Maribel García Lepe

Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
146/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Maribel García Lepe
  • MARIBEL GARCÍA LEPE y Otros.
  • Yulieth Galván García
  • Arlette Ramos Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio por el cual se remitieron el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del cuaderno de antecedentes en que se actúa, relativo al juicio de amparo 146/2021; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Del estado que guarda el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que en proveído de dieciséis de febrero pasado, se tuvo al Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, informando que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio del que emana el cuaderno en que se actúa. Por tanto, remítanse los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 146/2021, previa copia que se deje en el presente cuaderno de las constancias que integran dicho incidente; solicitándose tenga a bien ordenar a quien corresponda, se acuse el recibo respectivo, lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE, por oficio a la autoridad de referencia.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio y agréguese el oficio firmado en forma electrónica por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio derivado del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 146/2021, de donde deriva el presente cuaderno y cuatro tomos de pruebas; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes, autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió parcialmente a trámite la demanda en relación con el acto reclamado consistente en: "El acuerdo de fecha 22, de febrero del 2021, el cual nos fuera notificado el 01 primero de marzo de 2021 dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-MICH/0000877/2018, por el Agente del Ministerio Público de la Federación antes mencionado, ante la solicitud de las quejosas Maribel García Lepe y Arlette Ramos Ochoa, sobre el levantamiento del aseguramiento y devolución de los inmuebles asegurados por haber vencido el obstáculo que había señalado la autoridad en diverso acuerdo, consistente en que se encontraba en curso la investigación complementaria derivada del proceso iniciado con motivo de los hechos de la citada carpeta, resolvió que no había lugar a levantar el aseguramiento y devolver los inmuebles, porque debía corroborar la veracidad de los documentos [.] y porque ordenó GIRAR OFICIO AL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS Y AL TITULAR DE LA UEMED PARA QUE INFORME SI ES PROCEDENTE DAR INICIO A LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE YA MENCIONADO [.] Asimismo, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Licenciado Uriel Estrada Lascano, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Séptima Investigadora, Adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, manifestó que no eran ciertos los actos reclamados, ya que en el citado auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en ninguno de sus apartados resolvió no levantar el aseguramiento y devolver los inmuebles; asimismo, a dicho informe anexó copia autentificada del proveído de referencia, en el que se advierte acordó lo siguiente: "A).- Se recibido vía correo electrónico el 17 de Febrero 2021, la solicitud de levantamiento de aseguramiento y devolución del inmueble ubicado en calle bosques de las rocallosas, número 12, del fraccionamiento bosques de Uruapan, en la Ciudad de Uruapan Michoacán, escrito suscrito y firmado por MARIBEL GARCÍA LEPE, ARLETTE RAMOS OCHOA, LIC. JORGE OJEDA CERVANTES Y LIC. FRANCISCO ORTIZ ROMERO, así también anexan en documentos PDF, un dictamen pericial de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por el ingeniero José Antonio Sánchez Corza, dictamen pericial de fecha 06 de diciembre de 2019 con número de folio 10986, emitido por el arquitecto José Luis Pérez Hernández, escritura pública número 14170 a nombre de Maribel García Lepe, escritura pública número 34181 a nombre de artelette ramos Ochoa. Conforme a lo anterior es necesario corroborar la veracidad de los documentos que exhiben en formato PDF, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones II y V, 3 fracción II, 131, fracción III, 32, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, gírese oficio al director del registro público de la propiedad, así como al archivo general de notarias, y por supuesto al titular de la UEMED para que informe si es procedente dar inicio a la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en calle bosques de las rocallosas, número 12, del fraccionamiento bosques de Uruapan, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán. Por lo que una vez que se cuente con los informes solicitados se acordara lo procedente a la devolución o no del inmueble ubicado en calle bosques de las rocallosas, número 12, del fraccionamiento bosques de Uruapan, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán." Posteriormente, en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, se tuvo al citado Agente responsable, informando que con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, recibió el oficio 106/2022, suscrito por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la ciudad de México, deducidos del juicio de extinción de dominio 1/2022-I, en el que se le informó que tuvo a los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la República, en su carácter de parte actora demandando de las ahora quejosas diversas prestaciones entre las que se encuentran la declaración judicial de que ha sido procedente la extinción de dominio respecto del bien inmueble objeto del presente juicio, así como que se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta y en lo que interesa, a petición de la parte actora, se concedió la medida cautelar solicitada y se ratificó el aseguramiento del inmueble materia del acto reclamado en el presente asunto, emitido dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAIMICH/0000877/2018, requiriéndose al Agente del Ministerio Público responsable para que realizara las