado respecto el 50% de los derechos de la propiedad de la quejosa, respecto del referido inmueble. 4. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil 1789/2011 a la Diligenciaria de su adscripción, para que realice el emplazamiento de la demandada Maricela López Yang [quejosa]. 5. Quedó intocado el procedimiento contra del codemandado Rafael Gerardo Gálvez Martínez. 6. Ordenó girar oficio al Notario Público Número 42 de la Ciudad de Puebla, a fin de que cancele en su protocolo la escritura de adjudicación contenida en el instrumento *** 7. Dejó insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil catorce, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble; así como la diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, en la que consta la entrega material del bien inmueble antes referido a favor de *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de *** Y se ordena restituir a la quejosa [***] la posesión del inmueble identificado como vivienda marcada con el número oficial dos mil setecientos diecinueve "B", *** inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, bajo el número de índice de predio mayor *** 8. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil 1789/2011 a la Diligenciaria de su adscripción, para que requiera a la parte actora Fernando Salazar Martínez en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que realice la entrega de la posesión del multicitado inmueble a la quejosa, con el apercibimiento de no hacerlo se procederá a la entrega por conducto del Juzgado responsable y con auxilio de la fuerza pública, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, lo cual realizó mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de origen, como se aprecia de la narrativa hecha con antelación; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada ***y por lista a los diversos terceros interesados ***

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 10 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que la partes no desahogaron la vista que le fue otorgada mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN 112. Dada la inexistencia de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 113. Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige. 114. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 115. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; y siendo que entre la quejosa y el restante demandado en el procedimiento de origen -Rafael Gerardo Gálvez Martínez-, existe tal institución porque se trata de un juicio oral mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza al codemandado, pero con una modalidad distinta a la quejosa." Mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causo ejecutoria; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 1177 informó el contenido del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento de siete de noviembre de dos mil once, realizado a la quejosa Maricela López Yang, la sentencia definitiva, auto de adjudicación y todas las consecuencias jurídicas derivadas de la concesión dentro del juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice. 2. Ordenó levantar el embargo trabado en la diligencia de requerimiento pago y embargo [siete de noviembre de dos mil once], respecto del 50% de los derechos que le correspondan a la quejosa, respecto del inmueble identificado como vivienda marcada con el número oficial dos mil setecientos diecinueve "B", de la Calle Ciento Veintinueve Poniente, lote trece, del Condominal "D" de la manzana uno del Conjunto Habitacional denominado Hacienda Santa Clara, ubicado en la Avenida Veintisiete Sur, número trece mil setecientos diecisiete, de la Colonia San Antonio Cacalotepec, actualmente Castillotla, de la Ciudad de Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, bajo el número de índice de predio mayor "361408". 3. Ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, para que cancele la inscripción del embargo trabado respecto el 50% de los derechos de la propiedad de la quejosa, respecto del referido inmueble. 4. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil 1789/2011 a la Diligenciaria de su adscripción, para que realice el emplazamiento de la demandada Maricela López Yang [quejosa]. 5. Quedó intocado el procedimiento contra del codemandado Rafael Gerardo Gálvez Martínez. 6. Ordenó girar oficio al Notario Público Número 42 de la Ciudad de Puebla, a fin de que cancele en su protocolo la escritura de adjudicación contenida en el instrumento *** 7. Dejó insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil catorce, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble; así como la diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, en la que consta la entrega material del bien inmueble antes referido a favor de *** en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de *** Y se ordena restituir a la quejosa [***] la posesión del inmueble identificado como vivienda marcada con el número oficial dos mil setecientos diecinueve "B", *** inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, bajo el número de índice de predio mayor *** 8. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil 1789/2011 a la Diligenciaria de su adscripción, para que requiera a la parte actora Fernando Salazar Martínez en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que realice la entrega de la posesión del multicitado inmueble a la quejosa, con el apercibimiento de no hacerlo se procederá a la entrega por conducto del Juzgado responsable y con auxilio de la fuerza pública, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1789/2011 de su índice, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, lo cual realizó mediante acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de origen, como se aprecia de la narrativa hecha con antelación; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada ***y por lista a los diversos terceros interesados ***

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista cumplimiento. Agréguense el oficio del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario mercantil ... de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento de siete de noviembre de dos mil once, realizado a la quejosa ..., la sentencia definitiva, auto de adjudicación y todas las consecuencias jurídicas derivadas de la concesión dentro del juicio ordinario mercantil ... de su índice. 2. Ordenó levantar el embargo trabado en la diligencia de requerimiento pago y embargo [siete de noviembre de dos mil once], respecto del 50% de los derechos que le correspondan a la quejosa, respecto del inmueble identificado como ... 3. Ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, para que cancele la inscripción del embargo trabado respecto el 50% de los derechos de la propiedad de la quejosa, respecto del referido inmueble. 4. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil ... a la Diligenciaria de su adscripción, para que realice el emplazamiento de la demandada ... 5. Quedó intocado el procedimiento contra del codemandado ... 6. Ordenó girar oficio al Notario Público Número 42 de la Ciudad de Puebla, a fin de que cancele en su protocolo la escritura de adjudicación contenida en el instrumento 64623, volumen 1325. 7. Dejó insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil catorce, en el que se ordenó la adjudicación del bien inmueble; así como la diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, en la que consta la entrega material del bien inmueble antes referido a favor de Fernando Salazar Martínez en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. Y se ordena restituir a la quejosa [Maricela López Yang] la posesión del inmueble identificado como vivienda marcada con el número oficial dos mil setecientos diecinueve "B", de la Calle Ciento Veintinueve Poniente, lote trece, del Condominal "D" de la manzana uno del Conjunto Habitacional denominado Hacienda Santa Clara, ubicado en la Avenida Veintisiete Sur, número trece mil setecientos diecisiete, de la Colonia San Antonio Cacalotepec, actualmente Castillotla, de la Ciudad de Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito judicial de Puebla, bajo el número de índice de predio mayor "361408" 8. Ordenó turnar los autos del juicio ordinario mercantil 1789/2011 a la Diligenciaria de su adscripción, para que requiera a la parte actora Fernando Salazar Martínez en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Santander Hipotecario, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que realice la entrega de la posesión del multicitado inmueble a la quejosa, con el apercibimiento de no hacerlo se procederá a la entrega por conducto del Juzgado responsable y con auxilio de la fuerza pública, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras. En pretendido cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con apoyo en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con los elementos que obren en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada ... y por lista a los diversos terceros interesados ......

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