Maribel Robledo Beristain
Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maribel Robledo Beristain
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
I. PRINCIPAL 607/2021-IV-K DESECHAMIENTO. En dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con el registro 19892. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese el escrito suscrito por Maribel Robledo Beristain, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.B.R. y J.B.R., por medio del cual cumple con la prevención realizada en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele de: "El auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio Ordinario Civil 14/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo establece el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el referido precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ahora, en el caso, no se está en presencia de actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además, la quejosa no es tercera extraña al procedimiento del que deriva el acto reclamado (juicio ordinario civil 14/2020); en tales condiciones, debe decirse que contra el acto reclamado en estudio, debe agotarse el medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de apelación, antes de intentar el juicio de amparo. En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en esa vía. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que, según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente, que el inferior que dictó la resolución o proveído impugnado no aplicó correctamente la ley en el caso concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que, de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de la norma antes referida, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio referido, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de dichas fracciones. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Así como la jurisprudencia I.4º C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación o imputación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento; lo que en la especie no acontece. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, con relación a la observancia del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la menor, concluyó que, será posible dejar de observar tal principio cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse1 . En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 1 Véase la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Común, Décima Época, registro 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir los actos de que se duele, resulta conveniente recordar que el acto reclamado consiste en el proveído de veintinueve de septiembre del año actual, mediante el cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del juicio ordinario civil, determinó que la actividad administrativa irregular relacionada con la prestación de servicio público de energía eléctrica, deberá llevarse a cabo por la vía administrativa, por 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA lo que declinó competencia a los Tribunales Administrativos; determinación la cual es apelable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 ; de ahí que, sin lugar a dudas la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de apelación; de ahí que, al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en al página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que en la presente demanda la quejosa haya acudido en representación de sus menores hijos, toda vez que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, 2 ARTICULO 14.- Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Registro digital: 2005039, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA de amparo promovida por Maribel Robledo Beristain, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.B.R. y J.B.R.. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
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I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DIECISEIS DE NOVIEMBRE PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PRINCIPAL 607/2021-IV-K DESECHAMIENTO. En dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con el registro 19892. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese el escrito suscrito por Maribel Robledo Beristain, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.B.R. y J.B.R., por medio del cual cumple con la prevención realizada en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele de: "El auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio Ordinario Civil 14/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo establece el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el referido precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ahora, en el caso, no se está en presencia de actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además, la quejosa no es tercera extraña al procedimiento del que deriva el acto reclamado (juicio ordinario civil 14/2020); en tales condiciones, debe decirse que contra el acto reclamado en estudio, debe agotarse el medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de apelación, antes de intentar el juicio de amparo. En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en esa vía. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que, según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente, que el inferior que dictó la resolución o proveído impugnado no aplicó correctamente la ley en el caso concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que, de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de la norma antes referida, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio referido, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de dichas fracciones. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Así como la jurisprudencia I.4º C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación o imputación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento; lo que en la especie no acontece. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, con relación a la observancia del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la menor, concluyó que, será posible dejar de observar tal principio cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse1 . En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 1 Véase la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Común, Décima Época, registro 2004677, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir los actos de que se duele, resulta conveniente recordar que el acto reclamado consiste en el proveído de veintinueve de septiembre del año actual, mediante el cual el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del juicio ordinario civil, determinó que la actividad administrativa irregular relacionada con la prestación de servicio público de energía eléctrica, deberá llevarse a cabo por la vía administrativa, por 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA lo que declinó competencia a los Tribunales Administrativos; determinación la cual es apelable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 ; de ahí que, sin lugar a dudas la parte quejosa estaba obligada a interponer el recurso de apelación; de ahí que, al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en al página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que en la presente demanda la quejosa haya acudido en representación de sus menores hijos, toda vez que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, 2 ARTICULO 14.- Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable. 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Registro digital: 2005039, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, del rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda 18/09/22 13:10:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.9a JULIETA FRANCO LUNA de amparo promovida por Maribel Robledo Beristain, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.B.R. y J.B.R.. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Maribel Robledo Beristain, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.B.R. y J.B.R., contra actos de la autoridad Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 607/2021-IV-K, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3º, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: "El auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio Ordinario Civil 14/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán". PREVENCIÓN. Ahora, previo a proveer sobre la admisibilidad de la demanda de amparo que nos ocupa, con apoyo en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa de referencia, para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, o al momento de la notificación de la presente determinación, manifieste bajo protesta de decir verdad, de manera clara y concreta lo siguiente: Precise el contenido del auto en reclamo, toda vez que si bien es cierto realiza algunas precisiones en relación a que el juez señalado como responsable declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de origen; sin embargo, es imprecisa en señalar a qué autoridad se ordenó remitir dicha incompetencia, a fin de que siguiera conociendo de dicho contradictorio. Lo anterior, resulta necesario sea complementado con su escrito de demanda; pues de la intelección integral del ocurso no se advierte tal información, acorde con el acto que se tilda de inconstitucional; lo cual resulta necesario para dar mayor claridad a la suscrita a efecto de fijar debidamente la litis en este asunto, y en vía de consecuencia calificar la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XX.57 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 871, Registro 202853, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no manifestar tal circunstancia, dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Pradera, número 6, colonia Pradera, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro López Rojas y María Guadalupe Pineda Rangel, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. No así, a Aleyda Ponce Ponce, Ismael Nava Dircio y José Manuel Flores Arriaga, a quienes se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; la primera por no contar con dicho requisito. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". MEDIOS DE CONTACTO. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados por la promovente, como medios de contacto, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
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