gestiones ante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para la administración del inmueble respectivo. INCOMPETENCIA. Ahora, es necesario precisar que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, resulta necesario analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizar el asunto con los demás elementos que lo integren para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe continuar conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior, y una vez analizado el acto reclamado, así como las demás constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, determina que no es legalmente competente para conocer de los actos reclamados en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 35, 37 y 38 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y su modificación de veintiocho siguiente, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como en el diverso Acuerdo General 28/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso Acuerdo General 20/2009 y 3/02013, relativo a la Transformación de los Juzgado Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicio de Cuantía Menor con Sede en la Ciudad de México, y del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana, en Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Jurisdicción en la Republica Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil veinte, mismo que, en lo que interesa, dispone lo siguiente: ".Artículo 2. Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, tendrán jurisdicción para conocer, en toda la República Mexicana, de las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia.". (Lo resaltado es propio) Por tanto, este órgano de control constitucional estima que la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en turno, por las siguientes consideraciones: De acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. Ahora bien, en el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Asimismo, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de Amparo, literalmente dispone: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se advierten los supuestos en los que surte la competencia a favor de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, los cuales no se actualizan respecto del acto reclamado en el presente asunto. Lo anterior, ya que no se considera que el citado acto reclamado, sea una resolución judicial del orden penal, ni tampoco se trata de actos que afecten la libertad personal -supuesto en el que se establece que no obsta la naturaleza de la autoridad- o bien, que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aún, de forma evidente se tratan de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, tampoco se está en el supuesto que se reclame una ley o disposición de observancia general en materia penal, y por último, no se está en el supuesto de una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Así es, en la especie cabe recordar que el acto reclamado consiste en: "El acuerdo de fecha 22, de febrero del 2021, el cual nos fuera notificado el 01 primero de marzo de 2021 dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-MICH/0000877/2018, por el Agente del Ministerio Público de la Federación antes mencionado, ante la solicitud de las quejosas Maribel García Lepe y Arlette Ramos Ochoa, sobre el levantamiento del aseguramiento y devolución de los inmuebles asegurados por haber vencido el obstáculo que había señalado la autoridad en diverso acuerdo, consistente en que se encontraba en curso la investigación complementaria derivada del proceso iniciado con motivo de los hechos de la citada carpeta, resolvió que no había lugar a levantar el aseguramiento y devolver los inmuebles, porque debía corroborar la veracidad de los documentos [.] y porque ordenó GIRAR OFICIO AL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS Y AL TITULAR DE LA UEMED PARA QUE INFORME SI ES PROCEDENTE DAR INICIO A LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE EL INMUEBLE YA MENCIONADO [.] Asimismo, se desprende que de la investigación derivada de la carpeta de investigación mencionada, se dio inició al juicio de extinción de dominio, expediente 1/2021, del índice del Juzgado Juez Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la ciudad de México, mismo que se admitió en auto de diecisiete de enero del año en curso y se encuentra en trámite. Sobre esa plataforma, es inconcuso que la naturaleza del acto cuestionado corresponde a la materia especializada de extinción de dominio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo en consonancia con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como en el diverso Acuerdo General 28/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso Acuerdo General 20/2009 y 3/02013, relativo a la Transformación de los Juzgado Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en Materia Mercantil Especializados en Juicio de Cuantía Menor con Sede en la Ciudad de México, y del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializado en Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana, en Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Jurisdicción en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil veinte, se estima que este órgano federal es legalmente incompetente para conocer y resolver sobre el presente juicio de amparo, toda vez que se trata de actos relacionados con la materia de extinción de dominio. Resulta aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia". Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que conste en este Juzgado, remítase el original del juicio de amparo que nos ocupa, así como los tomos de pruebas, al Juzgado de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que proceda en el ámbito de su competencia. Asimismo, se solicita atentamente al citado órgano judicial, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que emita al respecto. SIN EFECTOS FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con dieciséis minutos del tres de febrero de dos mil veintidós. Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

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