Maricel Y/O Maricela Gutierrez Diaz

Expediente 259/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
259/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Maricel Y/O Maricela Gutierrez Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Marisel y/o Marisela Gutiérrez Díaz, demanda instaurada contra actos del Juez Segundo Menor Mixto, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 259/2021-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. DESECHAMIENTO. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por la quejosa, como se señalará más adelante. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, apreciado íntegramente el escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados del Juez Segundo Menor Mixto de esta ciudad esencialmente los siguientes: I. Que no fue oída y vencida en juicio ya que se ostenta tercera extraña por equiparación, además de que en ningún momento fue emplazadas legalmente a las demandadas dentro del juicio ejecutivo mercantil 528/2019 que sobre pago de pesos promueve Lino Árciga Infante frente a la quejosa Marsel y/o Marisela Gutiérrez Díaz y su señora madre Julia Díaz Mercado (finada) II.- El cumplimiento de la celebración de la audiencia de remate en su quinta almoneda judicial que se llevará a cabo en los términos precisados en el acto que se reclama al juez segundo menor mixto de este distrito judicial. Ahora, respecto del primero de dichos actos reclamados, la quejosa Marisel y/o Marisela Gutiérrez Díaz, pretender comparecer como tercera extraña por equiparación al procedimiento de origen, pues refiere no haber sido legalmente emplazada al mismo. Lo anterior porque resulta un hecho notorio para este Juzgado, la existencia del juicio de amparo 360/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que la aquí quejosa señaló, entre otro, como acto reclamado el ilegal emplazamiento de ocho de enero de dos mil diez, dictado del Juicio Ejecutivo Mercantil 528/2009, por el Juez Segundo Menor Mixto de esta ciudad. Sustentan lo expuesto, los criterios siguientes: Jurisprudencia VI.1º.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1199, tomo XV, Marzo de 2002, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En ese sentido, cabe destacar que doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila. En este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior, lo que le impidió conocer los datos necesarios para defenderse. Así, para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley reglamentaria en consulta, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte material que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Respalda tal argumento la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En ese contexto, existen dos supuestos de persona extraña a juicio, que son: a) La persona extraña en estricto sentido, extendiéndose aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; y, b) La persona extraña por equiparación, la cual es aquella que, formando parte de la controversia, no fue llamada a juicio al no haber sido legalmente emplazada para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó, ni tuvo oportunidad de defenderse dentro del controvertido natural. El segundo supuesto, también implica que en el juicio exista sentencia firme, y que, por tal razón, se haya privado a la quejosa de la posibilidad de agotar los recursos ordinarios. Se cita, en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1751, Tomo XXXIV, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 363119, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO FALTA DE. Cuando el amparo se pide precisamente por no haber sido oído en juicio, por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios, que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que esa persona no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento, el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes." Atento a lo anterior, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley en el referido juicio de amparo 360/2020, el cual ya fue estudiado en sentencia ejecutoriada, se desprende que la quejosa no es tercera extraña al juicio de origen, por equiparación, ya que la misma tuvo conocimiento del juicio Ejecutivo Mercantil 528/2009, al ser parte demandada. En esas circunstancias se estima que no se dejó a la quejosa en estado de indefensión, sin haber sido oída y vencida en juicio, pues no puede estimarse como tercera extraña equiparada a la quejosa, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada y tuvo conocimiento de las actuaciones que lo conforman antes de que se declarara firme la sentencia correspondiente, toda vez que se enteró de la tramitación del juicio por propio derecho, ya que con ella misma se entendió la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y emplazamiento, por lo que tuvo expedito su derecho de comparecer a juicio a contestar la demanda, haciendo valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en la legislación procesal aplicable, antes de promover el juicio de garantías. Es aplicable a lo antes expuesto, a jurisprudencia 2ª./J 47/2011 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293, titulada: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, en virtud de que la peticionaria de amparo, al ser parte en el asunto, tuvo conocimiento de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil en cita. Para mayor entendimiento del asunto, es conveniente traer a colación los antecedentes del expediente ejecutivo mercantil 528/2009 de donde deriva el acto reclamado y que fue enviado en apoyo al informe justificado rendido en el refiero juicio de amparo 360/2020, del índice de este Juzgado de Distrito y que son los siguientes: 1. El quince de octubre de dos mil nueve, el Juez responsable admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil presentó Adolfo Villa Solorio, en cuanto endosatario en procuración de Lino Árciga Infante, frente a Maricel o Marisela Gutiérrez Díaz, en cuanto deudor principal, y Julia Díaz Mercado (finada), en cuanto aval, a quienes le reclamaron, entre otras cosas, el pago de la cantidad de $15,000.00 quince mil pesos 00/100 moneda nacional, dando origen al expediente 528/2009. 2. El ocho de enero de dos mil diez, el actuario adscrito al Juzgado Segundo Menor Mixto de esta ciudad, se constituyó en el domicilio de las demandadas, siendo atendido por Marisela Gutiérrez Díaz, por lo que procedió a requerir de pago ésta, quien manifestó ser la propia demandada, que reconocía el adeudo y la firma plasmada en el documento base de la acción; que no hacía el pago porque no tiene dinero; en virtud de lo anterior, el fedatario procedió a correrle traslado, emplazándola, así como a Julia Díaz Mercado, por conducto de Marisela Gutiérrez Díaz, toda vez que aquélla no se encontraba en el domicilio, habiéndole dejado previo citatorio de ley. 3. En acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diez, se tuvo que la parte demandada contestando la demanda en sentido afirmativo, presumiendo ciertos los hechos, salvo prueba en contrario. 4. El veintinueve de marzo de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas; en auto de veintiuno de abril de dos mil diez, se declaró que el fallo de mérito quedó firme. 5. En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se señalaron las diez horas del veinticinco de septiembre del mismo año, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, subastándose públicamente y al mejor postor el bien inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 235, colonia Cuauhtémoc de esta ciudad. De lo que se desprende que como se adelantó, no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, como pretende hacerlo creer. Por otro lado, este Tribunal Federal, advierte que en contra del diverso acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en razón de que contra de la emisión del referido aviso (cumplimiento de la celebración de la audiencia de remate en su quinta almoneda judicial), procede el recurso de revocación, mismo que debió agotarse previamente a acudir al juicio de garantías, en observancia al principio de definitividad. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Cabe precisar que de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Asimismo, que no existe obligación de agotar tal recurso o medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, se debe precisar que el principio de definitividad, es propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de garantías individuales. Esto es, cuando el gobernado resienta una afectación en su esfera jurídica, está obligado, antes de acudir al juicio de garantías, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto que le cause alguna afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, como en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, sólo es obligatorio cuando éstos se encuentren previstos en leyes en sentido formal y material. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª/J.115/99, visible en la página 448, del tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Asimismo, como complemento de lo anterior, y por las razones que la sustentan, es aplicable la tesis (III Región) 4o.19 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 2922, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que la ley de la materia prevé y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el apuntado cuerpo legal. Asimismo, determina diversas hipótesis de excepción al principio de definitividad descrito, a saber: 1. Que el acto reclamado carezca de fundamentación; 2. Que únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, 3. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Concomitante con lo anterior, el último párrafo del numeral analizado es enfático al indicar que si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio aludido. Sin embargo, esa disposición debe interpretarse de conformidad con los diversos 117, último párrafo y 124, último párrafo, del propio ordenamiento, pues éstos contienen el único supuesto en que se permite a la autoridad responsable expresar la fundamentación de su acto cuando carezca de ella, o complementarla en caso de que estime haya sido insuficiente, a saber, respecto de aquellos actos materialmente administrativos en los que, al ser del conocimiento de los particulares, no contengan la fundamentación correspondiente; de ahí que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, pueda precisar los fundamentos que la facultaron para actuar en los términos en que lo hizo. Consecuentemente, de la interpretación sistemática de los preceptos referidos no se colige que se actualice una excepción al principio de definitividad que, por regla general, rige en el amparo indirecto, por el hecho de que el particular se haga sabedor de las razones y fundamentos del acto materialmente administrativo reclamado durante la tramitación del juicio y alegue haberlos desconocido previamente a la rendición del informe justificado, aun cuando aquél, con la fundamentación relativa, sea de fecha anterior a la presentación de la demanda, pues estimar lo contrario generaría la promoción indiscriminada de juicios de amparo, porque bastaría que los quejosos expresaran desconocer el acto para hacer viable un medio de defensa instituido como extraordinario". Entonces, como ya se adelantó, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; lo anterior es así, pues en contra del acto que combate la agraviada procede el recurso de revocación. Como se ve, de las disposiciones anteriores, se advierte que para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, la Ley de referencia no exige mayores requisitos que para el mismo efecto establece la Ley de Amparo; por lo que la parte quejosa, como se ha precisado, estaba obligada a agotar el medio de impugnación pertinente, esto es, el recurso de revocación, antes de ocurrir al juicio Constitucional, pues de aceptar un criterio distinto daría lugar a la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de garantías, toda vez que quedaría a criterio de los justiciables el agotar o no los medios de defensas previstos en las leyes ordinarias. A mayor abundamiento, debe señalarse que los recursos previstos en las leyes ordinarias no constituyen trampas procesales en perjuicio del afectado, si no por el contrario, tales medios fueron previstos por el legislador, con la finalidad de agilizar los asuntos que se tramiten ante las autoridades competentes, quienes con los argumentos que les presente el inconforme, pueden considerar la revocación o nulificación del acto de que se trate, favoreciendo con las resoluciones que al efecto emitan al afectado. De lo anterior se concluye que contra los actos de autoridades responsables, como la designada por el quejoso, procede el recurso de revocación, a efecto de que los actos que combate puedan ser revocados, modificados o nulificados. Por lo anterior, esta Juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Marisel y/o Marisela Gutiérrez Díaz, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, ténganse como domicilio el precisado en su demanda de amparo para los efectos legales a que haya lugar Asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Ranulfo Torres Aguilar, toda vez que después de una consulta realizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se constató que sí se encuentra registrada la cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano